La banca social y solidaria y la iniciativa de reforma financiera
Orlando Delgado Selley
E
l funcionamiento del sistema financiero en el país es completamente anómalo: tenemos una banca sólida, con altos niveles de capitalización y bajos índices de cartera vencida, que presta muy poco. Medido tanto por el crédito otorgado al sector privado como por la proporción de este tipo de crédito en los activos bancarios, el nivel de penetración bancario en México es extremadamente limitado. Obviamente esta falta de crédito es mucho más aguda si nos referimos al sector social de la economía.
Reconociendo la capacidad otorgada al Estado, en el artículo IV de la Ley de Instituciones de Crédito, para promover que la banca apoye el crecimiento de la capacidad productiva del país y con ello pueda convertirse en un verdadero impulso al desarrollo nacional, y no como hasta ahora ha sido una simple generadora de utilidades para sus matrices en el extranjero, la iniciativa de Reforma Financiera presentada a la consideración del Congreso de la Unión se propone como objetivo central, en palabras del Presidente,
que los bancos presten más y más baratoy que, además,
a quienes tienen un pequeño o mediano negocio les presten los recursos necesarios para modernizarlo y para hacerlo crecer.
Para lograr esto, la propuesta de reforma plantea cuatro ejes fundamentales: fomentar el crédito a través de banca de desarrollo, ampliar el crédito que otorgan los bancos privados, incrementar la competencia en el sector financiero y fortalecer la solidez del sistema financiero. En este planteamiento no aparece la banca social y solidaria.
La relevancia de este tipo de entidades de la economía social y solidaria, en términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 constitucional, es reconocida por su aporte al desarrollo económico y social del país, la generación de fuentes de trabajo digno, el fortalecimiento de la democracia, la equitativa distribución del ingreso y la mayor generación de patrimonio social (artículo segundo).
Para los autores de la propuesta de Reforma Financiera, integrantes del Pacto por México, es decir, dirigentes de los tres partidos políticos con mayor respaldo electoral, este importante sector de las finanzas populares, que ha permitido que la economía social tenga mecanismos de financiamiento ajenos a la banca comercial y con propósitos efectivamente sociales ajenos al lucro, sólo tiene interés en dos sentidos: en su posibilidad de contratantes de servicios financieros con terceros y como sujetos de supervisión, vigilancia y sanción de parte de la autoridad bancaria.
En cuanto al primero, tanto para las cooperativas de ahorro y préstamo como para las sociedades financieras populares y comunitarias, parece indispensable justificar la razón por la que se sustituya la facultad de descontar operaciones de crédito con otras instituciones de banca, destacadamente la banca de desarrollo, por la autorización que le otorga la propuesta de Reforma para contratar con terceros la prestación de servicios financieros.
En cuanto a lo segundo, la ampliación de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, parece indicarse que la preocupación central de estas autoridades está en el mantenimiento de la normatividad vigente y no en los problemas de gestión, capacitación y acceso a financiamientos de mayor plazo y mejor costo de las entidades financieras del sector de la economía social y solidaria.
Por lo anterior, antes de plantearse aprobar la Reforma Financiera avalada por los firmantes del Pacto por México, que pretende tener vía rápida en la Cámara de Diputados, convendría que el Poder Legislativo en ambas instancias abriese una consulta amplia con las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, las financieras populares, las comunitarias para que pudiesen expresar sus planteamientos en relación con lo propuesto y, más importante, con las dificultades que viven actualmente para lograr su registro ante la Comisión Nacional Bancaria.
