“Para el imperialismo yanqui o inglés, el valor económico de estas tierras sería mucho menor si con sus riquezas naturales no poseyesen una población indígena atrasada y miserable a la que, con el concurso de las burguesías nacionales, es posible explotar extremadamente.” (José Carlos Mariátegui, 1929)
El maestro rural Pedro Castillo, nuevo líder del partido Perú Libre sin trayectoria política previa, ha triunfado por un ajustado margen de 40.000 votos en la segunda vuelta de las elecciones peruanas frente a la derecha autoritaria y corrupta representada por Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Su candidatura tuvo un fulgurante recorrido desde un 3 % de la intención de voto en marzo, hasta convertirse en el candidato más votado en la primera vuelta de abril, con un 19 % de los sufragios.
La campaña para la elección presidencial fue probablemente la más sucia y enconada de las últimas décadas. Los medios de comunicación concentrados focalizaron su atención en la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, hija del ex dictador convicto Alberto Fujimori, la figura política que despierta más pasiones entre la población. Keiko, como familiarmente la llaman los medios de comunicación nacionales, contó con el respaldo de toda la clase política tradicional, que votó de forma muy fragmentada en la primera vuelta del 11 de abril. La candidata de Fuerza Popular obtuvo solo el 13 % de los votos, una magra representación que aun así la colocó en situación de encabezar el bloque liberal-conservador en la segunda vuelta.
Una campaña feroz y desigual
Por activa o por pasiva, Keiko Fujimori contó en la segunda vuelta con el apoyo de casi todos los medios de comunicación, en algunos casos respaldando abiertamente su candidatura, en otros exhibiendo una falsa neutralidad que de hecho invisibilizaba el programa de Perú Libre o, peor aún, demonizaba sus propuestas sin llegar a analizarlas.
En el orden de las alianzas políticas de gran calado, la candidata derechista recibió el apoyo de los presidentes del grupo de Lima (los gobiernos del continente concertados con Estados Unidos para desestabilizar Venezuela) y de la internacional neoliberal que encabeza el peruano-español Mario Vargas Llosa, quien en estas elecciones dio un vuelco de 180 grados en su valoración de la familia Fujimori. En septiembre de 2014, Vargas Llosa declaró que nunca respaldaría a Keiko Fujimori como candidata a la presidencia por ser “la hija de un asesino y ladrón”. El polémico premio Nobel de literatura lo justificaba añadiendo que “lo primero que va a hacer (de llegar al poder) es sacar a (Alberto) Fujimori (de la cárcel), que es quien dirige su campaña, quien sería en cierta forma electo si gana las elecciones”.[i] En su única incursión en política, en 1990, Vargas Llosa perdió las elecciones peruanas frente a Alberto Fujimori, que obtuvo el 62,50 % de los votos en la segunda vuelta.
Más allá de antipatías personales, Vargas Llosa comparte con Fujimori el credo del neoliberalismo económico y el darwinismo social como dogmas de la gestión del Estado. No sabemos qué hubiera ocurrido ante un eventual gobierno de Vargas Llosa. Sabemos que Alberto Fujimori, a lo largo de sus dos gobiernos -un período llamado la década infame- ejecutó una política criminal en materia de derechos humanos, y que se produjeron cerca de 70.000 muertes en el juego cruzado entre el Ejército y Sendero Luminoso, casi todas ellas resultado de masacres de campesinos e indígenas perpetradas por ambas partes. Además, su gobierno fue el más corrupto de la historia peruana, según constata Alfonzo Quiroz, autor de una completa Historia de la corrupción en el Perú, quien afirma: “Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el período colonial”.[ii] Quiroz ha llegado a cuantificar el impacto económico del fenómeno, y en este período estima el costo de la corrupción en el 50 % del gasto público y un 4,5 % del PIB nacional. Ingentes recursos que se hurtan al desarrollo socioceconómico del país.
