Más de 3.500 mujeres asesinadas desde que comenzó la pandemia
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que desde que comenzó la pandemia más de 3.500 mujeres fueron asesinadas en México y algunos de estos crímenes fueron clasificados como homicidios, a pesar de que por sus causales apuntan a ser feminicidios.
Durante el conversatorio virtual «Alto a la criminalización de la protesta y a la persecución del movimiento feminista», la legisladora puntualizó que se comete un promedio de 11 feminicidios diarios y, a pesar de ello, las protestas en contra de estos delitos son criminalizadas y estigmatizadas socialmente.
«Hay una enorme indignación por la forma en que fueron reprimidos los manifestantes frente al palacio municipal de Cancún, a pesar de que había mujeres, prensa y observadores de derechos humanos. Alexis, la mujer asesinada por quien protestaban, tenía 20 años de edad y su cuerpo fue encontrado desmembrado», dijo.
La también coordinadora de la Subcomisión de Atención al Feminicidio de la Comisión de Justicia cuestionó el por qué se están dando hechos de represión y abuso de fuerza que violentan los derechos humanos y señaló que deben ser sancionados.
Además, agregó, se ha comenzado a usar término de «feminazi» en contra de quienes participan en estas manifestaciones, a causa de la estigmatización del movimiento, porque se rayó algo y se olvida del fondo del problema.
«Más allá de la manifestación, se debe ver qué es lo que motiva esta violencia tan cruel contra ellas», subrayó.
Consideró que el modelo de mando único está demostrando sus deficiencias, ya que ante hechos como los ocurridos en Cancún se tiran la bolita y se diluyen las responsabilidades. El mensaje a la sociedad es la impunidad y que la violencia permanente no le está interesando al Estado mexicano.
Hizo notar que «el cuerpo de la mujer se ha convertido en un territorio de apropiación, tema que también existe con los niños; en ambos casos no se les ve como sujetos autónomos y con derechos, sino como una extensión del patriarca».
La diputada Villavicencio Ayala señaló que las autoridades se ven entre los disgustos y exigencias de quienes protestan, como en este caso las mujeres que piden acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, y quienes exigen que se aplique la ley.
Sin embargo, «no se van a validar actos de represión en contra de quien ejerce su derecho a la manifestación. Se ha establecido un culto a la violencia desde la sociedad», puntualizó.
Se criminalizan las demandas femeninas
Silvia Edith Chuc Aburto, investigadora, docente y activista por los derechos humanos de las mujeres, afirmó que las demandas de las mujeres se criminalizan y legitiman, en una clara señal de discriminación institucional que alienta más agresiones. Por ello, «se levanta la voz para exigir que nos dejen de matar y no se justifique en los discursos la violencia sexual».
«Es terrible la respuesta a manifestarte porque no quieres que sigan matando y violando mujeres sea la agresión, que socialmente se legitima por las redes sociales, al prevalecer una mirada misógina sobre lo que las mujeres deberían ser. La sociedad justifica el uso desmedido de la fuerza donde no existe el diálogo en torno al movimiento feminista», aseveró.
Falta mucho para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos que promueve y exige el movimiento feminista, al cual se le criminaliza porque se sale del canon de la feminidad que implica que las mujeres se queden calladitas y prevalece un discurso mal entendido permeado de prejuicios, malas prácticas, machismo y una cultura de violencia que generan una resistencia social e institucional para acceder a la justicia y detener los feminicidios, apuntó.
Indicó que todavía se concibe a la mujer como una propiedad patriarcal intercambiable, idea que se extiende a toda la sociedad y permea las instituciones y las leyes, provocando una violencia institucional sistémica. «La sociedad se indigna porque se raye un monumento, pero no se indigna cuando una mujer es violada, calcinada, violentada o muerta».
Incapacidad del Estado y falta de protocolos
Mariana Belló, integrante de Gobernanza Mx y de la Red Feminista Quintanarroense, planteó dos perspectivas en torno a la represión de mujeres en la manifestación en Cancún: la incapacidad del Estado y falta de protocolos frente a una protesta para exigir justicia o que la reacción de represión haya sido planeada, a fin de alentar un ambiente enrarecido respecto al inicio anticipado del proceso electoral en Quintana Roo.
Mencionó que existe una «normalización» de la violencia contra las mujeres debido al dominio y apropiación de su cuerpo a través de la represión, manotazos y balas. Denunció agresiones sexuales en contra de las manifestantes detenidas en Cancún. La violencia contra las mujeres es insostenible, aún se les exige que «sigan bien portadas y abran espacios por las buenas, pero se llevan décadas haciéndolo y la situación se agrava», apuntó.
Sostuvo que «ante la violencia existente los medios de comunicación tienen mucho que hacer y aprender sobre el periodismo con perspectiva de género, porque siguen exhibiendo fotos e imágenes de los feminicidios sin respetar a la víctima».
La juventud masculina aún no tiene otra perspectiva en torno a las mujeres; al contrario, replica conductas machistas, por lo que debe trabajarse en otro tipo de educación, propuso.
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