López Obrador, el genocidio conquistador y la resistencia indígena
La Conquista y la colonización son signos de atraso, no de civilización y menos de justicia.
- Opinión
Al conmemorar los 500 años de resistencia indígena y la caída de Tenochtitlan, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y el territorio de la actual República Mexicana, tras resaltar que la conquista fue un rotundo fracaso por la muerte de millones de personas y señalar que la acumulación de capital para los propietarios de la nueva España y la corona no fue abundante o significativa.
En el Zócalo de la Ciudad de México, donde se colocó una reproducción del Templo Mayor, el mandatario agregó que la gran lección es que nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización, y pidió a políticos, monarcas y hombres de Estado no omitir las lecciones de aquellos hechos.
“Ojalá que todos hagamos el compromiso de no repetir los mismos errores y horrores. Pongamos fin a esos anacronismos, a esas atrocidades y digamos ‘nunca más una invasión, una ocupación o una conquista’, aunque se emprenda a nombre de la fe, de la paz, de la civilización, de la democracia, de la libertad o más grotesco aún, en nombre de los derechos humanos”, añadió.
Acompañado por funcionarios, representantes de pueblos originarios de Canadá y Estados Unidos, representantes diplomáticos y el embajador mexicano ante Estados Unidos Esteban Moctezuma, López Obrador parafraseó al poeta Carlos Pellicer al calificar la de ayer como una fecha funeraria, y consideró ofensivo y ocioso volver a la vieja polémica de que los pueblos originarios de Mesoamérica eran bárbaros. Pero sí hay asuntos que deben aclararse en la medida de lo posible, subrayó.
La pregunta obligada es si la matanza de miles de indígenas de Cholula, en el Templo Mayor, en la toma de Tenochtitlan y los asesinatos de Moctezuma, Cuauhtémoc y otras autoridades indígenas, trajeron civilización. La respuesta es un no categórico, añadió .
López Obrador interrogó sobre de qué civilización se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la monarquía dominante no logra en tres siglos de sometimiento recuperar la población que había antes de la ocupación: en 1518 se contaba con 11 millones de habitantes, pero en 1821 quedaban sólo seis millones, dijo.
La Conquista y la colonización son signos de atraso, no de civilización y menos de justicia, dijo López Obrador, luego de señalar que no se debe ver a Hernán Cortés como un demonio, pues era simplemente un hombre de poder, un militar desalmado con valor, aplomo; un político audaz y ambicioso que aprovechó las debilidades y divisiones de los mexicas.
Kahsennenhawe Sky-Deer, de la nación Mohawk de Canadá, y Jamesita Mae Peshlakai, senadora de Arizona y descendiente de los navajos, presentes en el acto, consideraron que es el momento de alzar la voz, del resurgimiento indígena y de ser aliados, y coincidieron en que los pueblos originarios sufren racismo y opresión.
Los pueblos y comunidades indígenas
El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse constitucionalmente como una nación multicultural, fundada en sus pueblos indígenas. La población indígena era de aproximadamente 15 millones de personas en 2012, repartidas en 58 grupos étnicos. En 2021 el censo oficial arrojó que a nivel nacional existen casi 12 millones de indígenas: sólo son consideradas las personas que sepan hablar algún idioma autóctono. Existen alrededor de 65 pueblos indígenas que hablan entre sesenta y tres y más de una centena de idiomas diferentes.
La población indígena está distribuida por todo el territorio, pero especialmente en la Sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en zonas de difícil acceso, como las Sierra Madre Oriental y Occidental y áreas vecinas a estas. No es más numerosa la población indígena debido al mestizaje, pero la presencia de los nativos mexicanos dentro de la identidad nacional está muy presente por el alto desarrollo de las culturas mesoamericanas.
El pasado 24 de septiembre se hizo pública la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles, pertenecientes a las etnias tsotsil, tseltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñähñu, purépecha, na savi, tepecano, wixárika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa, para construir estrategias que fortalezcan el marco jurídico de los derechos y mejorar sus herramientas de defensa y vida, y el reconocimiento de sus derechos.
Aldea hizo también un llamado al presidente para impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, compromiso que asumió al inicio de su mandato. Exhortó igualmente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión para que dicha reforma sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura, se establezca como tema prioritario de la agenda legislativa y se avance resueltamente en su aprobación
Sus demandas se resumen en 10 puntos que, de ser reconocidos constitucionalmente, aportarían a la construcción de sociedades incluyentes y justas: Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; garantía del derecho a la libre determinación y autonomía indígena; reconocimiento y garantía de los sistemas normativos y de seguridad de los pueblos; reconocimiento, garantía y protección del derecho a las tierras y territorios indígenas.
Asimismo, el reconocimiento y garantía del derecho a decidir sus formas de vida y desarrollo; respeto y garantía del derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas; garantía a la participación de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones del Estado; establecer una relación entre el Estado y los pueblos en condición de respeto e igualdad; participación de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio pleno de sus derechos, y el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de pueblos y comunidades.
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