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Astillero Radio y TV: favores para 2018 Senado mantiene distorsiones Tiran (más) dientes a IFT Movimientos en Televisa Julio Hernández López

C on la mira puesta en el 2018, y mientras la atención pública estaba centrada en el tema del fiscal para delitos electorales, arbitrariamente destituido, el mismo segmento trampeador, el priístaverdecalderonista (PVC), sacó adelante en el Senado, de última hora, reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que lesionan los derechos de las audiencias, benefician el engaño y la manipulación informativas en programas de difusión electrónica y, a fin de cuentas y de cuentos, preparan la agradecida ayuda desde medios de comunicación masiva a la cada vez más desvergonzada preparación del intento de fraude en las elecciones por venir. Burdas y arbitrarias fueron las maniobras realizadas por el PVC (no se habla, con estas siglas, del policloruro de vinilo, el dúctil y reciclable derivado del plástico tan utilizado en las cañerías, sino de la nueva alianza senatorial: PRI, Verde y los calderonistas que más que rebeldes han terminado por ser los maiceados del PAN). A la pizca de votos para dar este golpe regresivo en términos del interés público, y tan positivo para los planes peñista-meade-zavalistas (PeMeZa), se sumaron 10 senadores felipefílicos que aún se mantienen en Acción Nacional (con el propiciatorio Ernesto Cordero por delante) y uno de la franja del Partido del Trabajo-Morena, ya desde 2014 acusado por Manuel Bartlett de favorecer los intereses de Televisa (https://goo.gl/fG7VVd), Marco Antonio Blázquez, legislador por Baja California (los datos de la sesión de ayer, no las opiniones y referencias astilladas, en la nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, en La Jornada https://goo.gl/S4gebJ). Más allá del beneficio económico que esta madrugadora modificación legal significará a las grandes empresas electrónicas de comunicación social, habrá de verse el impacto político y, en específico, el electoral para el año entrante. Una de las graves distorsiones del ejercicio periodístico y de entretenimiento en programas de radio y televisión es la mezcla de opiniones con información (con conductores autodesignados como fiscales, jueces y verdugos, que ofrecen datos y noticias pasadas por filtros de interpretación o afinidades personales). Separar esos segmentos no será posible con la modificación realizada ayer, de tal manera que continuará la distorsión de lo informativo, en perjuicio del interés público. Por otra parte, se mantienen las puertas abiertas para la inserción de propaganda política en los espacios noticiosos y de cualquier índole, sin expresa notificación al público y dejando la regulación de esos convenios a los códigos de ética de cada organización empresarial (los leones decidiendo cuándo deben ser vegetarianos y proponiendo para sí mismos algún tipo de castigo si violan sus propias reglas íntimas). Las reformas aprobadas ayer por el PVC restan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, ahora más desdentado: DIFT) bajo la falsa bandera del respeto a la libertad de expresión, que en su