A partir de entonces, la economía de la corrupción se enquistó profundamente en el Perú a través de una alianza entre dirigentes políticos, altos mandos militares y otros funcionarios del Estado, especialmente del poder judicial. En las elecciones de 2016, Mario Vargas Llosa respaldó al candidato ultraliberal Pedro Pablo Kuczynski (Partido PPK), quien en marzo de 2018 se vio obligado a dimitir por corrupción. Sustituido por su vicepresidente Martín Vizcarra, este también fue depuesto por el Congreso en noviembre de 2020, y tras declarar su vacancia le sucedió en el cargo el no menos corrupto presidente del Congreso, Manuel Merino. Su presidencia apenas duró cinco días, forzado a dejar el cargo por el estallido social que derivó en la elección de un presidente de transición, Ignacio Sagasti, a fin de convocar elecciones y renovar un Congreso en el que la corrupción se había institucionalizado.[iii]
Fujimori y Vargas Llosa
Tras la primera vuelta electoral de abril de 2021, Keiko Fujimori se presentó como el muro de contención de una izquierda que podía trastocar todo el escenario político. Aunque Pedro Castillo no alardea de sus ideas de izquierda y nunca se ha definido como “comunista” (tal como aparece en la agresiva propaganda en su contra en redes sociales y afiches), las élites limeñas temen y rechazan su victoria porque representa el despertar de la América indígena y mestiza, la incorporación del Perú profundo a la toma de decisiones políticas; y porque asume la exigencia de una nueva distribución de la riqueza frente al saqueo del país por parte de las multinacionales extractivistas y una legislación que comprometa a las empresas a conceder derechos sociales. Su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, declaró en campaña que su gobierno destinaría un 10 % del PIB a Educación y otro 10 % a Salud.[iv] Una inversión social de esta magnitud supone una conmoción en un país que ya no podrá dilapidar sus recursos “aceitando” la economía con el combustible de la corrupción. Y por supuesto supondrá también un aumento de la presión fiscal sobre los sectores de mayores recursos, cuyos tipos impositivos están entre los más bajos del continente.
Keiko Fujimori está procesada por financiación ilegal de su partido en dos campañas de elecciones anteriores, que también perdió en segunda vuelta. Hizo esta última campaña con autorización judicial, tras habérsele notificado en marzo una orden de prisión preventiva. A fin de abril, tras conocerse el resultado de la primera vuelta, Keiko Fujimori fue invitada a participar en el foro 'Desafíos de la Libertad' por Mario Vargas Llosa, convocado en Quito por la Fundación Internacional para la Libertad que preside el escritor. Fujimori intervino por videoconferencia y escuchó encantada los buenos augurios del viejo adversario: “Es muy importante la situación tuya en estos momentos -le dijo Vargas- porque estás enfrentando a un adversario que puede acabar con la libertad en el Perú”.[v]
En las encuestas realizadas tres semanas antes de las elecciones, Perú Libre aventajaba en casi un 6 % de los votos a Fuerza Popular. Ante esta clara ventaja de Pedro Castillo en los sondeos, Vargas Llosa hizo un dramático llamado al voto por Fujimori para “salvar al país del peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo”. La cusqueña Verónika Mendoza, la candidata presidencial de Nuevo Perú / Juntos por el Perú, que brindó su apoyo a Castillo en la segunda vuelta, respondió con dureza: "Hemos escuchado al señor Vargas Llosa insinuando un golpe de estado, invocando a las fuerzas del orden a que perpetren un golpe de estado si el señor Castillo gana. Un discurso claramente antidemocrático, dictatorial y muy peligroso. Eso es lo que tenemos al frente".[vi]
La distancia entre ambos candidatos se fue estrechando a medida que el bloque conservador acentuó su campaña del miedo, divulgando machaconamente que el país se encontraba ante la doble amenaza de un quiebre económico y de la llegada “del comunismo”. Se intentó vincular a Castillo, disparatadamente, con Abimael Guzmán, el delirante líder de Sendero Luminoso apresado por Fujimori en 1992. El recurso más usado en campaña contra los dirigentes de izquierda para denigrarlos fue llamarlos terrucos, es decir, terroristas o simpatizantes con las ideas políticas de Sendero Luminoso. Ya es habitual conjugar el verbo “terruquear” para denominar a esta forma grosera de hacer campaña, generalmente desde el anonimato de las redes o a través de periodistas serviles.
