Contraofensiva conservadora y medios de comunicación en América Latina
- Análisis
En memoria de Eduardo Galeano.
Mi propósito es evaluar, en el actual escenario de contraofensiva conservadora en varios países de América Latina, el papel cada vez más estratégico de los medios empresariales en la batalla de ideas, a partir de acciones articuladas de apoyo ideológico del orden hegemonizado por el gran capital. Destaco los efectos deletéreos de esta contraofensiva en el área de la comunicación, que se traducen en retrocesos en los intentos de regular democráticamente los medios en concesión pública (principalmente televisión y radio) y descentralizar los sistemas de medios entre los más concentrados del mundo.
Incluso con la convulsa expansión de Internet y las comunicaciones móviles, la influencia de los llamados medios dominantes sigue siendo resistente. A diferentes escalas, persiste como uno de los principales pilares (insisto: no el único) en la definición de creencias, mentalidades y juicios. Y no solo por el enorme radio de penetración. Otro eje que alimenta su protagonismo, como acertadamente señala Samir Amir, es su capacidad para dar visibilidad a intereses más o menos convergentes con otras esferas del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, mercado financiero, empresas nacionales y transnacionales, partidos políticos, etc.). ), con el que se articula en situaciones concretas del proceso histórico-social. 1
En el caso latinoamericano, la escalada conservadora ha provocado serios cambios en las conquistas sociales de la década del 2000. Podemos mencionar el rechazo a una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía; la reanudación de la privatización y la desregulación; el desmantelamiento de la legislación laboral y de seguridad social, con dramática pérdida de derechos y garantías; el dramático aumento del desempleo, subempleo e informalidad desprotegida; el debilitamiento de las políticas de redistribución del ingreso; el deterioro de los servicios públicos; y la descalificación de iniciativas que pongan en peligro la “libre empresa” y la lógica financiera y excluyente del mercado.
Como pretendo mostrar, los reflejos de la ola reaccionaria son sumamente negativos en los campos de la información, la producción cultural y el entretenimiento, principalmente en lo que respecta a la recuperación, por parte de grupos privados que controlan cadenas de producción y difusión, privilegios y márgenes de autonomía que habían sido reducidos por medidas antimonopolio y creciente diversidad durante los gobiernos progresistas. 2
Cambios de oposición y campañas
Los cambios en los sistemas de comunicación en los países de América Latina prosperaron a partir de finales de la década de los noventa, con el ascenso de presidentes electos con banderas de justicia social y la inclusión de las masas en los procesos de desarrollo, tras las movilizaciones populares contra la degradación. de la vida social durante décadas de hegemonía del neoliberalismo.
Con cambios políticos desde la década de 2000, Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2003-2011), Evo Morales en Bolivia (2006-2019) ) y José Mujica en Uruguay se comprometieron a llevar a cabo un conjunto de leyes, normas y políticas públicas capaces de oponerse a la concentración mediática, en el entendido de que corresponde al Estado tratar de conciliar los intereses públicos y privados y asegurar la pluralidad, Fomentar la diversificación de fuentes de producción y distribución de contenidos.
A pesar de las dificultades políticas y las limitaciones económicas, por primera vez en la historia del continente se dieron iniciativas para intentar reestructurar el sector de la comunicación, tomando en cuenta que las diferentes voces sociales deben tener derecho a expresarse libremente y con estándares de ecuanimidad en los vehículos existentes. . En esta dirección, es imperativo enfrentar la dramática concentración de los medios de comunicación en manos de un reducido número de megagrupos, la gran mayoría de ellos vinculados a dinastías familiares.
