Política pública para el bienestar
econocer que América Latina se encontraba en un momento difícil antes del Covid-19, ya que había un lento crecimiento económico, una creciente y amenazante desigualdad e importantes problemas ambientales, lleva ineludiblemente a aceptar que ante el duro embate de la pandemia resulta imperativo lanzar una nueva estrategia económica, sostenida por pactos políticos que incorporen una amplia y variada participación social. De acuerdo con esta propuesta de la Cepal, lo que debe estar en el centro de estos esfuerzos es la construcción de un estado de bienestar que garantice acceso universal a un sistema de salud público; que se apoye en una nueva fiscalidad redistributiva; ofrezca mejores bienes y servicios públicos; con sostenibilidad ambiental, y que genere recursos para que se incremente la inversión pública y privada.
La lentitud del crecimiento ha estado presente hace tiempo. La economía latinoamericana fue duramente golpeada por la crisis de 2007-08, provocada por las hipotecas subprime y por su subsecuente titulización. El mundo fue sacudido y América Latina se cimbró. Por esta razón, en el decenio posterior (2010-2019), la región disminuyó su tasa de crecimiento de 6 a 0.2 por ciento anual. Esta caída, además, se agudizó en el lustro final (2014-2019), en el que el crecimiento de 0.4 por ciento, fue el menor desde la década de los 50 del siglo pasado. En relación con la desigualdad, es conocido que nuestra región ha sido puntera mundial en concentración del ingreso y la riqueza. Un dato ilustra esta aguda desigualdad: el quintil más pobre de la región, según los datos del LAC Equity Lab, percibió en 2018 alrededor de 4 por ciento de los ingresos totales en sus respetivos países, en tanto que el quintil más rico capturó cerca de 56 por ciento del ingreso nacional. Así las cosas, el 20 por ciento más rico de los latinoamericanos se apropió 14 veces el ingreso del 20 por ciento más pobre.
La crisis provocada por el Covid y el confinamiento que padecemos ha agudizado los problemas. El PIB regional se contraerá 9.1 por ciento este 2020, lo que será su peor caída en toda la historia latinoamericana. Esta situación crítica debe ser contenida rápidamente, ya que de persistir por rebrotes bruscos o por cualquier razón, pudiera llevar a una crisis alimentaria y humanitaria como las que hemos visto en África. Un indicador relevante es la tasa de desempleo que, según previsiones de la Cepal, aumentará 5.4 puntos porcentuales, lo que provocará que el número de pobres pase de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020. De modo que 37.3 por ciento de la población latinoamericana estará en situación de pobreza y el 15.5 estará en condiciones de pobreza extrema.
A este panorama hay que incorporar los conflictos políticos que se vienen presentando en América Latina. En general, el descontento se concentra en el rechazo al modelo económico neoliberal, que puso en el centro una cultura del privilegio, que en esta crisis sigue estando presente en múltiples manifestaciones. Los bancos, por ejemplo, se niegan a reconocer que muchos de sus acreditados perdieron su empleo y, por ello, tendrán dificultades para cumplir con sus compromisos de pago. Consecuentemente, estos acreditados requerirían que sus acreedores generen programas de apoyo que les den oportunidad de disminuir pagos actuales, a través de reducciones reales del costo del crédito. Sin embargo, los bancos se han negado a proponerlos, ya que sus utilidades han disminuido, no desaparecido o pasado a números negativos. Así que mientras unos pierden su fuente de ingreso, otros siguen acumulando utilidades.
En estas circunstancias, los gobiernos latinoamericanos han tenido que enfrentar una crisis de salud inesperada, que se prolonga y cuyo término no parece claro. Hay diversas respuestas para contener los múltiples impactos, pero frente a su prolongación resultan urgentes acciones públicas eficientes y, lo que es de vital importancia, que escuchen a las distintas voces. Los grupos sociales organizados, como los de mujeres, indígenas, u otros, deben contribuir a la definición de las políticas públicas que son socialmente necesarias. Proponerse fundamentar socialmente nuevas acciones, permitiría renovar las estructuras de nuestras democracias que, para importantes contingentes sociales, no están siendo útiles.
Replantear la definición y operación de las políticas públicas para la recuperación económica debe partir del acuerdo general de que la protección de los derechos humanos en esta difícil situación es decisiva. Estos derechos humanos incluyen, por supuesto, los derechos económicos, de modo que el planteamiento de acordar la construcción de una sociedad basada en el bienestar es una condición necesaria para que tenga posibilidades de éxito.
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