Los de abajo
A favor de preso político
Gloria Muñoz Ramírez
“L
a instalación de megaproyectos en México es una ley implícita e incuestionable del ‘desarrollo’. El gobierno sólo está dispuesto a negociar beneficios para la comunidad, como si fuera una reparación previa al daño. A los que no están de acuerdo con los megaproyectos, se les pretende imponer por medio de amenazas, desinformación, represiones y asesinatos. Los casos de Olintla, Puebla; Huexca, Morelos, y Ocotlán, Oaxaca, representan la criminalización de la protesta social y constituyen claras violaciones a los derechos humanos.”
La denuncia anterior fue escrita en la revista electrónicaDesinformémonos, por Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en abril de 2013, hoy preso político del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (su detención ocurrió el pasado 7 de abril).
El activismo de Flores Solís en defensa del territorio lo tiene hoy tras las rejas, al igual que a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas, firme opositora a la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica en la región; y Abraham Cornejo Calderón, integrante del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada, que se opone a la construcción del megaproyecto Arco Poniente.
En su momento, Flores Solís, también integrante del movimiento #YoSoy132, reportó que el Proyecto Integral Morelos comprende un gasoducto de 160 kilómetros, de los cuales 92 por ciento pasa por zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 kilómetros y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, lo que afectaría a más de un centenar de pueblos.
Hoy Juan Carlos, Enedina, Abraham y miles de campesinos de los tres estados que se oponen a tremendo despojo están siendo criminalizados.
José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, responsable de la defensa de Flores Solís, explica que el gobierno de Puebla inició el 4 y 5 de abril de 2012 la absurda denuncia penal por motín y extorsión, entre otros delitos, contra Flores Solís. En los casos de Enedina Rosas y Abraham Cordero, ambos en el penal de Atlixco, es la procuraduría de Justicia del estado
la que está complicando con dolo y mala fe la posibilidad de liberarlos mediante caución legal.
En defensa de los detenidos, el Congreso Nacional Indígena se manifestó
contra la intimidación y agresión a los pueblos y comunidades que sólo luchamos por la vida, la paz y la justicia; que no deseamos ser despojados de nuestra madre tierra, cultura y tradiciones. Este es el fondo del asunto.