momento han enarbolado con vehemencia varios de esos conductores o informadores que usan sus programas para beneficiar o descalificar, muchas veces en términos ofensivos y desproporcionados, a quienes son de su contentillo o sufren su rechazo, por razones genuinas o promovidas externamente. Las maniobras de este jueves tendrán densas consecuencias en el proceso electoral ya en curso, que se vaticina altamente competitivo y, desde ahora, cargado de firmes indicios de que los grupos en el poder se atrincheran para repetir modelos de adulteración al estilo de lo vivido en 2006 y 2012, y refinados el año en curso en el estado de México y Coahuila. En otro tema de telecomunicaciones, ayer se formalizó el rediseño directivo que en los hechos ya se estaba viviendo en Televisa, donde Emilio Azcárraga Jean pasará de la dirección general, que ejerció durante 20 años, desde que su padre falleció, a la presidencia ejecutiva del consejo de administración de la empresa, con Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez como copresidentes ejecutivos. José Bastón, quien junto con Angoitia y Gómez como vicepresidentes formaron la trinidad directiva que acompañó estos años a Azcárraga Jean, dejará Televisa con el último día del mes que corre, aunque se mantendrá en el consejo de administración. The Wall Street Journal, al dar ayer el adelanto de esta información, comentó que el movimiento de Azcárraga tiene como contexto la lucha contra los desafíos planteados por la era de Internet. Muchos jóvenes espectadores se han aburrido con el formato obsoleto de telenovelas de bajo presupuesto de Televisa y han abandonado a la emisora en favor de los servicios de transmisión profunda como Netflix, que ahora ofrece series de televisión en español. Al señalamiento específico de Netflix y las telenovelas debe agregarse que ha menguado el poderío tradicional de Televisa en cuanto al manejo informativo y la influencia política. Las vías de información alterna, llamadas redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube, sobre todo) han socavado el histórico imperio de los noticiarios al estilo de Jacobo Zabludowsky y Joaquín López-Dóriga y han propiciado remozamientos como el arribo de Denise Maerker al noticiario nocturno de lo que antes se llamaba el Canal de las Estrellas y una abierta incursión en los dominios de Internet (por ejemplo, la adquisición de 50 por ciento de las acciones de SDP Noticias, el portal dirigido por Federico Arreola que ha tenido un notable éxito cuantitativo en la pelea cibernética y, luego, la compra de la empresa de sátira informativa, El Deforma). Todo, pues, son realineamientos y preparativos rumbo al 2018. Peña Nieto nunca modificó la relación entre los medios y el poder político, como prometió en su campaña. No se corrigieron las tradicionales desviaciones que convierten el presupuesto de comunicación social en mecanismo de control de medios, sino todo lo contrario, se acentuó esa relación de dependencia. Tampoco se cambiaron las reglas en materia de telecomunicaciones. Aliados, pues, para lo que viene. ¡Hasta el próximo lunes! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx Subir al inicio del texto