El 23 de mayo, a dos semanas de la segunda vuelta, una derivación de Sendero Luminoso (reconvertida en narcoguerrilla) irrumpió en la campaña con un atentado en el que masacró a 18 personas, incluidos dos niños, en locales nocturnos de una zona del departamento de Junín dominada por narcotraficantes. Los asesinos distribuyeron panfletos llamando a no votar en las elecciones, y también a votar en contra de Keiko Fujimori. Después del atentado, la candidata de la derecha trepó cinco puntos en las encuestas, hasta situarse a solo un punto de distancia de Pedro Castillo (49,5% frente a 50,5%).
El maestro nombrado presidente
Nacido en el poblado de Puña del departamento de Cajamarca, Castillo ejerció la docencia durante más de 20 años en la escuela primaria de su lugar natal, que cuenta con poco menos de 400 habitantes. Destacó como sindicalista en 2017, año en el que dirigió un paro docente que se prolongó más de dos meses, y fue elegido presidente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), y después fue Secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP).
Aunque en 2002 hizo una breve incursión en la política, presentándose como candidato a la alcaldía de Aguía por Perú Posible, no formó parte de ninguna estructura partidaria hasta enero de 2021, cuando se incorporó a Perú Libre con otros miembros de su embrionario “partido de maestros” con el fin de aspirar a la presidencia.[vii]
Contra la corriente de los medios hegemónicos, en pocos meses supo conectar con esa población eternamente postergada del Perú profundo, indígena y mestizo, que siempre estuvo ausente de la agenda política nacional. José Pedro Castillo es uno de ellos, el que enarbola la clamorosa exigencia de hacerse visibles para el resto del país y para el mundo. Él habla el lenguaje de su pueblo y alimenta sus esperanzas contra todo pronóstico. Por eso es subestimado y tratado de incompetente por ciertos periodistas limeños, dignos portavoces de las élites desconcertadas ante el meteórico ascenso del candidato al que no asignaban ninguna posibilidad. Se daba por descontado que la cusqueña Verónika Mendoza, histórica candidata de la izquierda al frente de Nuevo Perú, sería quien pasase a la segunda vuelta. Nadie imaginaba el ascendente que podía cobrar un nuevo liderazgo inesperado, ajeno a la corrupción generalizada del sistema político y en sintonía con el deseo de cambio del pueblo llano.
Los medios oligárquicos intentaron colgar a Castillo el sambenito de marxista-mariateguista-leninista, un combinado ideológico por supuesto inexistente. Su praxis política es perfectamente compatible con el pensamiento del precursor José Carlos Mariátegui, quien desde un enfoque marxista situado preconizó hace un siglo la lucha por la justicia y los derechos de los indígenas y olvidados. Pero Castillo no hace alarde de teoría política ni necesita invocar celebridades para que se comprenda su mensaje.
Con el triunfo de Castillo se produce la irrupción de lo popular en un mapa político hasta ahora acotado al centralismo clasista de Lima como lugar exclusivo del poder. Pedro Castillo conquistó la presidencia en tiempo record con un partido de arraigo regional, creado por el ex gobernador del departamento de Junín, el marxista Vladimir Cerrón, profesor de neurocirugía. Con el triunfo del nuevo líder cajamarquino, el centro de gravedad político se desplazó bruscamente desde los palacios hasta las laderas de los cerros y los montes. El voto índigena, mestizo, mulato y zambo no pudo ser manipulado con el bombardeo de mensajes alarmistas.
