Un Poder Judicial pervertido
ueces, magistrados y al menos un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han trabajado de manera sistemática para favorecer a personas acusadas de delitos graves y provocar cuantiosos quebrantos a la hacienda pública, de acuerdo con la relación presentada en la conferencia presidencial matutina de ayer por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En su reporte el funcionario sintetizó centenares de resoluciones en las que varios togados determinaron no vincular a proceso penal, cambiaron medidas cautelares, calificaron las detenciones de ilegales, reclasificaron delitos graves por otros menos penados, se opusieron a aplicar la prisión preventiva oficiosa y dictaron sentencias absolutorias a los acusados de crímenes como posesión de armas de fuego, tráfico de personas, huachicol, narcotráfico, delincuencia organizada, explotación ilícita de bienes nacionales o robo al autotransporte.
En muchos de estos casos, tribunales de segunda instancia reconocieron la mala praxis de sus colegas, revocaron los fallos y asignaron los casos a otros juzgadores, pero rara vez ha habido mayores consecuencias pese a todos los indicios de complicidad mafiosa: por citar un ejemplo particularmente escandaloso, en junio de este año el juez de control en el estado de México Daniel Ramírez Peña absolvió al ex magistrado de la SCJN Isidro Avelar Gutiérrez, quien en 2011 recibió tres depósitos por más de 12 millones de pesos de origen inexplicable, no obstante que desde 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y a que en febrero pasado ya había sido destituido del máximo tribunal.
Por su parte, Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación, detalló la manera en que varios togados han impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos. En 17 litigios que suman 55 mil millones de pesos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia al no convocar o aplazar las audiencias, con lo que retrasan de manera indefinida los juicios y permiten a los evasores seguir gozando de fortunas hurtadas a la nación.
Medina resaltó el caso del ministro Luis María Aguilar Morales, quien ha ejercido de manera cuestionable su poder de atracción para congelar el asunto de una gran corporación que adeuda al fisco 25 mil millones de pesos, un monto que podría cambiar para bien la vida de millones de mexicanos si Aguilar Morales no bloqueara su recaudación y uso en programas sociales, obras de infraestructura o proyectos de inversión.
Estos episodios, y muchos otros de los que se ha informado en estas páginas, demuestran que esas y otras conductas judiciales aberrantes no son hechos aislados, sino un patrón de alineamiento del Poder Judicial con actores sumamente nocivos para la sociedad mexicana. Para colmo, también ha quedado probado el faccionalismo que antepone los intereses de grupo y clase al bienestar general, sin importar las consecuencias catastróficas de las sentencias emitidas. En este escenario, es irrebatible la imperiosa necesidad de una reforma constitucional de fondo que saque al conjunto de las instituciones judiciales de la corrupción sistémica en que se encuentra hundido, la cual se manifiesta en el encubrimiento, la complicidad, la connivencia y la promoción activa de la impunidad.
La podredumbre generalizada en la rama del Estado que debería velar por la vigencia de la ley explica en buena medida la persistencia de inaceptables tasas delictivas, de los grupos del crimen organizado y de bolsones de corrupción en el país.
Resulta imposible garantizar a la ciudadanía la seguridad que por derecho le corresponde mientras los presuntos guardianes de la ley protegen a los generadores de violencia y debilitan a las instituciones al privarlas de los recursos imprescindibles para su funcionamiento, y no hay manera de erradicar las prácticas venales de funcionarios si éstos resultan absueltos, amparados o descaradamente exonerados en los tribunales.La jornada
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