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El Pinabete: ¿chivos expiatorios? // FGR: 3 órdenes de aprehensión// presuntos responsables, prófugos

Carlos Fernández-Vega

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ueños, prestanombres o simples chivos expiatorios? Transcurrido poco más de un mes del derrumbe en El Pinabete, Coahuila, por el que quedaron atrapados 10 mineros, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables del accidente, entre los que se encuentra el que sería apoderado legal de la empresa (Cristian Solís), pero no las personas, físicas o morales, beneficiarias de la concesión otorgada por el gobierno de Vicente Fox.

La Jornada (Eduardo Murillo) lo reseñó así: entre los ahora considerados prófugos por estos hechos, está Cristian Solís, buscado por su probable responsabilidad en el delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consiste en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin tener concesión, permiso o autorización. Este delito se castiga con entre 2 y 12 años de prisión, más multa de 300 a mil veces el salario mínimo, por tratarse de un delito de acción permanente y dolosa.

Asimismo, se acreditó que otras dos personas (que no identifica, pero son también prófugas de la justicia) incurrieron en una responsabilidad penal al permitir que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en el poblado de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila donde siguen atrapados 10 mineros.

Según su comunicado, desde el 11 de agosto la FGR solicitó audiencia judicial por los hechos en El Pinabete, a la cual se citó a Solís y sus dos coacusados, quienes no acudieron a comparecer ante el juez, por lo cual se solicitó librar las órdenes de arresto. Cierto es que desde que ocurrió el derrumbe en la mina El Pinabete la consigna presidencial fue primero rescatar a los mineros (y en este sentido los trabajos han sido ininterrumpidos) y después llegará la hora de encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, transcurrido poco más de un mes, parece que a los responsables del derrumbe les dieron todo el tiempo del mundo para poner pies en polvorosa, pues la FGR informa sobre tres órdenes de detención contra igual número de prófugos de la justicia, es decir, éstos contaron con tiempo y tranquilidad para fugarse.

El propio presidente López Obrador advirtió, a escasos ocho días del derrumbe, que de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, luego del accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Tal vez es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios. En toda esa región carbonífera de Coahuila, dijo el mandatario, han imperado corrupción, cacicazgos y mucha influencia política; gobernadores caciques y empresarios también corruptos vinculados a políticos. Por ello, hemos pedido a la FGR que actúe con rigor, que no haya impunidad.

Lo primero está en duda, pero lo segundo es un hecho: los responsables de la tragedia en El Pinabete siguen impunes, tal cual permanece el grueso de los barones de la minería y las rapaces trasnacionales del sector que operan en el país. Y a todo esto, ¿dónde está la información que sobre la industria de la minería debe tener, actualizada, la Secretaría de Economía? (responsable de las concesiones otorgadas). Quién sabe, pero el hecho es que en cada tragedia minera, esta dependencia, de la mano de la Secretaría del Trabajo, brilla por su ausencia, y El Pinabete no es excepción, sólo confirma la regla.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría, con atentos saludos para una ex funcionaria federal: buena noticia la relativa a que deja el cargo la hasta hace poco directora de Comunicación de la Secretaría de Educación Pública, Claudia Herrera Beltrán. Durante el poco tiempo que ejerció como tal realizó un pobre trabajo, en detrimento de la institución, y mostró nula disposición para cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. Por ejemplo, sistemáticamente se negó a firmar las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno de Notimex, mismas en las que ella participaba (de hecho, llegó a presidirla). Su última pifia fue hacer esperar durante tres horas a los abogados de la agencia de noticias del Estado mexicano para luego negarse, de nueva cuenta, a firmar las actas respectivas, entorpeciendo así la sana operación de Notimex. Afortunadamente ya se va.

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