El pasado 9 de junio Euskal Herriak Kapitalari Planto! presentó en Bilbo los resultados preliminares de su campaña en favor de la creación de un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos. Una iniciativa que ha concitado hasta el momento el apoyo de más de 90 agentes sociales y sindicales de Hego Euskal Herria, reflejando la inquietud respecto al rol de las grandes corporaciones, cuyas actuaciones deberían ser reguladas, hoy si cabe más que nunca, en defensa del interés colectivo.

El espíritu de la propuesta es claro: necesitamos dar un vuelco a una gobernanza socioeconómica en la CAV y en el conjunto de Euskal Herria basada fundamentalmente en poner al servicio del capital internacionalizado, tanto el que llega aquí como el que busca mercados exteriores, todo un amplio conjunto de estructuras, políticas y recursos públicos sin contraprestación laboral, ecológica y/o social alguna.

La asimetría entre la relevancia que se otorga a los intereses corporativos frente a los derechos de las mayorías populares ha sido tal que son necesarios mecanismos que pongan coto a la impunidad corporativa. Abogamos en este sentido y como primer paso por la creación de un centro público-social que ofrezca información actualizada sobre las prácticas de las grandes corporaciones que operan en y desde la CAV; que recoja denuncias e instruya de oficio casos desde una lógica pública, trasladándolos a las instancias pertinentes; que acompañe jurídica y psicosocialmente a víctimas y poblaciones afectadas; que plantee cambios sociales en las políticas públicas de internacionalización empresarial y contratación pública; y que, en última instancia, proponga sanciones a las corporaciones que conculquen los derechos humanos.

Esta propuesta, aunque viene mostrando hace tiempo su carácter estratégico, se convierte hoy en día, en medio de un contexto de guerra, profunda crisis, e ineludible transición ecológica y social, en una iniciativa urgente. En este sentido, la tensión entre unas multinacionales que controlan los principales mercados y reciben millonarios fondos públicos para impulsar su transición verde y digital, por un lado, y una clase trabajadora precarizada y desposeída, que necesita impulsar una verdadera transición ecológica y social, por el otro, constituye el centro neurálgico de la disputa política de nuestro tiempo.

La gestión de la vorágine inflacionista es un buen botón de muestra de lo dicho. El incremento de precios, provocado por una combinación de factores (guerra y sanciones en Ucrania, especulación financiera, oligopolización de mercados y agotamiento progresivo de energía fósil y materias primas) está evidenciando, tal y como señalan diversos estudios, la rotunda negativa de las corporaciones a asumir las consecuencias del fenómeno. Mantienen así intactas sus tasas de ganancia, mientras el conjunto de una ciudadanía ve cómo sus condiciones de vida, salarios y pensiones retroceden.

Especialmente sangrante es la situación de las multinacionales eléctricas y bancarias, que incluso pretenden evitar cualquier tipo de gravamen a sus «beneficios caídos del cielo», derivados tanto del oligopolio eléctrico como de las políticas monetarias pasadas (expansión cuantitativa) y presentes (subidas del tipo de interés), respectivamente. El artículo del inefable Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol-Petronor, quejándose del taimado y coyuntural intento de gravar dichas ganancias en el Estado español, o las declaraciones de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, amenazando con graves consecuencias si se altera el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad en la UE, ponen a las claras el impacto en el sufrimiento de la clase trabajadora de las lógicas corporativas, así como la necesidad de regularlas con firmeza.

Otro botón de muestra de esta necesidad de seguimiento y regulación corporativa es la proliferación actual de megaproyectos como punta de lanza de la supuesta recuperación. Mientras se mantiene en lenta agonía el desmantelamiento de Osakidetza y los servicios sociales, mientras se abandera el mantra engañoso del pacto de rentas, mientras se fortalece una fiscalidad regresiva, se invierten fondos millonarios –desde los europeos hasta los locales– en impulsar las estrategias digitales y supuestamente verdes de las empresas transnacionales.

Se insiste así en un modelo fallido e insostenible, plagado de megaproyectos que, por lo general, no se sustentan sobre las necesidades sociales de nuestros territorios, sino en la búsqueda de ganancia en los mercados globales; megaproyectos que responden fundamentalmente a intereses de reciclaje empresarial de sectores como la energía fósil o la automoción, y no a prioridades sociales para enfrentar la ineludible transición; cuyas inversiones altamente riesgosas –cuando no auténticas burbujas– verán cómo sus hipotéticas pérdidas son socializadas, mientras se capitalizan los ingentes fondos públicos; que se imponen a la ciudadanía en los territorios que ocupan, sin debate democrático, libre e informado alguno; que se sostienen sobre la propiedad corporativa, nunca la público-social; y que insisten en modelos centralizados y protagonizados por grandes corporaciones, frente a la planificación democrática y el fortalecimiento de lo colectivo que precisa un momento como que el atravesamos.

El Corredor vasco de hidrógeno, la interconexión eléctrica entre Estado español y francés desde Mungialdea, el nuevo Guggenheim, el centro de emprendimiento BAT en la Torre Bizkaia, el Túnel bajo la ría, el TAV, los múltiples centros inteligentes, etc., son solo algunos ejemplos de toda una miríada de iniciativas corporativas en cartera, cuyo seguimiento y evaluación –hoy nulo– es estratégico por parte de estructuras como el Centro.

En definitiva, ante este panorama ineludible transición ecológica y social en el que se agudiza la disputa entre transnacionales y mayorías populares, necesitamos espacios democráticos que nos permitan analizar y regular las actuaciones corporativas, acabando con su impunidad y ampliando así el debate sobre cómo enfrentar el crítico contexto actual. Instamos de este modo a la creación urgente de un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos. O lo apostamos todo a las transiciones de quienes nos han conducido a la situación actual, o empezamos a revertir décadas de desmantelamiento público para avanzar en modelos de vida justos y sostenibles.

23/09/2022

Gonzalo Fernández y Gorka Martija son militantes de Euskal Herriak Kapitalari Planto!