Patio Tlalpan: ¿gobernar para los ciudadanos o las trasnacionales?

Patio Tlalpan: ¿gobernar para los ciudadanos o las trasnacionales? Gilberto López y Rivas

E n un acto genuinamente materialista, la asociación religiosa Orden Hospitalaria de San Juan de Dios vendió a la trasnacional estadunidense Mexico Retail Properties, en 2012, por la suma de 400 millones de pesos, los extensos terrenos que había adquirido por donación, donde funcionó por cuatro décadas la clínica siquiátrica San Rafael, en la sureña delegación Tlalpan. En estos 30 mil metros cuadrados, en los que había más de 200 árboles de especies consideradas monumentos urbanísticos de la ciudad, de los cuales 167 fueron talados, se inició de facto y sin mediar autorización alguna, el megaproyecto conocido como Centro Comercial Patio Tlalpan, que incluye 80 tiendas y servicios, entre ellos, Walmart, Sports World, SAM’s Club, Suburbia y 20 cines de la cadena Cinépolis, para el cual los desarrolladores (sic) esperan siete millones de visitantes al año, esto es, un promedio de 134 mil 600 a la semana, que incluso aumentarán durante diciembre. De manera inmediata, este proyecto provocó la indignación y resistencia de grupos ciudadanos y habitantes originarios de pueblos, como el más próximo, Santa Úrsula Xitla, que aún conservan muchos de los signos de identidad étnico-cultural protegidos por la Constitución y los marcos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, el 30 de junio de 2015 José Blanco hizo pública en La Jornada, por medio de una carta dirigida a la entonces jefa de gobierno electa de la delegación de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, la denuncia de los habitantes de más de una docena de colonias, pueblos y barrios que viven una creciente preocupación por la catástrofe ecológica, vial y social en que desembocará el complejo comercial Patio Tlalpan, calificado por el articulista como un problema de dimensiones colosales. Con toda razón, agregaba en su diagnóstico de la situación que viven los tlalpenses, el proyecto de Mancera de la Ciudad de la Salud, que ocupará 208 hectáreas en la hipercongestionada zona de hospitales, que tiene como centro la Secretaría de Salud y su rededor numerosos hospitales públicos y privados de gran envergadura. A esto hay que añadir la megatienda de autoservicio y la gasolinera impuestas, incluso con el uso de la fuerza pública, al pueblo de San Pedro Mártir, así como el establecimiento de numerosas gasolineras, edificación de complejos habitacionales (no precisamente de interés social) y torres de consultorios, en una delegación caracterizada por los graves problemas para el abastecimiento de agua y la difícil construcción de un eficiente sistema de drenaje, dada la estructura del suelo de roca sólida en un amplio territorio de la demarcación, por la erupción del volcán Xitle. En respuesta a José Blanco y a diversas cartas en El Correo Ilustrado, Sheinbaum identifica, en el mismo periódico, las distintas instancias de gobierno que participan en el otorgamiento de autorizaciones como cambio de uso del suelo, de impacto urbano, ambiental y vial, factibilidad de servicios de agua y drenaje, alineación y número oficial, manifestación de construcción, etcétera, que milagrosamente fueron siendo otorgadas a pesar de la oposición vecinal y del dictamen negativo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que señaló claramente que la zona aledaña al terreno que albergó el hospital siquiátrico San Rafael presenta una alta saturación vial, aun sin la presencia del nuevo desarrollo, por lo que no se debió autorizar el estudio de impacto vial ( La Jornada, 15/7/ 15). En dicha carta, la titular de la demarcación opinaba que se debía poner por delante del interés de los desarrolladores inmobiliarios, el interés de los habitantes de nuestra delegación, y sostenía: Como manifesté en la campaña, es inentendible que las diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal que dependen del doctor Mancera, y la propia jefatura delegacional de Tlalpan, hayan otorgado diversas autorizaciones a desarrollos comerciales e inmobiliarios, como Patio Tlalpan, en zonas de altísima saturación vial, con vialidades sumamente angostas, carencia de agua y problemas de drenaje, que causarán impactos urbanos sumamente graves. Sin embargo, una vez en el cargo, la titular de la delegación Tlalpan comunicó recientemente en una circular dirigida a vecinas y vecinos de la colonia Santa Úrsula Xitla que: La actual administración delegacional hizo una exhaustiva revisión de la documentación de este desarrollo y desafortunadamente no encontró ninguna vía jurídica para impedir que se lleve a cabo esta obra que ha provocado una importante queja vecinal, ofreciéndose medidas de mitigación (sic), muchas de ellas imposibles de cumplir, como ampliar Insurgentes (¡¡!!) y calles de seis metros de arroyo vehicular (Arenal y Cuautla), y otras que ocasionarían más daños colaterales, como la perforación de pozos. En suma, la empresa se negó a modificar su proyecto y pretende, eso sí, que el entorno urbano se transforme en función de sus intereses, postura finalmente aceptada por la autoridad delegacional, en tanto los vecinos defienden sus derechos ciudadanos. Promesas electorales incumplidas aparte, lo que en los hechos está ocurriendo es que la construcción de Patio Tlalpan sigue a pasos agigantados, mientras se despliega en las colonias cercanas, particularmente en el pueblo de Santa Úrsula Xitla, lo que las compañías mineras denominan ingeniería de conflictos: desde el ofrecimiento de 2 mil empleos precarios, como los que procura en el ámbito planetario Walmart, notoria violadora de derechos laborales; regalos de juguetes, pintada de fachadas, encarpetados prodigiosos de calles, como el que se efectuó en la de Cuautla, de un día para otro, y un claro trabajo político entre los pobladores para convencerlos de las bondades de aceptar estos ofrecimientos, todo lo cual fragmenta el tejido social y busca neutralizar y dividir las oposiciones. ¿Será que no hay más salida que someterse a la corporación trasnacional? ¿Realmente se ha hecho una revisión exhaustiva de los recursos jurídicos y particularmente políticos que justifique abandonar a ciudadanos y pueblos a su suerte? ¿Es la claudicación y el apoyo a la ingeniería de conflictos el papel de gobiernos que se autodefinen de izquierda? 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