Entre las leyes antimonopolio recientes se encuentran la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, la Ley de Comunicación Popular de Venezuela, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Bolivia y las Leyes de Servicios Comunitarios de Radiodifusión y Audiovisuales en Uruguay. En general, han establecido parámetros más equilibrados para la licitación de licencias de radio y televisión y evitando que las mismas empresas acumulen canales de televisión abiertos, cable o satélite, y estaciones de radio AM y FM. Al mismo tiempo, las políticas públicas buscaron diversificar los sistemas de comunicación, a través de avisos de financiamiento para producciones audiovisuales independientes, plataformas digitales, medios alternativos y coproducciones y redes alternativas de distribución y exhibición de películas, documentales y series de televisión, además de la generación y distribución de contenido regional y local sin fines de lucro. Los resultados variaron debido a contingencias políticas, peculiaridades socioculturales, factores económicos, conflictos judiciales y respaldo social.
A su vez, la resistencia de los grupos de medios a los cambios en curso o planificados ha sido permanente e insidiosa, desde reiterar enfoques completamente distorsionados a la regulación de la radiodifusión hasta seguir los llamamientos al poder judicial para tratar de prevenir o retrasar la aplicación de las normas (como la que hizo el grupo Clarín en Argentina, con el fin de detener los artículos de la llamada Ley de Medios). Los discursos contra los gobiernos progresistas insisten en la falacia de que la "libertad de expresión" estaría en peligro con las nuevas formas de regulación. De hecho, los conglomerados no permiten cambios que afecten sus ingresos con las joyas de la corona: las licencias de canales de radio y televisión. También se vuelven contra las políticas públicas que promueven la inclusión social en los procesos de desarrollo, de la misma manera que se enfrentan a deliberaciones gubernamentales que, a su juicio, restringirían los espacios de actuación de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Detrás de estos trucos bien tejidos está el miedo de los empresarios a perder ventajas económicas, influencia política y el poder de interferir en la formación de los juicios sociales, acumulados durante décadas de complicidad con gobiernos conservadores o silenciosos y con dictaduras militares.
Las corporaciones no dudan en recurrir a mecanismos de inducción ideológica, neutralización del disenso y oposición a posiciones contrarias. Esto es lo que se puede observar en el tratamiento editorial maniqueo que elogia a los gobiernos conservadores (presentados como “liberales” y “democráticos”) frente a los progresistas (etiquetados como “populistas”, “autoritarios”).
En el primer escalón se encuentran Perú, Colombia, Chile (durante los mandatos de Sebastián Piñera, de 2010 a 2014 y desde 2018), Argentina (bajo el gobierno de Mauricio Macri, de 2015 a 2019), México (hasta la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en 2018), Ecuador (desde 2017, con Lenín Moreno) y Uruguay (bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, inició en 2020).
En relación a los gobiernos que se oponen a la ideología neoliberal, los grupos mediáticos están realizando duras campañas de oposición. Las editoriales de los principales diarios y revistas se confunden con tribunas doctrinales, orientadas a la desaprobación sistemática de las decisiones del poder estatal, lo que significa repetir hasta el cansancio un cuadro adverso y supuestamente insoluble fuera del calibre del mercado. La cobertura a menudo se basa en enfoques sesgados y acusaciones de presuntas irregularidades. En los espacios de opinión se prima a los think tanks del conservadurismo, que se turnan en la depreciación de las gestiones progresistas hacia lectores, oyentes y espectadores, con énfasis en la defensa del ideal privatista.
