Acción ejecutiva de Obama: carrera contra el tiempo
Ana María Aragonés
E
l 20 de noviembre de 2014 Barack Obama impulsó sin apoyo del Congreso el programa acción diferida para padres de ciudadanos estadunidenses y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés), que busca conceder permisos de trabajo y detener las deportaciones a los padres y madres de hijos ciudadanos estadunidenses, así como ampliar la cobertura del programa acción diferida para los llegados en la infancia (DACA), que beneficia a aquellos hijos de indocumentados que llegaron de niños al país. Estos programas beneficiarían a poco más de 5 millones de indocumentados, de acuerdo con cálculos de Jeffrey Passel y Eileen Patten.
Los presidentes de Estados Unidos tienen una herramienta que les permite implementar o modificar una ley cuando la política doméstica lo demande o en momentos de guerra; son las llamadas acciones ejecutivas. Y si bien se trata de un instrumento que no está definido claramente en la Constitución de Estados Unidos, la realidad es que, como señalan Chu y Garvey, son aceptadas
como un aspecto inherente al poder presidencial y tienen la fuerza y efecto de una ley. Y a pesar de la falta de claridad acerca de su naturaleza, los diversos presidentes, desde la fundación de Estados Unidos, las han utilizado.
Sin embargo, este instrumento puede ser modificado o revocado por diversas vías. Una de ellas es por conducto del Congreso, que puede dificultar el otorgamiento de los fondos necesarios para llevar a cabo los cambios propuestos. Esto se intentó en el caso del presidente Obama al negarle los fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de aplicar los programas DACA y DAPA. No obstante, como esto implicaba comprometer gravemente la seguridad nacional, el Congreso se vio en la necesidad de aprobar el presupuesto sin más objeciones el pasado 3 de marzo.
La otra vía es la judicial, y los republicanos también la han puesto en marcha. El 16 de febrero del año en curso el juez federal Andrew Hanen emitió una suspensión temporal a la acción ejecutiva de Barack Obama, pues sostiene que su administración no ha cumplido con los procedimientos que rigen este mecanismo. El Departamento de Justicia (DOJ) respondió interponiendo un recurso de apelación ante la corte del juez Hanen en Brownsville, Texas, con el objetivo de levantar la medida cautelar que suspendía temporalmente la acción ejecutiva. Ante ello el juez Hanen solicitó más tiempo y demoró su respuesta hasta el 19 de marzo, y ese día señaló que posiblemente impondrá sanciones al Departamento de Justicia por considerar que el gobierno lo engañó en torno a la fecha en que comenzó a aplicar una de las medidas asentadas en la orden ejecutiva. El problema es que el tiempo corre y hasta el momento no se ha presentado ni dictamen ni sanción alguna, según el corresponsal Juan Lozano, de la Prensa Asociada.
La estrategia de alargar el proceso y dejar en un limbo jurídico a los programa DACA y DAPA el mayor tiempo posible, podría obedecer a que sólo dos órdenes ejecutivas han logrado revocarse por la vía judicial, según señala Mark Koba (CNBC). Por tanto, se estaría apostando a la otra vía posible, que es llegar a la siguiente elección para que el nuevo presidente, que esperan sea republicano, elimine por completo la posibilidad de los cambios propuestos por Barack Obama. Pues, de lo contrario, si se hacen efectivos los programas DAPA y DACA, aun cuando un nuevo presidente puede revocar las acciones ejecutivas del presidente anterior, la verdad es que sería casi imposible quitar los documentos a cerca de 5 millones de personas. Como lo reconoce el propio juez Hanen al declarar sobre el tema,
no existe una manera efectiva de regresar la pasta de dientes dentro del tubo.
Las elecciones presidenciales no están tan lejanas y los republicanos piensan en una victoria presidencial, pues en una encuesta de opinión electoral para 2016 elaborada por CNN, entre las preferencias electorales se presenta el republicano Jeb Bush (ex gobernador de Florida, hijo y hermano de dos ex presidentes), que puede ser un fuerte competidor de Hillary Clinton, la cual se perfila como la candidata del Partido Demócrata.
Barack Obama está consciente de dicha situación, por lo que está tratando por todos los medios de llegar a la otra vía que es la Suprema Corte, donde espera ganar, pues hasta ahora ésta ha sido la tendencia histórica de las acciones ejecutivas.
La lucha en los tribunales se ha convertido en una carrera contra el tiempo, tanto por parte de los republicanos, para evitar que los migrantes salgan de la clandestinidad, como para los demócratas, que no sólo están comprometidos con los migrantes, sino que además serían un activo importante para ganar las próximas elecciones.
