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Ajuste fiscal en la frontera // Gobernadores: a pedalear

Carlos Fernández-Vega

A

partir del primer minuto del nuevo año los habitantes de la franja fronteriza norte del país pagarán la mitad (de 16 se reduce a 8 por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA) y una tasa de 20 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR), amén de que en esa zona el precio de la gasolina se homologará al de Estados Unidos y el salario mínimo aumentará a 174 pesos diarios, contra 102 en el resto de la República.

De entrada, el bajón fiscal pretende estimular la actividad económica en aquella región, aumentar la generación de empleo formal y mejorar el ingreso de muchos mexicanos que laboran en la zona fronteriza con Estados Unidos. Por el lado del precio de la gasolina, ahora los consumidores nacionales pagan 1.01 dólares por litro, contra 70 centavos en el vecino país.

El presidente López Obrador firmó el decreto respectivo durante su gira de trabajo por Nuevo León, durante la cual la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que los gobernadores tienen que aprender a cobrar impuestos, porque no es correcto que se hable de recursos y que ellos crean que del gobierno federal puede salir todo.

Tal señalamiento no es menor, porque los gobernadores siempre se quejan de que los recursos no les alcanzan, pero, cómodos que son, se limitan a extender la mano y el costo político de cobrar impuestos simple y sencillamente lo trasladan al centro. Y el problema se agudiza, porque los virreyes gastan los dineros (o se los embolsan) discrecionalmente, es decir, en todo menos para lo que fueron aprobados por la Cámara de Diputados.

La historia es conocida, pues de siempre los estados y municipios del país han obtenido el grueso de sus ingresos presupuestales del propio gobierno federal, y si éste recorta su presupuesto, entonces ¿cómo se mantendrán las finanzas estatales y municipales?

Un análisis de la Cámara de Diputados ayuda a entender de qué se trata y de qué tamaño es el problema. En 2015, los estados financieramente más dependientes del centro fueron San Luis Potosí y Durango, en los que 93 centavos de cada peso, en cada caso, de sus ingresos brutos totales provienen del presupuesto federal. No muy lejos están Guerrero, con 92; Puebla y Michoacán, 91, y Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Baja California sur, 90.

Las entidades que se citan no son la excepción. De hecho, la Cámara de Diputados detalla que en realidad esa es la norma en los 32 estados de la República. La que registra la menor dependencia del centro es Ciudad de México, en la que 53 por ciento de sus ingresos brutos totales provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ninguna de las 32 entidades de la Federación, ni de los cerca de 2 mil 500 municipios de la República, es autosuficiente en ingresos públicos. Además de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco son los estados que presumen la mayor fortaleza financiera de la República, pero en los hechos las últimas dos son tan dependientes del centro como las demás: 69 y 85 por ciento de sus ingresos brutos totales, respectivamente, provienen del centro.

Dieciséis estados registran una dependencia financiera del centro, que oscila entre 80 y 89 por ciento. Aguascalientes e Hidalgo (88 por ciento de sus respectivos ingresos brutos totales provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación); Querétaro, Colima y Tabasco (87, en cada caso); Yucatán, Tamaulipas y Sinaloa (86 cada uno), y Sonora, Coahuila y Morelos (85). Otra tanda va de 69 (Veracruz) a 79 por ciento (Zacatecas).

Y por el lado municipal, los de mayor dependencia financiera son los tlaxcaltecas, con 88 centavos de cada peso, seguidos por tamaulipecos (87 por ciento), guerrerenses e hidalguenses (84); chiapanecos y yucatecos (83 por ciento), veracruzanos (81) y campechanos (80).

Entonces, los cómodos gobernadores deben ponerse a pedalear.

Las rebanadas del pastel

México SA toma unos días de asueto, pero nos rencontramos el próximo 8 de enero. En vía de mientras, un fuerte abrazo y feliz año. ¡Salud!

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