Grecia: El alza de la inflación incrementa el ritmo de los enfrentamientos políticos
Antonis Davanellos
02/04/2022
La GSEE (Confederación General de Sindicatos del Sector Privado) y la ADEDY (Confederación General de Sindicatos del Sector Público) convocan una huelga general de 24 horas para el 6 de abril. La decisión de los aparatos sindicales parece ser un "cambio" en su orientación, la que estuvo hasta ahora marcada por la aceptación de las contrarreformas neoliberales.
Este llamado a la huelga -que, en esta ocasión, fue lanzado con la suficiente anticipación como para disponer de los medios necesarios para prepararla eficazmente- permite expresar el reciente renacimiento de la combatividad de la clase obrera que, en los últimos meses, ha sido evidente para quienes aún creen en el carácter central del movimiento obrero.
Además de los niveles "tradicionales" de movilización en los hospitales y las escuelas públicas -que persistieron incluso durante los peores días de la pandemia-, podemos destacar algunas victorias, como la huelga de los repartidores o la huelga de los estibadores del Pireo contra el gigante chino Cosco. Por otra parte, se produjeron advertencias, reacciones y una huelga masiva contra el intento del gobierno de privatizar las minas y fábricas que producen níquel y cobalto (empresa LARKO). Además, los trabajadores decidieron ocupar las principales instalaciones de LARKO para bloquear las entregas a los "compradores". La decisión de los agricultores de responder a los elevados precios de los insumos, con concentraciones que lograron bloquear las principales carreteras, muestra un potencial de movilizaciones populares más amplio que los (muchos)años anteriores.
Por supuesto, no se trata de hacernos ilusiones sobre la capacidad de los aparatos sindicales burocratizados para hacer frente a estos desafíos y a las tareas que suponen. Hay muchas dudas -muy justificadas- sobre su voluntad de hacerlo. Y aunque lo quisieran, no podrían. De hecho, la mayoría de los dirigentes sindicales del GSEE y de la ADEDY hace una década que permanecen inactivos. Han perdido todos los recuerdos de lo que significa organizar una huelga general masiva. Esa tarea les corresponde a las minorías radicales de los sindicatos que se mantienen activas y que, en su mayoría, están vinculadas a la izquierda política.
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A pesar de todo, el llamado a la huelga del 6 de abril fue dictado por la acumulación de una enorme presión sobre las condiciones de trabajo y de vida de las masas trabajadoras. Los últimos tres años fueron amargos para los trabajadores. El gobierno de Kyriákos Mitsotákis afrontó la pandemia aplicando la doctrina del "gasto mínimo", lo que llevó a los hospitales públicos al borde del desastre. Los desastrosos incendios forestales del verano pasado pusieron de manifiesto el desmantelamiento de todos los servicios públicos relacionados con la protección civil. Una experiencia similar a la provocada por el último invierno helado, que causó enormes sufrimientos a la población. Decenas de personas murieron en incendios domésticos o por inhalación de humo tóxico, cuando trataban de calentar sus casas con medios improvisados, ya que no podían pagar las elevadas facturas de electricidad o de gas natural.
En este contexto social se inició una nueva ola de subidas de precios sin precedentes, incluso antes de la invasión rusa de Ucrania.
Según datos de los organismos oficiales, la inflación alcanzó el 6,2% a finales de enero. A finales de febrero había subido al 7,2%. Según las previsiones de la comisión parlamentaria de finanzas, llegará los dos dígitos en los próximos meses o en las próximas semanas. Eso está devorando los ingresos de las clases trabajadoras y agotando la capacidad de los hogares para hacer frente a la situación. Al mismo tiempo, la inflación echa por tierra los planes presupuestarios del gobierno, basados en la estimación de que, para 2022, la inflación en Grecia se mantendría por debajo del... ¡2,5%!