Del fin de ciclo a la consolidacion de las derechas

Del fin de ciclo a la consolidación de las derechas Raúl Zibechi

L os ciclos políticos no son caprichosos. Vivimos un periodo de crecimiento de las derechas, en particular en Sudamérica. El ciclo progresista terminó aunque sigan existiendo gobiernos de ese color, pero ya no podrán desarrollar las políticas que caracterizaron sus primeros años porque se impone una inflexión conservadora, aunque los discursos puedan decir algo diferente. Un buen ejemplo de esa ironía puede ser Ecuador: un gobierno de Alianza País que realiza un ajuste conservador. Salvo que se opte por la peregrina tesis de la traición, Lenin Moreno muestra que aún los progresistas deben dar un giro a la derecha para poder seguir gobernando. Digamos que los ciclos son estructurales y los gobiernos coyunturales. El ciclo progresista se caracterizó por elevados precios de las exportaciones de commodities en un clima general de crecimiento económico, un fuerte protagonismo popular y presiones por mayor justicia social. Los tres aspectos se debilitaron desde la crisis de 2008. Ahora sufrimos una fuerte ofensiva derechista en todos los terrenos. A pesar de los malos resultados económicos y de una elevada conflictividad social, en la que destaca la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno de Mauricio Macri consiguió una contundente victoria en las recientes elecciones argentinas. El macrismo no es un paréntesis, consiguió una cierta hegemonía que se asienta en los cambios económicos de la última década, en el desgaste del progresismo y la debilidad creciente de los movimientos. La primera cuestión a tener en cuenta es que el modelo extractivo (sojero-minero) ha transformado las sociedades. La edición argentina de Le Monde Diplomatique de septiembre contiene dos interesantes análisis de José Natanson y Claudio Scaletta, que desbrozan los cambios productivos del complejo de la soya y sus repercusiones sociales. El primero sostiene que el mapa de la soya coincide casi matemáticamente con los territorios en que gana Macri. Destaca que el campo se articula cada vez más con las finanzas, la industria y los grandes medios, y que los terratenientes y los peones, que fueron los protagonistas del periodo oligárquico, conviven ahora con técnicos, arrendatarios, agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola y pilotos fumigadores, entre otros. La tecnología es incluso más importante que la propiedad de la tierra que los “ pools de siembra” alquilan, mientras los cultivadores conectados al mundo globalizado están pendientes de los precios de la bolsa de Chicago, donde se cotizan los cereales. El segundo sostiene que estamos ante una complejización de las clases medias rurales y la emergencia de nuevas clases medias ruro-urbanas. En consecuencia, el conflicto con el campo que sostuvo el gobierno kirchnerista en 2008 no fue la clásica contradicción oligarquía-pueblo. A partir de ese momento, se hizo visible un conglomerado de actores más complejo y con