Todo el sur del país, de mayoría quechua y aymara, lideró este voto de protesta, así como las demás regiones de la Sierra andina. Los criollos que dominan la política de Perú desde la independencia se resisten ahora a este desplazamiento del poder estatal, que pasa de la defensa de los intereses de la élites blancas globalizadas a la gestión consciente de los recursos públicos, atendiendo a la diversidad de exigencias del campo popular.
Una elección muy disputada
No es la primera vez que el desenlace de unas elecciones muestra un Perú dividido entre dos candidatos por mitades casi iguales. Los resultados fueron también muy disputados en la segunda vuelta de las presidenciales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynsky triunfó por un ajustado margen de 40.000 votos, con el 50,12 %, frente a la misma Keiko Fujimori que alcanzó un 49,88 %. Aunque la segunda vuelta se disputó entonces entre partidos de derecha, Keiko Fujimori no reconoció la victoria de su contrincante, y solo admitió el resultado cuando intervino como mediador el embajador de Estados Unidos. No obstante, el fujimorismo boicoteó a ese gobierno ideológicamente afín (neoliberal) de Kuczynsky desde su mayoría en el Congreso, hasta forzarlo a renunciar en 2018, al conocerse su implicación en la trama Odebrecht, por la que también es investigada Keiko Fujimori.
En esta segunda vuelta, Keiko Fujimori aventajaba a Pedro Castillo en varios puntos al promediar el recuento de votos. La distancia se fue acortando con la llegada del voto rural, mayoritario para Perú Libre, hasta que la tendencia se invirtió y empezó a consolidarse una diferencia cada vez mayor a favor de Castillo, que luego se volvió a estrechar por el voto del exterior. Finalizado el cómputo, el resultado fue de 50,12 % de los votos para Perú Libre, y 49,87 % para Fuerza Popular, con una diferencia de apenas 44.000 sufragios (el 0,25 % de los votos emitidos).
A pesar de la campaña feroz en su contra, Castillo consiguió conectar con las necesidades y expectativas de los votantes. El nuevo líder de la izquierda peruana ha formulado la necesidad de acabar con un modelo económico extractivista, que empobrece y provoca devastación ecológica para la población local. La propaganda contraria a su candidatura afirmó que su política espantaría a los inversores, aumentaría la desocupación y causaría inflación. Este discurso caló en la mayor parte de la clase media peruana y en sectores populares de zonas urbanas, o entre emigrantes muy influenciados por la información manipulada que circula a través de los medios y las redes sociales.
Perú Libre se impuso abrumadoramente en el interior del país, principalmente en toda la región andina. En varios departamentos de la Sierra (andina) arrasó con más del 80 % de los sufragios: Cusco, Apurimac, Huancavelica, Ayacucho y Puno. El resultado en este último departamento, que limita con Bolivia y comparte con ese país la extensa altiplanicie del lago Titicaca, fue el más favorable al candidato de izquierda (89 % de los votos), próximo en su ideario, cultura e idiosincrasia al proyecto político desarrollado en ese país por el hermano aymara Evo Morales. En toda la región andina del sur de Perú, el candidato de Perú Libre obtuvo incluso más votos que en su norteño departamento de Cajamarca (71 %).
En cambio, la votación le fue adversa en la ciudad de Lima, que equivale a una tercera parte de la población nacional, donde Fujimori obtuvo dos tercios de los votos. En algunos distritos selectos de la capital peruana, como Chorrillos y San Isidro, Keiko Fujimori superó el 80 % y 90 % de los votos, respectivamente. También fue mayoritario el voto de derecha en otras ciudades de la costa, como por ejemplo en El Callao y Trujillo. En el exterior, el recuento arrojó también dos tercios de los votos (200.000) para Fujimori y poco más de un tecio (102.000) para Castillo.
