Energía: ¿armas para el
diálogo?
John Saxe-Fernández
C
on una población y economía devastadas por 30 años de
neoliberalismola oligarquía mexicana y las grandes petroleras se preparan, bajo la coraza de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) auspiciados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FMI-Banco Mundial-BID) a consumar, en medio del Mundial de futbol, el asalto final sobre el sector petro-eléctrico, principal eje de acumulación del país. Lo hacen cuando se develan grandes escándalos de corrupción tipo Oceanografía, que tenderán al aumento por la politización de los reguladores del ramo contenida en las leyes secundarias y la privatización de créditos a los contratistas bajo sutiles diseños de Goldman Sachs, Citigroup et al. Todos los señalamientos del BM de que
la expansión del mercado y la desregulación son poderosos instrumentos para controlar la corrupciónse hundieron hace décadas en el fango y la putridez que acompañan las privatizaciones en el orbe.
¿No son tanto el combate a la corrupción o las promesas de bienestar de esos
PAE parte de un esquema de mercado que encubre diseños de intensificada guerra
de clase y de desarticulación estatal, para la más fluida explotación de la
periferia capitalista, ayudada acá por la codicia local por el botín
petro-eléctrico? Peña Nieto repite la raída narrativa de que las reformas
estructurales en general y la energética en particular, son para generar
bienestar y empleo,
acelerar el crecimiento... lograr (que las familias) tengan un piso básico de bienestar, cerrar la brecha de la desigualdad(Contralínea 4/5/14 p. 25).
Con ese recetario el salario perdió 80 por ciento de su valor en 27 años, se
gestó un déficit de 34 millones de empleos, 27 millones de mexicanos están en la
precariedad laboral, 11 de cada 100 niños trabajan y 8 millones de personas
están desocupadas (Ibid). En ese contexto sigue el despojo energético
que, como diría J. Stiglitz, es
de alta explosividad social: entrega la renta petrolera y reduce todavía más la capacidad de autogestión de Pemex, manteniendo su desarticulación eso sí, ordeñándola con su enorme tributo fiscal, hasta el fin del sexenio. ¿Bienestar entregando el control operativo de los yacimientos a ExxonMobil, Chevron y Shell y, como aspiran los departamentos del Tesoro y de Energía de Estados Unidos, dejándolas hacer, deshacer, pagar y cobrar lo que les venga en gana?
Los legisladores que articulan intereses ajenos al país se han cuidado de no
mostrar facetas vitales de lo ocurrido en Brasil y Noruega. El ingeniero
Franciso Garaicochea, presidente de Ingenieros Constitución 1917, recordó hace
poco en
Entornos, programa de Ramón Pieza en la Red, que Petrobrás tiene el control de las operaciones en los yacimientos y que la muy vasta, compleja y cara tecnología de aguas profundas (ductos, estaciones de bombeo y de compresión, válvulas, árboles submarinos, etcétera), muestra un contenido nacional de 70 por ciento. Como en nuestro caso ese contenido nacional de la industria de suministro, gracias a 30 años de
reformas estructuralesno es mayor a 5 por ciento, México, como sugirió un ex funcionario de la noruega Statoil,
no debe renunciar al control del petróleo, ni compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores(La Zurda, Nº. 18, p. 29).
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