Los conglomerados tocan la misma clave que los riesgos hipotéticos de censura y liderazgo estatal. Pero el jurista brasileño Fábio Konder Comparato cuestiona estos argumentos y enfatiza que la libertad de expresión, como derecho fundamental y común de todos, no puede verse afectada por la falta de regulación de la comunicación masiva. Sucedió en Brasil, donde la Constitución de 1988 declaró libre la expresión del pensamiento (artículo 5, inciso IV), pero dejó la regulación de la materia a la legislación ordinaria - lo que nunca se hizo, también porque, como enfatiza el jurista , “El Congreso Nacional está sistemáticamente paralizado por la presión dominante de las empresas de comunicación”. 3
Cabe señalar que las políticas regulatorias democráticas no deben confundirse con la censura o nacionalización de los medios. Por el contrario, son fundamentales para diversificar los procesos de comunicación, sin someterse a los mecanismos de control de la palabra y opinión adoptados por los medios hegemónicos. En definitiva, se trata de frenar la concentración y establecer una división equitativa entre tres órganos involucrados: estatal / público, privado / rentable y social sin fines de lucro, independientes del poder estatal y constituidos por entidades y movimientos comunitarios, sociales, étnicos y sociales. colectivos, universidades, sindicatos, colegios profesionales, etc. Los criterios justos y transparentes para el otorgamiento de licencias de televisión y radio son indispensables, ya que la radiodifusión es parte de los bienes públicos comunes y, por lo tanto, no puede ser monopolizada por empresas privadas.4
Contradicciones y reveses
Ante las inestabilidades del marco político latinoamericano, resultantes, casi siempre, de correlaciones de fuerzas que han cambiado, en ciertos países, a favor del conservadurismo político, moral y cultural y del neoliberalismo económico, es arriesgado afirmar que el horizonte de los cambios podrían reactivarse. Sabemos que los antagonismos, presiones y contradicciones interfieren, en diferentes intensidades y circunstancias, en contextos nacionales y regionales. El destino de los gobiernos progresistas de la región es incierto, ante las crisis económicas, el aumento exponencial de las desigualdades sociales, las polarizaciones político-ideológicas y las oscilaciones electorales. Y aún debemos tener en cuenta los usos de redes, plataformas y aplicaciones como herramientas para difundir noticias falsas., propagación de discursos de odio y prejuicio, difamación y apropiaciones ilegales y abusivas por parte de grupos antidemocráticos en sus conexiones de red. 5
Hay que reconocer que los avances, tanto dentro del Estado como en la sociedad civil, aún no han sido suficientes para reducir el enorme peso histórico de los conglomerados. La potencia de fuego de los medios corporativos dificulta que la sociedad esclarezca la urgencia de un sistema abierto e incluso de comunicación, porque inhibe el debate y busca inculcar en la opinión pública visiones unilaterales que no corresponden a la realidad vivida por cada país.
Repito que los gobiernos latinoamericanos progresistas, con sus aciertos y errores, no son fortalezas inexpugnables; existen discrepancias, disputas y divisiones internas, así como dificultades en la articulación política, sensibilización, politización y organización de los espacios populares, con mayor articulación con movimientos sociales y expresiones organizadas de ciudadanía. No se puede pasar por alto el hecho crucial de que algunos de estos gobiernos han subestimado o demostrado una incapacidad para establecer bases de apoyo lo suficientemente estables como para asegurarles un nivel de consenso consistente con el inmenso desafío de transformar sociedades históricamente rehenes de clases dominantes y esquemas de poder que protegen sus intereses e intereses. A menudo imponen decisiones con prejuicios antisociales y antipopulares.
