Nuevo gobierno y autonomia universitaria

Nuevo gobierno y autonomía universitaria

Hugo Aboites*

“E

l Estado no hizo suya la universidad” (Rector Barros Sierra)

El amplio arco que dibuja la historia de la educación superior en México desde 1917, año en que se funda la primera universidad autónoma en México (la Michoacana), hasta 2018 cuando se planea abrir 100 planteles universitarios no autónomos, muestra lo poco que los gobiernos han sabido convivir con la universidad pública y autónoma. Pero, con eso, durante un siglo le han regateado al país los incalculables beneficios en educación y conocimiento crítico que ésta puede ofrecer.

Aquella primera autonomía de 1917 apenas duró dos años, y, en 1929 Portes Gil continuó con la política oficial de restringirla lo más posible en la hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sólo en 1933, Ortiz Rubio le otorgó plena autonomía, pero a cambio le quitó el subsidio y el título de Nacional. En 1935, distanciada de Cárdenas, hasta se habló de “esperar que… muriera” y crear otra, gubernamental. En 1944, con ex rectores, Ávila Camacho modificó la Ley Orgánica, le regresó el título de Nacional pero le añadió una Junta de Gobierno.

Con Díaz Ordaz, ocupación militar, represión sangrienta y la amenaza de clausura. En los años 1970, Echeverría abrió un periodo de apogeo y represión, creció el número de instituciones autónomas y contribuyó a un crecimiento exponencial de la matrícula. Con López Portillo, la autonomía se vuelve constitucional (1980), pero, de inmediato, con De la Madrid (1983), el financiamiento a las universidades se reduce a la mitad durante años.

La solución que ofrece Salinas (1992) es una trampa: habrá recursos –se dice– si las autónomas aceptan la transformación que impulsan el FMI, Banco Mundial (enemigo declarado de la autonomía), TLCAN (la educación como mercancía) y la OCDE. Zedillo las declara inviables y fortalece la implantación de medidas competitivas y privatizadoras. Como, por ejemplo, financiamiento con base en resultados, conducción gerencial de la universidad, aumento de colegiaturas, exámenes de selección discriminatorios, empresarialización del quehacer académico (pagos por productividad), evaluación constante de todos los profesores, comercialización intensiva de las funciones universitarias (investigación, asesorías, diplomados, cursos) y otorgamiento de mayores estímulos económicos a los mandos. Las acreditaciones de carreras e instituciones, lo mismo que la selección de estudiantes, quedan en manos de agencias privadas y se convierte en una industria de miles de millones de pesos. En 2000 (Zedillo)para terminar con una protesta estudiantil contra algunas de esas medidas, las fuerzas federales ocupan la UNAM.

Fox y Calderón (2008), crean 100 universidades tecnológicas y ninguna autónoma; hay quejas de instituciones por la escasez de recursos y a pesar de que ellas se han allanado a prácticamente todo, al final se encuentra otra vez con el problema de falta de recursos. Ni en los peores años 1980 ocurrió que hasta 15 universidades tuvieran, como hoy, grandes dificultades para pagar a sus académicos y administrativos.

Con todo esto, la universidad ahora no sólo se ve imposibilitada para aumentar sustancialmente la matrícula y dejar de excluir a cientos de miles, sino que su estratégico trabajo se aleja cada vez más de quienes necesitan educación pública y gratuita. Basta ver cómo desde los años 90 disminuye la proporción de admitidos provenientes de familias de bajos ingresos y de escuelas públicas (como del Colegio de Bachilleres).

Un gobierno nuevo, con una manifiesta vocación social, sí puede sacar a la universidad pública y autónoma de la trampa restrictiva y privatizadora que se cerró hace 30 años, y devolverla a la nación como plenamente autónoma. Para eso, el gobierno venidero no debería conformarse con ser sólo un buen proveedor de recursos sino aprovechar la posibilidad e incluso la obligación histórica de dar la oportunidad para que en ejercicio de su autonomía y en conjunto, los universitarios puedan rediseñar de otra manera a la universidad en ámbitos como el uso austero de los recursos, remoción de obstáculos al acceso y permanencia de estudiantes (colegiaturas, exámenes discriminatorios), ampliación de la matrícula, creación de nuevas instituciones, políticas de mejoramiento de la docencia, vinculación con la educación media superior, el ejercicio de la investigación y difusión que responda a las necesidades de acceso a la educación y al conocimiento de cada una de sus regiones y de la mayoría de los mexicanos del país, incluyendo –contra la xenofobia– a los que viven en Estados Unidos. Una nueva educación superior.

A pesar de su historia de acoso, la universidad autónoma ha hecho enormes contribuciones a este país. En investigación, en el pensamiento crítico y humanista, en millones de estudiantes y egresados con un horizonte ampliado. Para prosperar, la Nación debe hacer suya a la Universidad.

*Profesor-investigador, UAM-X

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