El impacto real en la vida de la clase trabajadora es más dramático. Según las estimaciones del Instituto Laboral GSEE, la inflación del 6,2% en enero de 2022 supuso una pérdida del 14% del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las subidas de precios de los productos de primera necesidad (como los alimentos) fueron muy superiores al índice medio de inflación. A finales de febrero, el precio de la gasolina normal sin plomo superó los 2,2 euros por litro en la región del Ática, mientras que alcanzó los 2,5 euros por litro en las regiones más periféricas. Los precios de la electricidad y del gas natural aumentaron un 300%. Una simple "visita" al supermercado y a la gasolinera, o la llegada de las facturas de la luz, el gas y el agua significan un momento de angustia para la mayoría de los hogares populares.
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Ante la tormenta, el gobierno anunció algunas medidas para "apoyar" a los hogares precarios, unas medidas que fueron recibidas con sonrisas amargas. Para "apoyar" los costos de transporte, que se han vuelto muy costosos (pero que siguen siendo una obligación para los empleados), el gobierno prevé un subsidio de 13 euros al mes durante un periodo de tres meses (es decir, un total de 40 euros) por cada hogar con un ingreso anual combinado de hasta 30.000 euros [anuales]. Con estas medidas, Kyriákos Mitsotakis busca evitar cualquier debate sobre el control público de los precios (invocando la "libertad" del mercado y las condiciones de funcionamiento de las empresas) y, sobre todo, evitar la exigencia de aumentos significativos de salarios y pensiones.
Las jubilaciones están "congeladas" desde hace más de una década, con una pérdida del 40% de su valor real con respecto a 2010. En cuanto a la cuestión crucial de los salarios, el Gobierno tiene previsto aumentar el salario mínimo de los 663 euros actuales a 703 euros en mayo de 2022. Lamentablemente, la realidad que se esconde tras este miserable panorama es aún peor. En primer lugar, el salario mínimo se refiere a los trabajadores a tiempo completo, mientras que se sabe que en Grecia cerca del 30% de los empleados tienen trabajos a tiempo parcial (real o virtual) y sólo ganan una parte del salario mínimo. En segundo lugar, el tercer memorándum (firmado por el gobierno de Alexis Tsipras), que redujo la evolución ("escalonamiento") de los salarios a lo largo de los años de trabajo, condujeron a una gran parte de los ingresos de la clase trabajadora se acercara al nivel del salario mínimo.
El salario medio real en Grecia se redujo un 28% entre 2012 y 2018; así, un salario bruto, es decir, antes de impuestos y deducciones, de 1248 euros se redujo a un salario bruto de 898 euros. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 56% de los asalariados ganan menos de 900 euros (antes de deducir los impuestos) al mes, mientras que el 64% gana menos de 1000 euros.
La combinación de esta austeridad prolongada con la actual oleada de subidas de precios está siendo mortal para una parte importante de la clase trabajadora.
En mi opinión, este resorte helicoidal comprimido va a liberarse bruscamente. No sabemos si esto ocurrirá el 6 de abril, si será el inicio, pero sí sabemos que debemos poner todas nuestras fuerzas para que ocurra lo antes posible. Este factor va a determoinar la situación política. Se trata de una valoración que, poco a poco, va siendo compartida por el establishment y sus servidores.
Enfrentamientos e impases políticos
Precisamente antes de la invasión de Ucrania por parte de Putin, la orientación de Mitsotakis consistía en convocar elecciones anticipadas en mayo. La ley electoral (aprobada por el Gobierno de Tsipras poco antes de dejar el cargo) favorece la representación proporcional, por lo que, aunque el partido Nueva Democracia saliera vencedor, le resultaría imposible obtener suficientes votos como para formar solo un Gobierno de derecha. Por lo tanto, el plan consistiría en celebrar nuevas elecciones en junio, con la esperanza de que el partido de derecha pueda aprovechar la polarización sociopolítica. Así, también podría contar con los escaños extra (de bonificación) que se le otorgan al primer partido en virtud de una nueva ley electoral menos proporcional [que la aprobada bajo Tsipras] que entraría en vigor para las elecciones de junio. Este plan para un nuevo período de gobierno de cuatro años de Mitsotakis tenía y sigue teniendo el pleno apoyo de la clase dirigente.