La reacción autoritaria de la derecha
Días después, al verse derrotada por escaso margen, Keiko Fujimori declaró que se había producido un “fraude sistemático”. Sin presentar pruebas, impugnó el recuento de votos en 802 mesas, en una maniobra de dilación demasiado obvia. Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que en las elecciones de 2016 hubo 29 mesas impugnadas y que, dada la cantidad “extraordinaria” de mesas observadas en esta ocasión, resultaría difícil cumplir los plazos legales. Esa misma noche Salas denunció perturbaciones causadas por manifestantes ante la sede del JNE y también (“lo que está peor”) en su domicilio.[viii] Pese a esta denuncia, las presiones del fujimorismo surtieron efecto. Al día siguiente el JNE acordó ampliar el plazo para presentar nulidad de actas, una decisión que hubiera sido inconstitucional y que finalmente no prosperó. Horas más tarde, el JNE volvió a reunirse para anular la medida previamente adoptada.
Mientras los exaltados fujimoristas presionaban a las autoridades electorales, un fiscal encargado del caso Odebrecht requirió aplicar la prisión preventiva a Keiko Fujimori, argumentando que había incumplido “con la restricción de no comunicarse con los testigos”. La hija del dictador convicto afronta una petición del fiscal de 30 años de prisión por financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016.[ix] Keiko Fujimori habló de una maniobra judicial en pleno recuento de votos, pero la solicitud está plenamente justificada. Uno de esos testigos es el jefe de su campaña electoral, Miguel Torres, con quien conversa en público todos los días. El abogado penalista Rafael Chanjan ha señalado que el comportamiento de Fujimori “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún con los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.[x]
Mientras tanto, los bufetes de abogados de Lima, representantes de los intereses de los votantes de Fujimori, acumularon la presentación de denuncias ante la justicia electoral, y se produjo una retirada masiva de fondos del sistema bancario que generó una devaluación del sol respecto al dólar.
El acoso de la derecha en las calles durante el recuento de votos no se limitó a los funcionarios del JNE. La campaña afectó al director del diario La República, Gustavo Mohme,[xi] y los ataques se lanzaron también en redes sociales contra conocidos personajes y activistas contrarios a Fujimori. Sus promotores difunden fotografías de intelectuales, artistas, políticos, periodistas y juristas a los que acusan de "arruinar la vida de todos los peruanos". Alientan a sus seguidores a conseguir los teléfonos y direcciones de esas personas para "que tengan que irse del país como muchos otros peruanos van a tener que hacerlo".[xii]
La situación procesal de Keiko Fujimori es una metáfora caricaturesca de la situación actual del país: posicionada en la primera fila de unas élites corruptas, que no aceptan la regeneración de la democracia en Perú, de su victoria o fracaso electoral depende mucho más que su futuro político, ya que en caso de perder las elecciones correría la misma suerte que su padre, arquitecto de la dinastía que gobierna la política peruana entre bastidores desde hace décadas, a pesar de permanecer entre rejas.
Fujimori capitaliza ahora la furia de las multitudes exaltadas y manipuladas con la idea de que hubo un inexistente fraude electoral, siguiendo el patrón aplicado en 2019 por la derecha golpista boliviana. Es una forma de incendiar el país y también una precondición para imponer un gobierno tiránico. Algunos miembros del Congreso, encabezados por el Almirante Jorge Montoya -ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ahora congresista por Renovación Popular (RP)-, se pronunciaron abiertamente por desconocer el resultado del proceso electoral, lo que equivale a promover un golpe de Estado.[xiii]
A esta situación le siguió un pronunciamiento de ex altos mandos militares en retiro, instigando a la rebelión en caso de que el JNE proclame el triunfo de Pedro Castillo. “Creemos que las fuerzas armadas no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude”, expresan en una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sin aportar más pruebas que los dichos de la prensa. La carta la firman alrededor de 400 oficiales en retiro del Ejército, 600 de la Marina y 300 de la Fuerza Aérea, incluidos ex comandantes del Ejército y del Comando Conjunto.[xiv]
