n el artículo publicado el pasado 15 de septiembre en este diario por el senador Napoleón Gómez Urrutia se esclarece uno de los puntos centrales relacionado con la obligación por parte de las empresas para atender puntualmente todos los protocolos de seguridad. No porque éstos representen un cargo extra en la estructura de una firma minera, sino porque es una medida de higiene sustancial para cumplir con todos los requisitos de legalidad que marca la norma oficial mexicana NOM-023-STPS-2012, minas subterráneas y minas a cielo abierto, condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Son ejemplos actuales, entre muchos, a lo largo de la historia minera de las movilizaciones en busca de las condiciones de trabajo justas, los diversos reclamos por las tragedias sucedidas en Pasta de Conchos, en el municipio Nueva Rosita, Coahuila, probablemente uno de los accidentes más reclamados y difundidos en el país.
Pero también, es un ejemplo de por qué, a pesar de ser una industria prohibitiva por el alto grado de contaminación ambiental que genera el carbón mineral (aunque no es un mineral uniforme), son las altas ganancias que se obtienen.
Además, existen artimañas de los empresarios para conseguir minas cerradas para continuar explotando el mineral. Es en este momento en el que las inspecciones deben estar al día. La falta de un registro vigente y un control bajo los dictámenes de las leyes es parte del enorme problema, de los pendientes por atender.
Se habla de las numerosas concesiones que gobiernos anteriores autorizaron sin considerar ni las condiciones del lugar ni el tipo de empresa solicitante o la evaluación del proyecto de extracción y las condiciones laborales del personal contratado y, sobre todo, la carencia de un estudio de riesgo.
En este asunto podríamos señalar que el principal problema comienza debido a las múltiples e injustificadas concesiones (en la mayoría de los casos) de miles de hectáreas para la exploración. Para tal cantidad no será posible actualizar el padrón en cuanto a las inspecciones, principalmente si se piensa en un corto plazo.
Hasta el sexenio pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se otorgaron más de 24 mil concesiones en alrededor de 16 millones de hectáreas, es decir, en aproximadamente 8.6 por ciento del territorio mexicano.
Tendrán que auditarse las más de 650 empresas mineras para avanzar sustancialmente en el mejoramiento de la industria y en la supervisión de las condiciones físicas, monetarias y, claro, sobre el respeto de los derechos laborales del gremio.
Además, se podrá exigir a todas las empresas mineras una inversión suficiente para avanzar en el mejoramiento ambiental. Desde las más importantes, como las nacionales Grupo México, Peñoles y Minera Frisco, hasta extranjeras como Mexichem, Gold Corp y Endeavor Silver, entre otras. Los dueños de todas las compañías tendrán que rendir cuentas, dado los años de atraso en la aplicación correcta de las normas oficiales que protegen al principal generador de riqueza: el personal obrero.
Los abogados especializados en el tema laboral del gremio minero, no están cumpliendo con la aplicación de las leyes que obligan a estas firmas a seguir todos los protocolos para demostrar que el sistema de protección para el personal que operará cumple con todas las normas oficiales.
La duda surge porque el conjunto de factores que se observan en los diversos accidentes son prácticamente los mismos en muchos casos. El ejemplo que proporcionan algunos estudios de riesgo es la realidad de las deficiencias de la industria minera en México. Las fallas son innumerables y están a la vista de todos; tal realidad no se ha transformado.
Por fortuna, los primeros pasos en ese sentido ya se han dado con la suspensión de nuevas concesiones para cualquier tipo de mina y con la disminución del territorio otorgado para la exploración y explotación. En tanto, la Semarnat tiene una tarea urgente que no debe atrasarse más, sobre todo porque tenemos en puerta el crecimiento de la industria del litio y en la que LitioMx será un ejemplo a seguir.
Al revisarse los contratos y cuando se cancelen las actividades extractivas clandestinas se avanzará en corto tiempo en lo que en décadas no se hizo. Respecto al juicio a los responsables, es de obligada justicia, para resarcir a una población trabajadora de gran valor, por su trabajo de muy alto riesgo y por la carga de omisiones e injusticias que han recibido históricamente.
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