una base social mucho más extensa, que rechaza las políticas sociales porque sienten la pobreza urbana como una realidad muy lejana. Ese bloque social es el que llevó a Macri al gobierno y el que lo sostiene. La sociedad extractiva genera valores y relaciones sociales conservadoras, así como la sociedad industrial generaba una potente clase obrera y valores de comunidad y solidaridad. En las grandes fábricas, miles de obreros se convirtieron en clase al organizarse para resistir a los patrones. Por el contrario, el extractivismo no genera sujetos internos, o sea dentro del entramado productivo, porque es un modelo financiero especulativo. Las resistencias son siempre externas, en general las protagonizan los afectados. La segunda cuestión es el desgaste del progresismo luego de una década larga de gobierno. Aquí aparecen dos elementos. Uno, el desgaste interno natural o por la corrupción y la mala gestión, y combinaciones de ambos. Dos, porque el propio modelo despolitiza y desorganiza a la sociedad que sólo se articula por medio del consumo. Ahí es donde muerden las derechas. El consumismo es la otra cara de la sociedad extractiva. Una sociedad que no genera sujetos, ni identidades fuertes, con valores vinculados al trabajo digno, o sea productivo, sino apenas valores mercantiles e individualistas, no está en condiciones de potenciar proyectos de largo aliento para la transformación social. La tercera cuestión que explica el auge de las derechas es la debilidad del campo popular, que afecta desde los movimientos hasta la cultura del trabajo y de las izquierdas. La sociedad extractiva crean las condiciones materiales y espirituales de esta anemia de organización y luchas. Pero hay más. Las políticas sociales del progresismo, sobre todo la inclusión mediante el consumo, multiplicaron los efectos depredadores del modelo en cuanto a desorganización y despolitización. En el shopping desaparecen las contradicciones de clase, incluso las étnicas y de género, porque en esos no lugares (Marc Augé) el entorno desaparece a la humanidad de las personas. Pero los movimientos también son responsables por las opciones que tomaron. En vez de construir mirando el largo plazo, preparándose para el inevitable colapso sistémico, tomaron el atajo electoral que los llevó a construir alianzas imposibles con resultados patéticos. Algunos movimientos argentinos, que optaron por aliarse con la derecha justicialista, podrían hacer balance sobre los resultados desastrosos que obtuvieron, y no me refiero a la magra cosecha de votos. Por último, debemos pensar las enseñanzas que nos deja el ascenso de las derechas y la crisis de los movimientos. La sociedad extractiva de cuarta guerra mundial, no puede ser resistida con la misma lógica de la lucha obrera en la sociedad industrial. No existe una clase para ser dirigida. Los sujetos colectivos deben ser construidos y sostenidos todos los días. Las organizaciones deben ser sólidas, cinceladas para el largo plazo y resistentes a los atajos institucionales.