Entre las fuerzas políticas internacionales que llaman a desconocer el resultado electoral favorable a Castillo destaca el partido de ultraderecha Vox, que presentó una propuesta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados de España a fin de “promover el desarrollo de las acciones internacionales necesarias” para inmiscuirse en el resultado electoral de Perú, que es solo competencia del JNE. El propio Abascal se ha involucrado personalmente difundiendo su interés al respecto, en la “primera cumbre de resistencia a las dictaduras narcocomunistas y terroristas de Iberoamérica” a la que convocó su partido a mediados de junio. Uno de sus aliados es el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que se reunió en Lima con el vicepresidente de Vox, Víctor González. Tanto Rafael López Aliaga como el almirante Jorge Montoya han firmado la Carta de Madrid promovida por la Fundación Disenso del partido ultra.[xv]
Algunas dificultades que afrontará el nuevo gobierno
El gobierno de Pedro Castillo deberá contar con un Congreso mayoritariamente adverso y tendrá grandes dificultades para conseguir que sus leyes prosperen. El fujimorismo buscará por todos los medios a su alcance declarar -una vez más- la vacancia presidencial. Perú Libre es la primera minoría pero tendrá que constituir alianzas para poder legislar, ya que solo cuenta con 37 congresistas sobre 130 escaños. Sin renunciar a su programa social, el líder de Perú Libre se mostró conciliador con los sectores que, aún habiéndose inclinado por Fujimori en la segunda vuelta, son contrarios al autoritarismo de Fuerza Popular y sus compañeros de viaje.
En los primeros días de junio, el nombramiento como asesor económico de Pedro Francke -experto en políticas sociales y ex asesor del Banco Mundial- quiso enviar un mensaje de calma a los agentes económicos sobre la profundidad de los cambios que realizará el presidente electo. Francke formuló toda una declaración de intenciones en un artículo publicado el 12 de junio:[xvi]
“Cambios fundamentales son, en primer lugar, una economía cuyo centro son las economías populares, familiares, y por eso la generación de empleo es un objetivo central. […] Cambiar esta situación es un reto grande. Significa una gran reorientación de la política económica. Pero también requiere entender que no se trata de estatizar ni expropiar […]. También significa reconocer la gran importancia de los mercados, que permiten recoger las preferencias de los consumidores y, donde hay una buena competencia, promueven la eficiencia e innovación de los productores. A su vez, un buen funcionamiento de los mercados requiere de estabilidad monetaria; que la inflación esté controlada y el dólar estable.”
Estas declaraciones merecieron una llamada de atención desde la dirección política de Perú Libre. El secretario de organización del partido del lápiz, Arturo Cárdenas, aseguró entonces que “no iba a haber ninguna moderación” respecto de las propuestas centrales del plan de gobierno, tales como la nacionalización de los hidrocarburos y la minería, o la Asamblea Constituyente. El propio Vladimir Cerrón expresó su malestar en un tuit: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”.[xvii]
Un importante desafío del partido Perú Libre tras las elecciones será poner orden en casa para cuidar la imagen que proyecta como partido. Vladimir Cerrón, el fundador y secretario general que invitó a Castillo y al grupo de maestros afines -14 de ellos elegidos congresistas- a utilizar su estructura partidaria en estas elecciones, no pudo presentarse en las listas (como vicepresidente segundo) por haber sido condenado en marzo a prisión, en un proceso por supuesto pago indebido de obra pública. La acusación se remite a cuando era gobernador del departamento de Junín, cargo al que se vio obligado a renunciar. Sin embargo, a pesar de su condena a prisión en firme, hay que analizar esta situación en el contexto de un sistema judicial que en varios países latinoamericanos se caracteriza por el recurso sistemático al lawfare contra los dirigentes de gobiernos y partidos progresistas. Valdimir Cerrón deberá despejar cuanto antes si tuvo alguna responsabilidad en los hechos que se le imputan, dada la vulnerabilidad que esta situación ofrece para las campañas de desprestigio de la formación política.
