La “cuestión haitiana” siempre fue un tema extraordinariamente delicado en la República Dominicana. Compartir una isla relativamente pequeña (76.500 km2) con otra nación, Haití, portadora de otra cultura, otra lengua, otra composición étnica y otra historia política (primera republica independiente al Sur del Río Bravo, primera en abolir la esclavitud, etcétera) ha sido desde siempre motivo de grave preocupación para la clase dominante dominicana y los sectores integrados a su hegemonía. Por eso, estimular el chauvinismo y agitar el fantasma del peligro de la “haitianización” del país fueron una constante histórica a lo largo de casi dos siglos. Hay quienes dicen también que este conflicto es más propio de las clases dominantes a ambos lados de la frontera que de los pueblos, cosa que a primera vista parece bastante razonable. Más allá de ello, lo cierto es que la RD es el único país de América Latina que celebra su independencia no de España o Portugal sino de Haití, que ocupó la parte oriental de la isla en 1822 y la mantuvo bajo su control hasta la derrota de las fuerzas haitianas en 1844. Dados estos antecedentes es comprensible que haya un legado de resentimientos y recelos de uno y otro lado, pero que claramente nunca se convirtieron en doctrina ni ideología hasta que dictadores y políticos de ambos lados de la frontera cayeron en la cuenta de lo rentable que era podía ser agitar el fantasma chauvinista. La xenofobia, el racismo y el clasismo coagulados en la nueva legislación dominicana no alcanzan para ocultar la también larga historia de solidaridad entre ambos pueblos en su común lucha contra las atroces dictaduras de Trujillo y Duvallier, en contra de la ocupación norteamericana y más recientemente, la demostrada en la República Dominicana con ocasión del devastador terremoto que asoló Haití en 2010.
En todo caso, duele comprobar como en fechas recientes el antihaitianismo se ha exacerbado peligrosamente, al punto tal que, como lo demuestra el esclarecedor artículo de Matías Bosch Carcuro que pegamos a continuación, el propio estado dominicano ha introducido en la Constitución aprobada en el 2010 una insólita cláusula por la cual priva de su nacionalidad a los nacidos en este país de padres haitianos. Súbitamente, y sin previa discusión democrática, el ius solis imperante desde siempre fue reemplazado por el ius sanguinis aplicado a los hijos de inmigrantes en situación irregular, en su abrumadora mayoría de origen haitiano. Para colmo de males, una resolución del Tribunal Constitucional del año 2013 acentuó el carácter discriminatorio de aquella norma retrotrayendo su eficacia a todos los nacidos con posterioridad al año 1929. Este verdadero mamarracho legal, que entre otras cosas lesiona el principio de la irretroactividad de la norma jurídica y arroja por la borda la igualdad ante la ley, fue apelado por varios miles de dominicanos, de padres haitianos. Al no ser escuchadas sus demandas elevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que comprensiblemente falló a favor de los demandantes. Pero, en un gesto de preocupante irresponsabilidad algunas autoridades dominicanas declararon desafiantes que no cejarían en sus esfuerzos por garantizar la “limpieza étnica” a la cual quieren someter al país (aunque, por supuesto, se abstengan de utilizar tan antipática expresión para caracterizar sus actuaciones) y haciendo caer a la RD en la categoría de un “estado fallido” que no sólo viola a conciencia la legalidad internacional y un fallo de la CIDH que debería ser vinculante para el país sino que, más encima, se ufana de ello.
Tuve ocasión de conversar con varios jóvenes dominicanos afectados por esta situación, que de golpe se convierten en “apátridas” a pesar de haber nacido en el país y tener en regla los documentos pertinentes. Una situación insostenible que, tal vez, no sería raro ver que se potencie como producto de la inminencia de las elecciones presidenciales tanto en RD como en Haití (el 15 de Mayo del 2016 y el 25 de Octubre de este año, respectivamente), y donde agitar este tipo de iniciativas suele ser útil para encubrir temas que no quieren ser expuestos ante la opinión pública, o para distraer al electorado o para movilizarlo detrás de consignas chauvinistas que siempre tienen una cierta eficacia electorera en el corto plazo, aunque luego crean más problemas de los que intentan resolver. La privación de la nacionalidad no sólo es una tremenda injusticia sino también un crimen condenado por toda la legislación internacional. Sólo cabe esperar que las autoridades dominicanas sean capaces de reflexionar sobre los gravosos alcances de estas políticas en el plano doméstico y el costo que el aislamiento internacional resultante de aquellas tendría sobre este país y, en consecuencia, rectifiquen el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Fuente: blog de Atilio Moron
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