Mexico: La justicia y el dinero

 Lawfare en marcha

José Blanco

C

onforme avancemos hacia el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la derecha panpriísta hará lo que sea –lo que sea– para aparecer como opción política en 2024. Son parte de esa derecha los medios tradicionales escritos y digitales, que han golpeado sin descanso a la Cuarta Transformación (4T); los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal de los privilegios; los empresarios que operaron al amparo del poder público y, la mayor amenaza, el entero Poder Judicial de la Federación (PJ) y sus ramificaciones: la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura. Con sus 710 órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho de la República, se constituirá en casamata para actuar contra el proyecto de la 4T, por cuanto es una alternativa que se propone continuar cambatiendo los enormes privilegios que construyó el régimen neoliberal para los de arriba.

Esos cuatro ámbitos, medios, intelectuales orgánicos, empresarios y PJ, son heterogéneos pero, como la historia reciente de América Latina muestra con claridad, llegado el momento el PJ decide poner en marcha la lawfare; se produce entonces un cierre de filas entre los jerarcas y vastos contingentes de empleados de los cuatro ámbitos, para buscar destruir la opción política que ven como acérrima enemiga. Los mueven sus intereses y la defensa de sus privilegios. Con la posverdad en la lengua continuarán hablando de la amenaza contra la democracia. Para esos cuatro jinetes no hay más democracia que la de las élites.

La palabra lawfare es una fusión de las palabras law (ley) y warfare (conflicto armado o guerra). Lawfare se refiere al uso de la ley como arma de guerra política, para eliminar a un enemigo político, delegitimándolo o incapacitándolo. Cristina Kirchner, Rafael Correa, Lula o Evo, entre muchos otros, lo han vivido en carne propia. La comunidad jurídica internacional ha resumido sus tácticas: a) manipulación del sistema legal; b) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; c) uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas; d) abuso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario; e) promoción de acciones legales para desacreditar al adversario; f) intento de influir en la opinión pública; g) uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva; h) judicialización de la política: el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos; i) promoción de la desilusión popular; j) crítica a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado; k) uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario; l) acusación de inmorales e ilegales las acciones del enemigo, con el fin de frustrar los objetivos contrarios (Geraldo Carreiro de Barros Filho, Considerações sobre o Instituto do Lawfare).

Las situaciones límite de la lawfare se crean mediante un paciente y minucioso camino que empieza por afirmar el poder político del Poder Judicial, a través de sus decisiones judiciales. Especialmente por la legalización de aberraciones jurídicas. Pero también mediante gestos y actitudes, por ejemplo, la postura y discurso del pasado 5 de febrero, por parte de la señora que preside la Suprema Corte. Ha sido también abundante la desacreditación, destrucción o desvanecimiento de acciones del gobierno de la 4T, que buscan combatir la corrupción del régimen neoliberal, o desarrollar obras necesarias.

La exoneración de Rosario Robles es una muestra más. El amparo contra el bloqueo de las cuentas bancarias de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, otorgado por un tribunal colegiado, pese a que estaba denunciada en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita; el mismo beneficio otorgado al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna; el jueguito de la Suprema Corte, otorgando protección a funcionarios públicos y a los propios magistrados del Supremo tribunal que a sí mismos se asignan sueldos por encima de los que dispone la Constitución Política, entre cientos o miles de ejemplos más; todas claras advertencias sobre dónde está ubicado el PJ. No veremos de parte de los medios tradicionales, o de los viejos intelectuales orgánicos o de los empresarios referidos, señalamientos a los miles de laudos corruptos protegiendo a privilegiados o a delincuentes del pasado; sin faltar, ya se sabe, la golondrina que no hace verano.

El actual Poder Judicial fue en sus fundamentos obra del inefable neoliberal Ernesto Zedillo, que actuó con un antecedente de lujo, consumado por Carlos Salinas, quien promovió que dejara de ser delito grave la corrupción: para llenarse las buchacas con dinero malhabido; pero, frente al pueblo el Poder Judicial pierde fuelle cada día. Un nuevo régimen político pide a grandes voces un nuevo Poder Judicial, uno que no conspire con la lawfare. Nuevo gobierno, nuevos jueces.