El lawfare parece en cualquier caso haberse instalado como parte de la estrategia de la derecha para deslegitimar el resultado de las elecciones. El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, lamentó recientemente que un fiscal especial del caso Odebrecht le haya prohibido salir del país al día siguiente de haber afirmado que Pedro Castillo era “presidente electo”. Y el 17 de junio, cuando ya hay pronunciamientos de golpe de Estado para oponerse al triunfo de Castillo, se conoce que Arturo Cárdenas, secretario nacional de Perú Libre, es investigado por supuestos vínculos con una “organización criminal” dedicada a percibir comisiones a cambio de facilitar los trámites de licencias de conducir. Una trama delictiva denunciada en el departamento de Junín desde 2011, investigada por la Fiscalía a partir de 2019, y que estalla judicialmente en plena disputa por la proclamación del candidato que ha ganado las elecciones, en un claro intento de proyectar una imagen de Perú Libre como un partido envuelto en la corrupción.
El aspecto más polémico de las propuestas políticas formuladas por Pedro Castillo en campaña es la ausencia de un enfoque de género en su programa de gobierno. Desde una mirada de la familia muy tradicional, también se manifestó contrario a legalizar el aborto y consideró “peor todavía” el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras declaraciones se ha mostrado “transfóbico” y contrario a introducir como tema de educación escolar la existencia de personas LGTBI. A pesar de estas actitudes, personas como Gahela Cari, activista trans y ex candidata de Juntos por el Perú, llaman a realizar un voto crítico a favor de Pedro Castillo, a quien consideran “el mal menor” frente a Fujimori: “El fujimorismo es desprecio por la vida de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres; por eso, son el enemigo más grande.” En cualquier caso, ese apoyo crítico “significa que si gana Castillo, no me voy a quedar sentada a ver cómo los cambios caen del cielo; o como el señor nos da o nos quita derechos [...] y significa que voy a seguir enfrentando el machismo, la homofobia, la transfobia y todas las formas de discriminación, vengan de dónde vengan, así sean del machismo de militantes de derecha o de izquierda”.[xviii]
Las expresiones del líder de Perú Libre que denotan conservadurismo moral fueron a veces descontextualizadas y explotadas en campaña para alejar de su proyecto político a sectores progresistas con mayor presencia en centros urbanos. Este es el caso de los votantes del Partido Morado, que incluye el enfoque de género en su programa. Y su principal aliado en la segunda vuelta, Juntos por el Perú, el partido que dirige la feminista Verónika Mendoza, quien ejercerá su contrapeso con perspectiva de género dentro del nuevo gobierno. Tildada de “abortista” por el sector más reaccionario de la Iglesia,[xix] Mendoza fue estigmatizada durante la primera vuelta de la campaña electoral por su defensa del enfoque de género en la educación. Es de esperar que con su aportación humana al equipo de Castillo consiga moderar la gestión del gobierno en este aspecto, acordando una agenda de género progresista.
El triunfo electoral de Pedro Castillo puede representar el final de una etapa de degradación extrema de la política peruana. Y podría ser el inicio de un saneamiento general del ejercicio de la función pública. Para desesperación de las élites corruptas, un humilde maestro de origen campesino enfrentó con éxito a toda la maquinaria bien engrasada de la propaganda ultraconservadora, alzando como símbolo de su lucha un lápiz y convocando al pueblo en la calle. Supo fijar sus prioridades recogiendo las necesidades elementales de la gente, siempre pospuestas por los sucesivos gobiernos, y explicó su programa de gobierno en términos sencillos y creíbles, sin falsas promesas populistas y sin recurrir a los discursos utópico-teóricos que caracterizan a gran parte de la izquierda tradicional. Dependerá de su coherencia al asumir la presidencia el que pueda conservar y acrecentar, o no, ese prodigioso capital político que el pueblo peruano ha puesto en sus manos.
[ii] Historia de la corrupción en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2019 (1ª edición 2013).
[ix] En marzo de 2021, el fiscal del equipo especial que se ocupa de la trama Odebrecht solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