TLCAN, dl punto de quiebre

TLCAN, el punto de quiebre Ana de Ita*

L os resultados de la cuarta ronda de negociación aumentan la probabilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las píldoras venenosas enviadas a la negociación por el presidente Trump muestran que ese país exige más concesiones a sus llamados socios comerciales, México y Canadá. Los funcionarios mexicanos antes paladines orgullosos del libre comercio, que por más de 20 años sostuvieron era la única alternativa para el desarrollo y modernización del país, empiezan a escurrirse de lado y como el canciller Luis Videgaray declaran que: México es sólido y es más grande que el tratado y vamos a salir adelante. Lo cierto es que los resultados de la negociación enmarcarán el difícil proceso electoral que se avecina, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por concluirla y sacarla de la mesa. Varios analistas y calificadoras adelantan pronósticos de los efectos de la reversión del TLCAN y apuntan que México será la economía más golpeada. Anticipan la reducción de la inversión, la caída del PIB, la depreciación del peso frente al dólar, la reducción de las exportaciones y de las importaciones lo que redundará en una pérdida de cerca de 951 mil empleos según ImpactEcon. Para Krugman, premio Nobel de Economía, la cancelación del TLCAN provocará que la economía sufra tanto como sufrió cuando el tratado fue establecido. El reacomodo de los capitales estadunidenses y sus prioridades marca un cambio. El gobierno mexicano sotiene que aún hay esperanzas pues todavía están sentados a la mesa. Lo cierto es que México no debería ceder y otorgar más concesiones a cambio de mantener el TLCAN, que como hemos apuntado únicamente ha significado beneficios para unos pocos sectores de exportación, la mayoría de ellos trasnacionales, enclavados en México para aprovechar la falta de condiciones laborales y ambientales, en tanto ha provocado la ruina de muchas pequeñas y medianas empresas nacionales, de los obreros, de los productores agrícolas de cultivos básicos pequeños y medianos, de las cadenas de producción endógenas. Reconstruir lo destruido y apostar por la producción y el mercado interno no será fácil después de 23 años de desmantelamiento pero siempre fue necesario y ahora es ineludible. En el sector agrícola por ejemplo en caso de que el TLCAN se cancele, el presidente Trump buscará eliminar el déficit fiscal en aumento durante los dos últimos años que asciende a más de 5 mil millones de dólares en 2016. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos estarán gravadas con el arancel de la Nación Más Favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que asciende para cultivos agrícolas y forestería a 3.8 por ciento y en ganado y pesca a 0.6 por ciento. Los exportadores de jitomates, aguacates, pimientos, uvas, pepinos, melones, berries, cebollas y otras frutas o verduras, que aumentaron su valor de 4 mil 324 millones de dólares en 2005, a 10 mil 413 en 2015, serán gravados. Algunas empresas de productos de exportación, quizá no la mayoría pero sí las más fuertes, por ejemplo Driscoll son empresas estadunidenses relocalizadas en México para aprovechar los salarios miserables y las condiciones casi esclavas de los jornaleros agrícolas, además de aprovechar recursos como el agua, y la falta de regulaciones ambientales. Es posible que Estados Unidos proponga aranceles estacionales o cuotas de importación para proteger a los productores y empresas domésticas y presionar a las que se ubican en México. En correspondencia el gobierno mexicano debería imponer los aranceles permitidos en la OMC para las importaciones estadunidenses, en promedio para agricultura y forestería de 11.6 por ciento y para ganado y pesca de 7 por ciento, sin importar que en su mayoría sean productos básicos. Por ejemplo los más de 10 millones de toneladas de maíz que se importan anualmente, según Kurczyn de Citibanamex podrían ser gravadas hasta con 37 por ciento de arancel. Gruma, la trasnacional mexicana mayor productora de harina de maíz, declaró que el abasto de maíz para tortillas –alrededor de 6 millones de toneladas– está garantizado con la producción nacional. Quienes podrían tener problemas son los ganaderos industriales productores de res, puerco y pollo, que acostumbran alimentar a sus animales con maíz, soya y derivados importados. Las necesidades reales de importación, pero no las importaciones especulativas, que se benefician del libre comercio y los subsidios en Estados Unidos, podrían abastecerse con producción de otros países pagando el costo de comercialización. Esto daría un nuevo impulso a la producción nacional que debería ser fomentada. El peor escenario sería que Estados Unidos cancelara el TLCAN y México mantuviera unilateralmente la libre entrada de importaciones, como ya lo hizo con el maíz durante la administración del doctor Zedillo, bajo el argumento de que convenía más comprar la producción de maíz sin arancel y subsidiada, que proteger a casi 3 millones de productores mexicanos del productos básico para la alimentación. La eliminación del TLCAN es un punto de quiebre. *Directora en Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) Subir al inicio del texto