Las contradicciones de los propios gobiernos progresistas contribuyen a frenar los cambios regulatorios. El caso de Uruguay ilustra el incumplimiento del gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) en la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, propuesta por su antecesor, José Mujica, y aprobada por el Congreso. Vázquez y Mujica pertenecen al mismo partido, Frente Ampla, y sus compromisos no coincidieron en el ejercicio del poder. Vázquez prácticamente ignoró la nueva legislación, optando por avisos inofensivos a los canales de televisión y por no cobrar a las emisoras el impuesto que financiaría un fondo de desarrollo audiovisual, cuyo objetivo era garantizar una mayor diversidad de contenidos. El punto positivo fue la observancia del dispositivo que fija en 30% el porcentaje mínimo de canciones con producción nacional emitidas en emisoras de radio. Al exponer las debilidades del gobierno de Vázquez, Gustavo Gómez, uno de los redactores de la Ley de Servicios Audiovisuales, advierte que la situación de concentración oligopólica en Uruguay puede agravarse con el envío al Congreso del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, elegido por una coalición de derecho, de un proyecto que, en rigor, anula la legislación anterior. “Esta nueva ley recupera el privilegio que tenían los grandes medios, como no pagar el anticipo que reciben. En segundo lugar, les permite concentrar más empresas. Actualmente pueden tener tres licencias de televisión y la nueva ley prevé hasta ocho ”, destaca Gómez. elegido por una coalición de derecha, proyecto que, en rigor, anula la legislación anterior. “Esta nueva ley recupera el privilegio que tenían los grandes medios, como no pagar el anticipo que reciben. En segundo lugar, les permite concentrar más empresas. Actualmente pueden tener tres licencias de televisión y la nueva ley prevé hasta ocho ”, destaca Gómez. elegido por una coalición de derecha, proyecto que, en rigor, anula la legislación anterior. “Esta nueva ley recupera el privilegio que tenían los grandes medios, como no pagar el anticipo que reciben. En segundo lugar, les permite concentrar más empresas. Actualmente pueden tener tres licencias de televisión y la nueva ley prevé hasta ocho ”, destaca Gómez.6
En los 13 años de gobiernos del PT en Brasil, ha habido pocas iniciativas para intentar revertir la concentración de los medios, muy favorecida por una legislación anacrónica y elitista. Como ya se señaló, el sector sigue estando dominado por unos pocos conglomerados y familias adineradas, que instigaron el golpe militar de 1964 y apoyaron los 21 años de dictadura y, más tarde, los gobiernos conservadores de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Michel. Miedo, así como la candidatura de Jair Bolsonaro a la Presidencia, más explícitamente en la segunda vuelta de las elecciones de 2018, y la política económica neoliberal de su ministro de Economía, Paulo Guedes.
Entre los logros positivos de la era del PT, destaco la creación de la estatal EBC-TV Brasil, que no estableció políticas de programación innovadoras, quizás por la ausencia de una directriz coherente en los consejos que siguieron hasta la destitución de Dilma Rousseff, en 2016; la parte de la Ley 12.485, de 2011, que incrementó la participación de producción y exhibición de contenidos audiovisuales nacionales en TV paga; y la redistribución de fondos publicitarios oficiales que incluían vehículos alternativos y prensa regional. Tales medidas no afectaron la concentración de los medios y la estructura privatista. La lista de políticas públicas resultó ser sumamente limitada, sin una concepción estratégica clara y sin cambios en los marcos actuales. Persistió el coronelismo electrónico (subvenciones, directas o indirectas, radio y televisión a parlamentarios y políticos profesionales, o sus representantes); la absurda acumulación de canales en manos de conglomerados; y condiciones adversas para la radiodifusión comunitaria sin fines de lucro.
La lucha libre con el conservadurismo está lejos de ganarse en la región. La evidencia no deja de manifestarse. La Ley de Medios en Argentina fue contenida por decretos y bafles judiciales durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019). El presidente Alberto Fernández, juramentado el 10 de diciembre de 2019, prometió en la campaña electoral revisar los decretos de Macri y revitalizar la esencia original de la legislación, además de fortalecer el sistema mediático y retomar los mecanismos de estímulo y financiamiento de la producción cultural y Cine argentino.
El golpe de Estado que depuso a Evo Morales de la presidencia boliviana en 2018 impuso fuertes retrocesos en las políticas inclusivas, restringió el sistema de comunicación estatal y cortó la autonomía de las radios comunitarias de pueblos indígenas. En Ecuador, la conversión al neoliberalismo de Lenin Moreno (elegido gracias al prestigio popular del expresidente de izquierda Rafael Correa, del que era vicepresidente) resultó en la contrarreforma de la Ley Orgánica de Comunicación, que no solo neutralizó una parte considerable de los artículos antimonopolios. , pero también impidió la expansión de los recursos comunitarios.
