Arnulfo Cerón, actualidad de la guerra sucia
Luis Hernández Navarro
T
res ocasiones llamaron por teléfono a Arnulfo Cerón Soriano para amenazarlo de muerte. Calló para no atemorizar a sus compañeros y siguió adelante con su lucha. Pagó caro su osadía. El 11 de octubre, al salir de su casa, fue desaparecido.
Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado 40 días después, en una fosa clandestina en las afueras de Tlapa, Guerrero. Lo torturaron salvajemente y le taparon la boca y los ojos con cinta canela. Murió asfixiado por sofocamiento en las vías respiratorias.
Arnulfo era dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), organización social, de gestoría y protesta, formada el 30 de enero de 2016, por delegados de las colonias y comisarios municipales de Tlapa. Se trata de una organización que lucha por la construcción de escuelas y clínicas, por la introducción de agua potable a las comunidades, y para que los vendedores ambulantes ejerzan dignamente su trabajo.
Indígena nahua, Cerón Soriano sufrió en 1984, siendo muy pequeño –como lo recordó en La Jornada Abel Barrera– la pérdida de su padre y de su hermano, asesinados para robarles. Su madre tuvo que lavar ropa ajena para salir adelante. Él estudió en la secundaria indígena de Cualác, en la preparatoria en Huamuxtitlán y la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Guerrero, con el apoyo de Normal de Ayotzinapa, donde se hospedaba y se alimentaba.
El 18 de diciembre cayó el presunto autor intelectual del crimen. La policía detuvo a Marco Antonio García Morales, Tony, jefe de gabinete del ayuntamiento de Tlapa y dueño de tiendas de autoservicio.
La fuerza política del funcionario va mucho más allá de lo que su cargo sugiere. Él fue candidato a presidente municipal de Tlapa por Morena en 2018 y ganó las elecciones. Sin embargo, el Partido del Trabajo (PT), impugnó su triunfo, alegando que él era inelegible, pues no contaba con el requisito de residencia en Tlapa por cinco años. El Trife le dio la razón.
Quedó entonces como edil sustituto el abogado Dionisio Merced Pichardo, suplente de Tony, morenista de última hora, priísta de muchos años, hábil para litigar. Sin embargo, el ayuntamiento lo manejaba García Morales. Él era el poder tras el trono. Había pactado con comerciantes, empresarios y crimen organizado en la región. Representaba actores estatales y no estatales, lícitos e ilícitos. Sin mayores problemas, impuso al tesorero y al secretario general
Presidente municipal de Alpuyeca en dos ocasiones, Tony fue, durante 13 años, dirigente del sol azteca. En septiembre de 2017, con bombo y platillo, se incorporó a Morena junto a su aliado Aristóteles Tito Arroyo, ex alcalde Malinaltepec y hoy diputado local. “Presentamos nuestra renuncia al PRD –dijo el presunto asesino intelectual de Arnulfo– (porque) el PRD se movió la derecha con el PAN y Tony se queda en la izquierda con Morena.”
A pesar de los antecedentes gangsteriles de Tony, de sus políticas clientelares, corruptas y clientelares, de que en mayo de 2015 había sido acusado de comprar el voto de los electores en 500 pesos, utilizando recursos públicos del Fondo de Desastres Naturales, Morena lo recibió en sus filas con los brazos abiertos y lo hizo su candidato, porque
garantizaba el triunfo. El partido no tuvo problema alguno con la trayectoria del personaje.
Al comenzar 2019, tomó posesión como alcalde formal Dionisio Merced. Arnulfo Cerón no se quiso doblegar a los intereses que Tony representaba. El pulso entre el frente y el ayuntamiento subió de tono. Cerón exigió que las autoridades municipales rindieran cuentas de 26 millones de pesos destinados a obras de infraestructura educativa que el FPM había gestionado, y que el nuevo gobierno municipal morenista se negó a desarrollar. Para presionar, el frente se movilizó y bloqueó vías públicas. El alcalde quiso hacer a un lado al FPM de las negociaciones con las comunidades, y dialogar solamente con los comisarios. Arnulfo buscó al gobernador. El mandatario trató de acercar a las partes. Se efectuaron dos reuniones, sin llegar a acuerdos.
Fue en ese contexto en que Arnulfo señaló el peligro que corría. “Sabemos –dijo– que están coludidos con el crimen organizado. Hacemos responsables al presidente municipal y al jefe de gabinete de lo que nos llegara a pasar.” El 11 de octubre salió de su casa. No se supo más de él, hasta que, el 20 de noviembre, encontraron sus restos.
En un mitin en Tlapa el 24 de noviembre, el presidente López Obrador ofreció que habría justicia en el caso de Arnulfo y que no se protegería a nadie. Hasta ahora, hay detenidos 13 presuntos homicidas materiales y uno intelectual.
Pese a ello, subsiste el problema de fondo. En Guerrero, el recurso de utilizar a la delincuencia organizada para desaparecer y asesinar a dirigentes políticos y sociales goza de cabal salud. Este modelo represivo comenzó a aplicarse en febrero de 2009, con el secuestro y la ejecución de los indígenas Raúl Lucas Ponce y Manuel Ponce Rosas, y sigue vigente. La interminable lista de líderes sociales guerrerenses ultimados por narcoparamilitares a lo largo de más de una década, de la que Arnulfo Cerón forma parte, es continuidad de una guerra sucia que se niega a reconocerse como tal.
Twitter: @lhan55
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