Minería: larga mano de los barones // Ley sectorial a sesión permanente // PAN: más persecución política
n un ambiente en
apariencia envidiable, en las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo
Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República
sus integrantes se mostraban políticamente correctos
, civilizados, con un diálogo que subrayaba lo positivo
de la reforma a la Ley Minera (y tres más) aprobada el viernes anterior
por la Cámara de Diputados y siempre con el ánimo de palomearla para
llevarla al pleno. Pero, fue notoria la ausencia inicial de algunos
legisladores de oposición, quienes, al apersonarse, comenzaron a poner
peros, a echar palos a las ruedas, a retrasar la posibilidad de seguir
el curso de lo acordado y a desmoronar el mundo feliz que se había
construido.
¿Qué sucedió? De entrada, la ausencia de esos legisladores no fue
casual (como el panista Damián Zepeda y Miguel Ángel Mancera), porque
atendían las instrucciones de los barones mineros para evitar el avance
en las citadas comisiones y, especialmente, cancelar la posibilidad de
que el dictamen se aprobara. Lo denunció el senador Napoleón Gómez
Urrutia: los grandes corporativos del sector seguirán presionando para que nunca se aprueben cambios
a la ley que les regaló Salinas de Gortari en 1992. Es lamentable lo que sucedió
.
Al iniciar el debate en las citadas comisiones los senadores que llegaron a tiempo calificaron, en términos generales, que fue un buen avance
lo aprobado en San Lázaro, especialmente lo relativo a retomar la
rectoría del Estado en la actividad minera, pero tampoco dejaron pasar
las ausencias y flexibilidades
en la misma (es necesario no
cegarse ante sus carencias y desviaciones que desde ahora nos convocan y
comprometen a realizar una subsecuente tarea de revisión para que a la
brevedad posible llevar a cabo la transformación que el país requiere
pensando más en los mexicanos que en las enormes ganancias económicas de
las empresas que explotan la riqueza nacional
, dijo uno de ellos).
Por ejemplo, más allá del buen avance
, los legisladores enumeraron: los
trabajadores mineros no reciben una remuneración adecuada a su trabajo
ni a los peligros a los que deben enfrentarse; nada puede ser mayor que
los derechos humanos de los mexicanos; éstos deben privilegiarse y no
las necesidades del capital privado; los neoliberales revivieron la
explotación de la Colonia española; lo aprobado en San Lázaro no
garantiza la justicia social de los trabajadores, pero sí permite
continuar con la especulación financiera de las concesiones; la ley se
ha venido flexibilizando a lo largo de los años para favorecer a los
consorcios mineros sin tomar en cuenta el destino de las inversiones
para favorecer el desarrollo económico y social del país; solo se
consultó a los grandes corporativos del sector, pues ostentosamente se
dejó afuera de cualquier acuerdo a pequeños y medianos empresarios del
sector y, desde luego, a las comunidades y a los trabajadores; las
modificaciones a la ley tienden a mantener el control
de los barones, y así por el estilo.
Pero, arribaron los legisladores de oposición, luego de recibir
instrucciones de sus patrones, metieron ruido y el ambiente cambió:
chantaje por la eventual inconstitucionalidad
de la reforma aprobada; reservas
y más reservas
para retrasar el procedimiento; la industria minera no
se puede tratar a la ligera, por lo que no merece un trato como el que
se le está dando aquí, más allá de lo que diga esta ley
; parece
ofensivo; no deberíamos aprobarlo todavía; hay que darnos un tiempo
razonable previo a la votación y, la cereza, declararse en sesión
permanente.
Ante tal panorama, el senador Gómez Urrutia subrayó que la Ley de
Minería no se ha tocado en 31 años ni modificado en ningún sentido; si acaso, para flexibilizar aún más a favor de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras
, y ante la decisión de que la sesión sea permanente advirtió que se
va a mezclar con los tiempos políticos y se puede complicar más. Es un
hecho que los grandes corporativos presionaron para que no se cambie
nada y los partidos de oposición se doblaron
.
Las rebanadas del pastel
Sigue la “persecución política (Santiago Creel dixit) contra los panistas en la alcaldía Benito Juárez: “el socio mayoritario del desarrollo City Towers, Dionisio N, denunció que entregó más de 43 millones de pesos al ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich …Un departamento para el suegro del diputado federal del PAN, Jorge Romero, para que el proyecto fluyera” ( La Jornada, Laura Gómez Flores).
Twitter: @cafevega
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