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Dinero Herederos de Hank González fusionan sus bancos 4 mil millones de dólares para tapar el socavón del peso Senado: maiceando votos Enrique Galván Ochoa

L os herederos de dos notables personajes de la segunda mitad del XX, el profesor (pero sobre todo político) Carlos Hank González y el empresario tortillero Roberto González Barrera, decidieron fusionar sus bancos: Banorte e Interacciones. Hank y González Barrera eran amigos cercanos y se volvieron consuegros cuando sus hijos Carlos Hank Rhon y Graciela González Moreno se casaron. De esa unión nació Carlos Hank González. Es el jefe del nuevo grupo financiero que conforman Banorte e Interacciones. Carlos Hank González (lleva el mismo nombre que su abuelo) es el presidente de Banorte y su papá, Carlos Hank Rhon, es el jefe de Interacciones. Banorte firmó este martes un acuerdo para fusionarse con Grupo Financiero Interacciones por un monto no especificado, informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. En 2011, había adquirido a Ixe, un banco de nicho, lo que lo convirtió en el tercer banco mexicano más grande en términos de activos. Dos años después, Banorte compró la Afore Bancomer por 1,600 millones de dólares para crear el mayor fondo pensionario del país. Actualmente, la firma presidida por el nieto del profesor y político y El Rey de la Tortilla tiene una capitalización bursátil de 312,044 millones de pesos, según cifras de Bloomberg. Este año las acciones de Banorte han crecido 11.24% en la Bolsa Mexicana de Valores. Si son millenials y no han ubicado a los fundadores de la dinastía, recordemos que el profesor Hank González fue jefe del Departamento del Distrito Federal en el gobierno de José López Portillo, además de secretario de Turismo y Agricultura en el salinismo. Antes, había sido gobernador del estado de México. Se le atribuyen frases como ésta: ‘‘un político pobre es un pobre político’’. Fue jefe del Grupo Atlacomulco. Por su lado, Roberto González Barrera, conocido como Maseco, fundó el imperio tortillero Grupo Gruma. Perteneció a la lista de Forbes. Tapando el socavón del peso Otra vez el precio del dólar rebasó 19 pesos (en fechas recientes en casas de cambio de la frontera norte había bajado a 17 pesos), y el Banco de México ha tenido que salir con 4 mil millones de dólares sobre la mesa a tratar de detener la caída. A unos cuantos días de que deje su cargo el gobernador, Agustín Carstens, el Banco Central informó que aumentará hasta esa suma, por ahora, su programa de coberturas cambiarias anunciada en febrero por 20 mil millones, de los cuales se habían empleado mil millones a la fecha. El mecanismo funciona así, explicado en términos esquemáticos: Banxico y otra institución pactan un precio futuro del dólar en un plazo menor a un año. Si el día del vencimiento el dólar está más caro de lo pactado, el Banco Central paga la diferencia, y en caso contrario la cobra. De esta forma, las empresas que adquieren las coberturas tienen la certeza de un tipo de cambio futuro. Al final el perdedor es Banxico, porque el dólar suele estar más caro que lo pactado. Sin embargo, ven esta ventaja: mientras que las subastas de dólares han sido un socavón para las reservas de México, las coberturas se liquidan en pesos. Foto Maiceando El martes, la oposición (de temporal) tomó la tribuna del Senado y reventó la sesión en protesta por el método para votar la remoción o restitución del fiscal electoral, Santiago Nieto, ya que el verdoso PRI quería que fuera secreta para no balconear a los ‘‘oposicionistas’’ cuyo votó ya maiceó. (Dicen que son seis panistas a los que Santa Claus les llegó por adelantado.) Ayer, la cita para reanudar la reunión era a las 12 del día, pero se suspendió. El Verde prioso utilizó otro de sus métodos: provocar una ‘‘falta de quórum’’. Sólo se presentaron 45 de los 128 senadores. El panista Ernesto Cordero, presidente de la Cámara (no tan) Alta, pasó para este jueves la sesión a las 11 de la mañana. Está al alza la cotización de los votos. Ombudsman Social Quienes vivimos al día y vemos cómo se incrementan los precios de los productos básicos podemos decir que ese ‘‘techo de la inflación’’ que mencionó Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, es como el horizonte: no importa cuánto te acerques a él, siempre va a estar igual de lejos. David Jiménez /Ciudad de México (vía Facebook) R: Poético modo de decirlo, estimado David. Te felicito. Disculpa que lo diga en el modo en que se expresan los jugadores de apuestas del galgódromo: el can nunca alcanzará al chorizo. Twiteratti #Marichuy (María de Jesús Patricio Martínez) ha reunido poco más de 5 mil firmas. Es mujer, es indígena, ella sí es independiente. Junne @Miriam_Junne Con voto secreto PRI quiere comprar algunos senadores contra Santiago Nieto, con lo que le sobra de los fraudes Odebrecht, Higa, OHL, etcétera. @JimenezEspriu Este Día de Muertos hay que hacerle un altar a la honestidad, que lleva muerta mucho tiempo en México. Sofía Niño de Rivera @sofffiaaa Twitter: @galvanochoa FaceBook: galvanochoa Foro: elforomexico.com/encuestas/ galvanochoa@gmail.com Subir al inicio del texto