Pero -como suele ocurrir- la vida real resulta más complicada. La caída del apoyo al gobierno se ve acelerada por el proceso inflacionario. Ahora, es muy posible que Nueva Democracia no consiga los votos suficientes para formar gobierno, ni siquiera en las elecciones de junio. Incluso los "escaños extra" de la nueva ley electoral decidida por Mitsotakis pueden no ser suficientes para asegurarle una mayoría de gobierno. Además, el partido de la derecha carece de posibilidades concretas de formar un gobierno de coalición. El recién elegido [en diciembre de 2021] líder del PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico), Nikos Androulakis, aceptaría difícilmente formar una coalición de gobierno entre Nueva Democracia y el PASOK. La única reserva política que le queda es la Solución Griega, un partido de extrema derecha formado en 2016, liderado por Kyriakos Velopoulos. Es una formación racista y nacionalista pequeña y poco fiable que surgió como una operación estrictamente electoral, carente de una base sólida. Algo que resulta aún más incierto, ya que ha adoptado una posición prorrusa en la crisis ucraniana.
Detrás de esta fachada de la política de partidos, los verdaderos problemas y dilemas políticos son mucho más complicados. Sabemos que cuando la economía europea estornuda, el capitalismo griego contrae una pulmonía. El impacto financiero de la guerra en Ucrania, la política energética, la renegociación del Pacto de Estabilidad Europeo son cuestiones que, tomadas en su conjunto, constituyen un campo minado para la clase dirigente griega.
La invasión de Ucrania por parte de Putin tiene un importante efecto secundario en nuestra región. Estados Unidos y la UE presionan ahora claramente para rehabilitar el ala sudoriental de la OTAN, paralizada por la escalada de la competencia greco-turca. Proponen que Grecia y Turquía trabajen rápidamente para alcanzar un "acuerdo". Pero la historia de la región indica que los episodios de conflicto más peligrosos se produjeron precisamente antes de que entrara en vigor el "acuerdo" propuesto por las grandes potencias en cada ocasión.
¿Sobre qué base pueden resolverse, aunque fuera temporalmente, los principales puntos de discordia entre los dos Estados del Egeo y del Mediterráneo Oriental? Dentro de los esfuerzos de las grandes potencias para lograr ese "entendimiento", ¿qué prioridad le será otorgada como recompensa a la estrategia griega constantemente pro-occidental (como Mitsotakis lo exige desesperadamente)? ¿Y qué prioridad tendrá el reconocimiento de la posición geopolítica crucial de Turquía, su gran población (y su ejército), como lo proyecta Erdogan en la nueva situación, tras la invasión rusa? El reciente encuentro entre Mitsotakis y Erdogan en Estambul, el 13 de marzo, lanzó este debate, pero la "discusión" entre los dos Estados no está aún madura para llegar a una conclusión.
Como decía el periódico (progubernamental) To Vima en su editorial del domingo 13 de marzo: en los próximos meses de mayo y junio, todos los líderes políticos internacionales estarán ocupados en negociaciones de importancia estratégica y sería absolutamente irresponsable por parte de los líderes políticos griegos el no hacer frente a esas tareas y optar por enfocarse en las batallas electorales.
Si, finalmente, las elecciones previstas para mayo-junio no tuvieran lugar, Mitsotakis se vería abocado a un agotamiento involuntario de su mandato, con unas elecciones que deberían realizarse en la primavera de 2023. En este caso, todas las perspectivas son posibles: un desgaste importante (para el partido en el poder) antes de las elecciones, que podría conducirlo a una derrota electoral aún más grave en 2023; el desmoronamiento del gobierno después de un enfrentamiento con un movimiento social renovado en los meses previos a las elecciones de la primavera de 2023; o la versión "intermedia" de una crisis política que estalle en la "cúpula" y que pueda suponer un desafío para la actual dirección de la derecha.
