"La privatización de México" (Revista Proceso, 18 de octubre, 2015)
John M. Ackerman
Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar de Estados Unidos.
A juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un “esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF) cuya función principal es generar oportunidades de negocios para los hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual no importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y la desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el precio del petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos estos fenómenos son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a los más vulnerables y necesitados dentro de un país, México, que estos funcionarios desprecian profundamente. Lo importante es mantener en forma la máquina mexicana de apoyo a las redes de poder global.
El TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del acuerdo internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil. Posteriormente, las reformas consensadas son presentadas a última hora y aprobadas sin deliberación alguna en clara violación de las prácticas y los reglamentos parlamentarios.
El TPP es aún más peligroso que la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país entero al servicio de las trasnacionales y de Washington.
A partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los “inversionistas” demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo de acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).
La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la soberanía popular.
México ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones gubernamentales.
En un caso, con el fin de proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.
En lugar de empoderar a las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal, lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las trasnacionales (véase:http://ow.ly/Trzfh).
Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Proceso No. 2033
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