A la Fepade se le atreveso un zombi

A la Fepade se le atravesó un zombi Pablo Gómez

Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (Fepade) que nunca existió como tal. Un caso emblemático fue el de "Amigos de Fox", en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente. La Fepade-PGR (Fromow-Macedo) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de entonces. "Amigos de Fox" fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos "vocación". Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Enrique Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa. No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aun más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la Fepade, para no verse envuelto en otro lío. Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de "Guerreros Unidos" de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos. Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral? Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Gamboa Patrón ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso, se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución. Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Lozoya está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña. La Fepade nunca ha existido en realidad, pero cuando por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que le corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.

El regimen se desgaja

El régimen se desgaja Pedro Miguel

L a destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, operada por un mero encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene toda la traza de una medida desesperada que va más allá de la lucidez que debiera imperar en las políticas de control de daños. Con ella, el peñato –que viene chapoteando desde hace tiempo en las aguas del naufragio– vuelve a evidenciarse como un gobierno faccioso y aglomerado por las complicidades sexenales y corre el riesgo de perder la autoridad que le queda en el régimen oligárquico. Es inocultable, en efecto, que los motivos de la remoción de Nieto Castillo no tienen que ver con hipotéticas transgresiones al código de conducta, sino con el temor de Peña Nieto a que las pesquisas emprendidas por el fiscal díscolo sacaran a la luz, en vísperas de la sucesión del año entrante, la suciedad con la que se financió su campaña electoral en 2012 y en la que, de acuerdo con los indicios disponibles, Javier Duarte de Ochoa y Emilio Lozoya Austin desempeñaron una función principal como recaudadores de recursos de procedencia ilícita. Probablemente el peñato apostaba a sacrificar a su nuevo PRI, César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y el otro Duarte, sólo en la modalidad de desvío de dinero en sus respectivas administraciones estatales, pero no calculó que las pesquisas se ramificarían a las aportaciones con que los tres ex gobernadores contribuyeron para la compra masiva de votos que hizo posible la colocación de Peña en Los Pinos. Tampoco esperaba, de seguro, que el fiscal electoral ahora destituido abriera una investigación contra el primo Alfredo del Mazo y mucho menos que adoptara el hilo de la trama de Odebrecht que apunta de manera directa a Lozoya Austin. Al régimen ya se le rebeló abiertamente una porción sustancial de los dueños del dinero –representada en este episodio por el Consejo Coordinador Empresarial y por la agrupación Mexicanos Primero–, los cuales no quieren seguir aportando al fondo de 500 mil millones de pesos anuales (o de un billón, o la suma que sea) destinado al enriquecimiento de los altos funcionarios. Está por verse lo que harán los otros partidos del régimen y sus representaciones en el Senado (PAN en cualquiera de sus vertientes, PRD, Verde y los demás) ante la destitución de Peña Castillo: si en sus cálculos políticos aparece un beneficio sustancial en respaldar a Peña y al encargado de despacho de la PGR, dejarán solo al fiscal cesado y cerrarán filas en torno a la impunidad institucionalizada que impera desde hace décadas; pero si encuentran ventajoso para sus propios intereses impulsar el colapso de la presidencia saliente, no dudarán en hacerlo y saldrán en defensa del funcionario destituido. Los cálculos correspondientes no necesariamente son sencillos; los panistas, por ejemplo, tendrán que considerar que la continuación de las investigaciones sobre la trama Lozoya-Odebrecht puede desembocar en revelaciones devastadoras sobre la relación entre la corrupta firma brasileña y la presidencia de Felipe Calderón, que le entregó varios contratos y 420 millones de dólares en pagos excedentes, e incluso la de Vicente Fox, cuyo gobierno otorgó a Odebrecht los contratos originales para la modernización de la refinería de Minatitlán. El régimen tiene ante sí la tarea de recomponerse para los comicios del año entrante, lo que implica alinear a sus distintas facciones –la empresarial, la opositora y sabrá Dios cuáles otras– en un esquema electoral que permita maximizar las probabilidades de la continuidad. Pero si bien los socios del PRI en el Pacto por México están de acuerdo en eso –en la continuidad del modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad–, la perspectiva de preservar una fiscalía electoral mínimamente equilibrada ha de resultarles muy atractiva porque, al fin de cuentas, podrán recurrir sin escrúpulos al fraude (como el PAN en 2006 y como el PRD en el DF en 2015) pero no les gusta que el priísmo lo haga en perjuicio de ellos. A ver qué deciden. navegaciones.blogspot.com Twitter: Navegaciones navegaciones@yahoo.com Subir al inicio del texto Enlaces Patrocinados Más De La Red

Astillero

Astillero Árbol (Fepade) y bosque (EPN, 2012) Odebrecht y campaña(s) priísta(s) Frenar indagaciones Nada contra la corrupción Julio Hernández López