En Brasil, incluso los modestos avances de los gobiernos del PT en materia de comunicación y áreas afines fueron blanco de intervenciones regresivas de los gobiernos de Michel Temer y, especialmente, de Jair Bolsonaro, con la liquidación de políticas de promoción de la cultura, la Control audiovisual, ideológico y asfixia financiera de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) y el vaciamiento de EBC-TV Brasil.
Como puede verse, los ejemplos citados, con interrupciones abruptas y supresión de normas antimonopolio, representan retrocesos al objetivo de la pluralización informativa y cultural en América Latina, al tiempo que acentúan la concentración de los medios de comunicación y el infoentretenimiento.
La contraofensiva conservadora requiere, por parte de las fuerzas que lideraron los procesos de transformación política, socioeconómica y cultural, autocrítica, reevaluaciones de estrategias y revisiones de políticas y programas. En un sentido más amplio, los desafíos incluyen la reevaluación de los modelos de desarrollo inclusivo y su dinámica de apoyo en la sociedad en su conjunto, en medio del auge de la derecha reaccionaria y sus derivaciones fascistas.
De hecho, no es suficiente tener una legislación avanzada en papel para garantizar cambios consistentes. Si no se alcanzan y consolidan las condiciones políticas para su plena vigencia, que implican convencer a la opinión pública y movilizar a la ciudadanía organizada contra la cada vez más agresiva embestida del conservadurismo, siempre existirá un alto riesgo de retrocesos en el largo y arduo período. Lucha por el derecho humano a la comunicación plural.
LOS GRADOS
1 Samir Amin. L'implosion du capitalisme contemporaine: automne du capitalisme, printemps des peuples? París: Delga, 2012, p. 36-9.
2 Adopto el siguiente significado para la palabra “progresista”: una línea de pensamiento que se compromete explícitamente con todo lo que se puede cambiar, transformar, incluir y humanizar en la sociedad. Me sentí muy cerca de lo propuesto por Raymond Williams: “Todavía se puede usar simplemente como un término opuesto a conservador; es decir, para referirse a alguien que aprueba o defiende el cambio ”. Williams señala que "progresista" se ha utilizado tanto para referirse a la izquierda como para distinguir a los partidarios del cambio "moderado y ordenado". Véase Raymond Williams, Palabras clave: un vocabulario de cultura y sociedad.. São Paulo: Boitempo, 2007, pág. 328-329.
3 Fábio Konder Comparato, “Prefacio”, en Venício A. de Lima. Libertad de expresión vs. libertad de prensa: derecho a la comunicación y democracia. São Paulo: Editorial Brasil, 2011, p. 11-8).
4 Sobre concentración de medios, libertad de expresión y políticas de comunicación pública, especialmente en América Latina, ver Dénis de Moraes. Crítica mediática y hegemonía cultural . Río de Janeiro: Mauad, 2016, p. 121-170.
5 Al respecto, consultar el texto de Ignacio Ramonet “Geopolítica de la posverdad: información en la era de las fake news ”, en Dénis de Moraes (org.). Poder mediático y disputas ideológicas.Río de Janeiro: Consecuencia, 2019, p. 113-30.
6 Véase la entrevista de Gustavo Gómez a Igor Carvalho, “Entender cómo falló Uruguay en su intento de regular y democratizar sus medios”, Brasil de Fato , 13 de julio de 2020.
- Dénis de Moraes, periodista y escritor, es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con posdoctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París) y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, Buenos Aires). Autor y organizador, entre otros libros, de Poder mediático y disputas ideológicas (Consequência, 2019), Crítica mediática y hegemonía cultural (Mauad, 2016) y La cruz de los medios en América Latina (Paidós, 2011).
1/10/2020
https://blogdaboitempo.com.br/2020/10/01/controfensiva-conservadora-e-midia-na-america-latina/
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