Chipre: un desastre
León Bendesky
E
l Fondo Monetario Internacional ha seguido las pautas de 147 crisis bancarias desde 1970. La más reciente, y que se despliega ahora mismo con mucha intensidad, ocurre en Chipre.
Con esto se pone una vez más en entredicho el sistema europeo de la unión monetaria y la existencia misma del euro; la capacidad del Banco Central Europeo de establecer una unión bancaria y un esquema de supervisión único para los bancos de la eurozona; la prelación de las deudas en casos de quiebra de un banco. Se exhibe la debilidad de los bancos europeos, que ha sido el asunto central tratado por el Comité de Supervisión Bancaria que se conoce como Basilea III (que ya se aplica en México), y niega lo que se veía ya como un retorno a la estabilidad financiera de la zona y hasta del crecimiento del producto, aun en un entorno esencialmente de ajuste basado en la austeridad presupuestal.
Hay un elemento novedoso en esta crisis y que es muy relevante para el funcionamiento del sistema bancario tal y como es ahora, sobre todo en cuanto a las condiciones que se supone deben sostener la estabilidad financiera y reducir los riesgos llamados sistémicos. Este elemento es el seguro de depósitos.
El plan de rescate bancario y de la deuda pública que quieren imponer la Unión Europea, el BCE y el FMI (la Troika), pero especialmente el gobierno alemán en Chipre incluye la aplicación de un impuesto a los ahorros. Se debate si este debe afectar a los depósitos en exceso de 100 mil euros por banco, que es la cifra que cubre el seguro a cada depositante o, incluso, a aquellos de menor cuantía. También se discuten las tasas de ese impuesto y que en el caso de los depósitos de mayor cuantía podría ser de hasta 20 por ciento. No es, claramente, una cuestión menor.
Ese seguro equivale al que fue constituido en México luego de la creación del IPAB tras la crisis de 1995. Hoy, los depósitos asegurados en el país equivalen a 400 mil Unidades de Inversión (UDI’s), alrededor de un millón 972 mil pesos, por persona y por banco. Y, según dice textualmente ese instituto:
En el remoto caso que algún banco llegara a presentar problemas financieros... es el encargado de establecer los mecanismos para que los ahorradores recuperen, de ser el caso, el resto de su dinero lo más pronto posible.
Eso mismo es lo que ahora está en duda en Chipre. Se ha criticado severamente la decisión de apuntar al seguro de depósitos como instrumento para financiar internamente parte del rescate bancario, que se estima en un total de 17 mil millones de euros. El producto generado en ese país es de apenas 23 mil millones de dólares y representa 0.2 por ciento del PIB de los países que están en la zona del euro.
La crisis bancaria en Chipre está centrada en dos bancos grandes. Tiene los mismos orígenes del problema más general que existe en la zona euro; es decir, lo ocurrido desde 2008 y con epicentro en Estados Unidos. Pero en este caso hay ciertas particularidades. Los bancos chipriotas empezaron a extender sus actividades luego de su entrada al euro en enero de 2008, tanto internamente –de modo apreciable en el sector inmobiliario– y también en otros países. Pero han sido los depósitos provenientes de Rusia los que han creado la hipertrofia del sistema y que ha servido también para lavar mucho dinero. Los activos de los bancos alcanzaron 800 por ciento del PIB en 2011. La deuda del país, si se considera el rescate bancario, llegaría a representar 149 por ciento del PIB.
Han sido los grandes bancos de esa región los que han alertado sobre las consecuencias que una corrida bancaria en Chipre podrían tener en otros lugares. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo al respecto que los depósitos bancarios son sagrados, pero tenerlo que decir es ya un asunto preocupante viniendo de uno de los responsables de salvaguardarlos en un país con una crisis muy grave del sector financiero.
El agua está para chocolate en Europa, la gente desconfía de los bancos y de sus gobiernos, a las presiones económicas por la recesión se añade, cada vez más, el deterioro social. Las estadísticas de esta situación: desempleo, desahucios, reducción de las pensiones y mayor pobreza son verdaderamente llamativas, sobre todo, para el conjunto de los países que habían alcanzado un mayor nivel de bienestar y que están en la parte occidental del continente.
El factor ruso complica las condiciones de esta crisis y pone en evidencia el origen del dinero y cómo y desde dónde se mueve; las limitaciones grandes que tiene la regulación financiera, incluyendo las medidas de prevención de lavado de dinero y, en general, la estabilidad financiera no sólo de la región, sino a escala global.
El caso chipriota, aun considerando el muy pequeño tamaño de la economía, la magnitud del rescate que necesita –bastante menor al que requiere Grecia y, claro está, de los que podrían exigir Italia o España– muestra la fragmentación política que hay en Europa y las grandes restricciones institucionales y de gobernanza que hay en la Unión Europea. También pone en un primer plano el modo en que opera el gobierno alemán, líder de facto de todo ese orden político-económico regional.
El FMI argumenta que en las 147 crisis bancarias que ha seguido desde hace más de 40 años, en ninguna de ellas ha habido pérdidas para los ahorradores. Lo que no se puede decir es que los ahorradores y el resto de los habitantes de los países donde han ocurrido esas crisis no paguen un enorme costo, puesto que los recursos para los rescates salen del erario, aumenta la deuda pública y presiona los presupuestos imponiendo un costo social sumamente desigual entre la población y por un largo periodo. Eso lo sabemos bien en México y desde hace mucho tiempo.