A Enrique Peña Nieto le gusta, pero, sobre todo, le conviene dejar huecos y retardar ciertas decisiones. Esa socarronería convenenciera es plenamente visible en el ámbito del combate a la corrupción. Hoy mismo, la República carece de tres funcionarios claves: no hay fiscal contra la corrupción, no hay fiscal contra delitos electorales y no hay procurador general en firme, sólo un encargado del despacho. Peña Nieto no ha querido hacer nada a fondo contra la corrupción, y para ello se ha valido de enredos burocráticos y planes a largo plazo e igualmente ha alentado los conflictos retardantes entre grupos legislativos, para posponer las medidas realmente no deseadas. Recuérdese que, a pesar de las promesas de campaña sobre el tema, tan vehementes como incumplidas, y de su obsesión por impulsar las reformas estratégicas que, entre otras cosas, propiciaron más corrupción (como ha sucedido, en especial, con las asignaciones petroleras a particulares), Peña Nieto mantuvo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la devaluación política y en una suerte de parálisis operativa de diciembre de 2012 a febrero de 2015, apenas con un subsecretario encargado del despacho, el priísta Julián Alfonso Olivas Ugalde. Al menos en el papel, dicha secretaría tiene un lugar muy importante en el combate a la corrupción, pues vigila las actividades de los servidores públicos federales, determina la política de compras de la Federación, audita el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones (https://goo.gl/twpyMR). La prolongada tardanza en nombrar un secretario en forma, y darle fuerza a dicha secretaría, fue atribuida tramposamente a la intención de crear un Sistema Nacional Anticorrupción que, incompleto y vacilante, se formalizó en julio de este año, a menos de año y medio de que Peña Nieto entregue el poder. Sin embargo, cuando Peña Nieto volteó los ojos a la abandonada SFP y nombró al primer secretario en forma, resultó peor, pues lo hizo para colocar ahí a un servicial personaje, Virgilio Andrade, con la orden de que declarase infundadas las acusaciones contra el propio Peña, su esposa Angélica Rivera y el vicepresidente ejecutivo, Luis Videgaray, respecto de compras, con tufo de corrupción, de residencias de lujo (la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y la casa de descanso de Malinalco) a una de las empresas contratistas favoritas del sexenio, Higa. Luego de sus faenas de fontanería, Andrade dejó el cargo y más adelante fue sustituido por Arely Gómez, quien dejó la procuraduría federal de justicia a otro amigo de Los Pinos, Raúl Cervantes Andrade, el fallido aspirante a fiscal transexenal que, después de renunciar, ha sido relevado por un encargado del despacho. A este encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, le tocó ejecutar (un viernes, luego de haber llegado el lunes anterior a ese escritorio) una decisión que a todas luces rebasa su capacidad política de resolución. Correr al fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, fue una decisión que sólo pudo tomarse en el máximo nivel político del país, pues su significado y consecuencias van más allá de la corteza procesal de un árbol específico, el de la develación de actos, se dice que de presión, de un ex funcionario aún poderoso hacia un fiscal de asuntos electorales, y abarca, exhibe, el amplio bosque de la dispendiosa campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, en busca de una Presidencia de la República que más bien pareció comprada a base de billetazos, como en ese mismo año lo dijo el entonces presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero. Nieto Castillo, proveniente de una franja académica y política relacionada con la izquierda electoral, resolvió casos en contra de intereses priístas en temas relativamente aceptables para Los Pinos. Pero la guillotina se dejó caer en su contra en cuanto dio a conocer que había sido presionado por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, para que lo declarara inocente de las averiguaciones que, con sustento documental en actas de Brasil, lo mencionan como receptor de millones de dólares, cuando era coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto, para apoyar la llegada al poder de un equipo que luego devolvería en contratos ventajosos el respaldo económico en tiempos electorales. En estricto sentido jurídico es debatible, y tal vez susceptible de castigo administrativo, el hecho de que el fiscal Nieto Castillo haya difundido detalles de un procedimiento que debería llevar con sigilo. Además, el propio Lozoya ha difundido el texto de la carta que envió a Nieto y que éste dijo haber sido considerada como forma de presión, sin que el texto ya conocido muestre ese cariz. Sin embargo, se prefiere centrar la vista en una parte del árbol para eludir la gran panorámica de la corrupción en general, de la referida a las campañas electorales priístas en particular y, muy en específico, de la campaña de Peña Nieto en 2012. Lo que el mexiquense busca es obstruir el curso de las investigaciones sobre el caso Odebrecht-Lozoya-PRI 2012, atribuir responsabilidades a personajes menores y mantener vigente la viabilidad impune del financiamiento corrupto a las campañas de 2018. En un sistema de mafiosidad institucionalizada, como el que se vive en México, es probable que un fiscal tenga que develar detalles de las presiones de poder que le afectan, para fijar la atención en procesos en vías de ser desvirtuados. El propio Nieto Castillo ya había recurrido a algo parecido en noviembre de 2015, al dar a conocer que pedía orden de aprehensión contra Arturo Escobar, el entonces subsecretario de Gobernación que, como directivo del partido Verde había contrado 10 mil tarjetas Premia Platino para repartirlas entre votantes de 2012. A fin de cuentas, Escobar, aliado de Los Pinos, quedó sin mayor castigo. ¿Así sucederá con Emilio Lozoya? ¡Hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx Subir al inicio del texto