La política de Mitsotakis sobre la cuestión ucraniana está determinada por estas dificultades. Al gobierno no le basta con identificarse con la OTAN (recordando que facilita la crucial base militar de Alexandroupoli, en el noreste de Grecia) y con alinearse con la muy derechista política euroatlántica, sino que optó por utilizar ideológicamente la invasión rusa en su "guerra contra la izquierda" dentro del país, tratando de identificar a toda la izquierda política organizada con... ¡Putin!
El objetivo de este ataque, más allá de las organizaciones y partidos existentes, es el militantismo de los trabajadores en el sentido más amplio, esa fuerza a la que Mitsotakis tanto teme. Así, mientras que Putin consideró necesario atacar a Lenin y a los bolcheviques [su reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los ucranianos] para preparar su invasión de Ucrania, los intelectuales y periodistas de la derecha griega -con su objetivo de continuar el ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras a expresar la más mínima resistencia frente a las políticas gubernamentales y patronales- intentan convencer al "pueblo" de que... Putin es el sucesor natural de Lenin y denuncian las "ideas ingenuas y románticas de la revolución", así como todo tipo de revuelta de la clase trabajadora.
Ante tales barbaridades, SYRIZA contrapone la consigna de Alexis Tsipras de un gobierno "progresista-democrático". En la práctica, eso significa la posible formación de un gobierno de coalición entre SYRIZA y el PASOK después de las primeras elecciones, de acuerdo con la actual ley proporcional, una posible coalición gubernamental si estos dos partidos consiguen, juntos, reunir los 151 escaños necesarios. Está claro que un gobierno de coalición PASOK-SYRIZA sería un gobierno con mínimos compromisos para con los trabajadores y tendría una configuración que le abriría el paso a una política de traición aún más contundente que la de 2015. Un jhecho revelador es que SYRIZA y el PASOK, a pesar de la inminencia del plazo electoral, evitan contraer compromisos importantes, ¡o más bien no asumen ninguno! La comparación con el antiguo (y ya bastante moderado) "programa de Tesalónica" de 2013-14 -que incluía temas como el cese de los pagos de la deuda, la nacionalización de los bancos, el aumento de los salarios y las pensiones, etc.- resulta deprimente. Esto explica por qué, a pesar de las pérdidas constantes de influencia, el gobierno no ha sido capaz de hacer ningún progreso en esta área. Esto explica por qué, a pesar de la constante pérdida de influencia de Mitsotakis, SYRIZA sigue siendo incapaz de aglutinar una corriente política potencialmente amenazante y ambiciosa.
Queda un aspecto interesante: qué pasaría si el equilibrio de poder electoral quedara en un punto muerto. Las corrientes dominantes tienen una respuesta muy clara, aunque prefieren tener a Mitsotakis como primer ministro, no les sorprendería que fuera necesaria una "gran coalición" o -quizás- un Mario Draghi griego. Por eso, el presidente social-liberal del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, está siempre dispuesto a intervenir. Es interesante que Alexis Tsipras parezca estar dispuesto a adaptarse a esta perspectiva. La reciente incorporación de Giorgos Chouliarakis (ex secretario de Estado de Finanzas de SYRIZA y asesor personal de Tsipras) al personal más allegado a Yannis Stournaras -con el consentimiento público de Tsipras- es un mensaje revelador en este sentido.
Por lo tanto, la situación política en la cúpula no genera ninguna esperanza. Pero nuestro "pueblo de abajo" no ha dicho todavía su última palabra. Por eso, para nosotros, la huelga general del 6 de abril será una fecha importante. No como un objetivo final, sino como un punto de partida.
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