Pugna fiscal
León Bendesky
L
a pugna fiscal sigue siendo el centro del conflicto social, luego de casi cinco años del comienzo de la crisis financiera. Este sólo hecho es indicativo del papel clave que han adoptado las corrientes de financiamiento como fuente principal de las ganancias en el capitalismo global.
Pero también pone en perspectiva el juego de los recursos fiscales para sostener esas mismas corrientes y las políticas monetarias que las mantienen.
Los ajustes a los presupuestos públicos son una constante en Europa, Estados Unidos y otros países como Japón. Son igualmente visibles las manipulaciones monetarias, como las tasas cero de interés, que los acompañan para empujar los recursos de los inversionistas a los usos deseados. Esto ocurre de modo directo con el financiamiento de los déficit públicos y, de ahí, su estrecha relación con las primas de riesgo que se cobran en los mercados de bonos de la deuda gubernamental.
En Estados Unidos se pasó de manera rápida del precipicio fiscal de principios de este año, apenas salvado arañando con las uñas la otra orilla, a confiscar ahora una buena parte del gasto público, cuyos efectos sobre el empleo y la tasa de crecimiento del producto son bastante significativos.
La reducción total del gasto confiscado por el Congreso es de 109 mil millones de dólares (billones de allá) este año y un total de 1.2 billones (trillones) en los próximos 10 años. Abarcan gastos de defensa y programas discrecionales y de atención a la salud, a los ancianos y a niños que requieren cuidados especiales.
El meollo del asunto estriba en la capacidad cada vez más reducida de sostener los gastos sociales y otros que recaen directamente sobre el gobierno en un entorno de creciente endeudamiento y del uso competitivo de esos recursos para restablecer, aunque sea, algunas de las condiciones anteriores a la crisis.
En ese terreno la gestión de la crisis ha sido muy poco radical. Un caso en cuestión es el del destino de buena parte de los recursos presupuestales para reforzar las instituciones financieras en condiciones de funcionamiento que no se han ajustado de modo similar a la crisis, como ocurre en otros sectores sociales.
Eso no quiere decir que no haya habido pérdidas millonarias en negocios asociados con la construcción y las hipotecas, o que muchos accionistas hayan perdido el valor de sus acciones. Pero en todo este esquema, la distribución de las cargas de la crisis ha sido bastante desigual, con millones de personas sin trabajo ni fuentes de ingreso. La perspectiva sigue siendo bastante gris en cuanto a las posibilidades efectivas de una recuperación del crecimiento y del empleo.
Siendo el asunto fiscal parte crucial del conflicto desatado por la crisis, se vuelve protagónico el papel de los gobiernos en la asignación de los recursos disponibles. En Estados Unidos, como se ha visto de manera clara en años recientes, hay un conflicto abierto entre la Presidencia y el Congreso. En Europa hay una distancia creciente entre el gobierno comunitario y los gobiernos nacionales que deja a los ciudadanos en una posición muy vulnerable, no sólo en términos sociales sino también políticos.
Las recientes elecciones en Italia ilustran el nivel y el contenido de la confrontación entre los partidos y los ciudadanos. Un caso relevante es el de la creciente descomposición de los acuerdos políticos en España, que expone la esclerosis de quienes representan a los partidos, la extendida corrupción y el creciente y entendible desencanto y desapego de los ciudadanos. En Portugal y en Grecia el hartazgo es mayúsculo ante los burócratas que se escudan en las decisiones de otros burócratas de Bruselas.
De alguna manera se ha transmitido a la población una especie de culpa o responsabilidad sobre las condiciones de la crisis. Esta se expresa, por ejemplo, en afirmaciones tales como que se vivió por encima de las posibilidades y que, ahora, es tiempo de pagar las cuentas. Este es un discurso político tramposo, pues todo el armazón institucional económico y financiero estaba preparado para que esto sucediera así. La especulación en los grandes bancos asentada en la política monetaria expansiva y la deuda pública financiada con bajas tasas de interés.
Cualquier recuperación del crecimiento, del empleo y de las fuentes del ingreso familiar, consideradas también las pensiones, pasa por un arreglo que hoy se sigue manteniendo al margen mientras se trata de acomodar, lo mejor posible, la crisis financiera y fiscal sin tocar la médula del proceso de acumulación.
En México, donde se han propuesto gran cantidad de medidas para reponer un crecimiento atrasado durante mucho tiempo, se eleva como uno de los mecanismos la mayor recaudación fiscal, empezando por el IVA en alimentos y medicinas. Al mismo tiempo el banco central expone que la inflación está controlada y que se pueden bajar las tasas de interés sin detrimento del financiamiento de la deuda pública y de los flujos de la inversión extranjera.
