Defensa contra megaproyectos mineros

Defensa contra megaproyectos mineros Miguel Concha

L a defensa del medio ambiente y de los bienes comunes naturales por las comunidades y pueblos se concreta también en materiales como el que ahora conocemos como Manual para la defensa de los derechos econ ómicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de los pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México (http://goo.gl/scnacc), elaborado por organizaciones con vasta experiencia en el acompañamiento de casos y situaciones relacionadas con empresas mineras, cuya actividad causa en muchas ocasiones daños irreversibles. No se trata sólo de un manual, ni siquiera sólo de un informe muy detallado y completo de las luchas integrales que llevan a cabo los colectivos y movimientos sociales en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías nacionales y extranjeras. Tampoco se trata únicamente de una sencilla demostración de cómo defienden legítimamente sus posesiones. Es un instrumento que muestra con detalle cómo pueden defender de esas invasiones sus bienes naturales y territorios, llevando a la práctica el uso crítico, alternativo y creativo del derecho desde las propias luchas, el que existe y/o aquel del que carecemos, pero que deberíamos tener; por ello, es más que nada un instrumento de aprendizaje para poder seguir ampliándolas y consolidándolas. Para ello, echa mano de categorías como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en su sentido más amplio, pues en todo momento los reconoce como medio, no como fin y como una posibilidad de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos en defensa del territorio y los bienes comunes. Hace ya algún tiempo las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe definieron la exigibilidad como un proceso social, político y legal, y agregaron que la forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESCA no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil, como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía (Declaración de Quito no. 19, 1998). Este manual de defensa contra los megaproyectos asociados a la minería recoge precisamente experiencias de esa exigibilidad de derechos, y traza algunas rutas acerca de cómo puede usarse el derecho, imbricado con el tema de la participación de todas las personas involucradas en los conflictos, y la de todas aquellas que quieran colaborar para revertir las violaciones a derechos humanos, con el fin de transformar la lógica de acumulación y despojo imperante en nuestros tiempos. Por ello, el manual está sobre todo dirigido a quienes día con día defienden sus derechos y sus bienes comunes. Como algunos otros materiales, pocos, por cierto, dedicados a estas materias, éste lo hace frente a la minería. Hoy es conocida ampliamente en el país la cantidad de concesiones para la explotación minera, otorgadas por una cantidad enorme de años y con la posibilidad de ampliarlos todavía más, lo que contrasta con otros países de América Latina. Según afirma el propio texto que comentamos, solamente en dos entidades de la República, la Ciudad de México y Quintana Roo, no se registra actividad minera, lo que indica la magnitud de la ocupación de los territorios en el país, y sabemos que todo eso está relacionado con este modelo de desarrollo neoliberal y extractivo que pone al centro la acumulación de la riqueza y desplaza la dignidad de la vida humana y toda forma de vida, gracias en gran parte al sentido crítico que movimientos y organizaciones han construido con el paso de los años. Sabemos además que hoy en día el uso pervertido del derecho puede también incorporar una perspectiva facciosa, cuando la misma ley no existe o está destinada para proteger los intereses de unos cuantos, como lo analiza el manual cuando se refiere a la Ley Minera y a la reciente reforma energética. Aparejado con ello, vemos cómo se comienza por violentar los derechos a la información y a la consulta, recurriendo incluso a la criminalización y represión del Estado contra quienes legítimamente se organizan para defenderse. Este cuadro de violaciones a los derechos humanos podría revertirse en la medida en que de diversas maneras, y con diferentes estrategias combinadas, encaminemos y acompañemos esfuerzos colectivos hacia, por ejemplo, la conservación y el uso adecuado de los bienes comunes, el respeto de los derechos de las comunidades y pueblos, y su protección frente a terceros por el Estado, en las que la herramienta de los derechos humanos, en su concepción contrahegemónica, pueda incluir posibilidades de apoyo, evitando en todo momento desmovilizar los procesos organizativos. Los movimientos y colectivos son justamente eso: movimiento y colectividad. En ellos la participación de todas y todos, de manera organizada y compartida, cuenta, y por ello el manual evidencia que la interrelación entre los procesos jurídicos y los contextos en que se dan las luchas convoca a una polifonía de saberes y experiencias que entre sí se complementan y apoyan para entender la complejidad que se origina con la implementación de los megaproyectos mineros, para poder transformarla. Por ejemplo, el capítulo destinado a las afectaciones ambientales y a la salud de las comunidades y trabajadores de las minas, no es posible sin la participación de personas dedicadas de tiempo atrás a ese tipo de investigación medioambiental y sanitaria. En la defensa de los derechos humanos es efectivamente condición imprescindible el carácter multidisciplinar que conlleva, ya que se interrelacionan, y a la vez se interconectan con otras esferas de la vida social. Subir al inicio del texto