Mapuches en Villa Mascardi
«El Estado reprime a los pueblos originarios que demandan derechos»
Ante la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, el Gobierno Nacional ejecutó un inédito operativo con más de 250 efectivos, carros hidrantes y camión antitumultos. «Fue el despliegue de un Ejército invadiendo una comunidad», denunció el lonko Mauro Millán. El Frente de Todos imita la estrategia de Cambiemos: no hay grieta para reprimir al Pueblo Mapuche.
“Lo sucedido en Villa Mascardi y el Comando Unificado es la respuesta del gobierno nacional al pedido de los gobernadores que demandan represión. Es la única respuesta que quieren darle al Pueblo Mapuche”, denuncia Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza. Afirma, además, que el desalojo no está concretado: “La comunidad Lafken Winkul Mapu se replegó al bosque y decidimos que vamos a acompañar su retorno al territorio”. El operativo, ejecutado por el gobierno nacional, incluyó más de 250 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En relación a las siete mujeres mapuches detenidas, Millán advierte: “Las hermanas siguen detenidas en una situación de incertidumbre. Las detuvieron cuando toda la comunidad estaba puesta a derecho, se estaba dirimiendo el conflicto en el plano jurídico. Pasaron por encima todas las audiencias judiciales y al Gobierno no le importó nada la división de poderes. Esto fue una decisión claramente política, donde siempre hay un juez o jueza racista y pro empresario que le pone la firma al desalojo. No sé de qué los van a imputar porque ya los imputaron de todo, y esto está pasando a lo largo y a lo ancho del Pueblo Mapuche”.
De Puente Pueyrredón a Villa Mascardi
«En el día de la fecha se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi.” El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informaba así del operativo que ingresó el martes a las 6 de la mañana a la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La comunidad había recuperado el territorio, en 2017, que estaba en manos de Parques Nacionales. El mismo año, durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel (crimen que aún está impune).
Aún resuena el reciente alegato judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando afirmó que “los peronistas nunca reprimimos, nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”. Diez diez después, el martes 4 de octubre, se sumó otro hecho que desmiente los dichos de la Vicepresidenta. Y se suma un elemento muy sentido para las organizaciones populares: al frente del operativo estuvo Aníbal Fernández, recordado por su rol el 26 de junio de 2022, en la Masacre de Puente Pueyrredón, que incluyó los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
El desalojo fue firmado por la jueza Silvina Domínguez, en una causa con secreto de sumario, y dejó siete mujeres mapuches detenidas, una de ellas embarazada. El operativo se extendió durante más de doce horas y provocó que niños, niñas y adolescentes se quedaron en el territorio sin sus madres. Recién en la mañana del miércoles los menores de edad se reencontraron con sus familias, mientras que la Gendarmería permanece apostada en el territorio en disputa.
Un «comando unificado» para desalojar mapuches
El operativo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu significó el debut del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, integrado por las cuatro fuerzas federales, y oficializado en el Boletín Oficial del mismo martes 4 de octubre, al mismo tiempo que vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos cortaban la ruta 40 a las 6 de la mañana para iniciar el operativo de desalojo.
El principal argumento para la creación del Comando, expresado en el Boletín Oficial, fue “el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina”, un hecho fogoneado desde los medios de comunicación y por voceros de la oposición como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pero que la comunidad Lafken Winkul Mapu niega haber protagonizado.
La resolución 637/2022 de creación del Comando da por hecho que el incendio y otros supuestos incidentes “habrían sido protagonizados por miembros de la comunidad autodenominada ‘Lof Lafken Winkul Mapu’”, y anticipaba la intervención del Poder Judicial de Bariloche, que se tradujo en la orden de desalojo de la jueza Domínguez. El jueves pasado, Aníbal Fernández había recibido en la sede del Ministerio a la titular de la cartera de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, con quien habían acordado desplegar un “comando unificado”.
“Un operativo montado por la derecha”
Desde la organización La Gremial de Abogados, que representa a la comunidad Lafken Winkul Mapu en varias causas judiciales, informaron que la orden de desalojo tramita en una causa judicial abierta por el incendio de la casilla –en la que acusan a la comunidad– que se mantiene en «secreto de sumario». “Está claro que el operativo montado por la derecha durante estos días, con acciones directas en el territorio en conflicto para incriminar a los miembros de la Comunidad, ha tenido éxito. Hace tiempo que la derecha viene planificando esta movida a través del agrupamiento Consenso Bariloche, con Patricia Bullrich a la cabeza”, indicó La Gremial.
El Foro Consenso Bariloche fue inaugurado en 2021 por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) y reúne a diferentes actores políticos y empresariales que apuntan contra los reclamos territoriales del Pueblo Mapuche. Entre las figuras que participan del espacio figuran nombres ligados a empresarios de Qatar, al multimillonario Joe Lewis y otros grandes terratenientes en la Patagonia.
“Fuimos desalojadas del territorio, sacadas a la fuerza con nuestros bebés y una embarazada, uno de nuestros niños está perdido en la montaña, fuimos gaseadas en nuestras propias casas y ahora estamos detenidas, hemos sido golpeadas y maltratadas, nos quemaron las ropas”, denunció Betiana Colhuan, la machi (sanadora), la primera voz de la comunidad que se escuchó tras el inicio del operativo. La casa de Colhuan es la primera en el acceso a la comunidad. Allí, el Comando Unificado la encontró junto a sus hijos y se la llevó detenida junto a otras mujeres.
En la tardenoche del martes se confirmó que eran siete las mujeres detenidas en el destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y también había niños. Por otro lado, niños y adolescentes, escapando de las fuerzas federales, se ocultaron en la montaña. La jueza Domínguez mantuvo un cerco sobre la comunidad y negó el paso de representantes de organismos de derechos humanos. Mientras, Aníbal Fernández señalaba: «No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”.
“El ministro Aníbal Fernández dice que no hubo represión. Cómo será la vara de represión que tiene. Realizaron un despliegue de efectivos, camiones y carros de asalto, por aire y por tierra. Fue el despliegue de un Ejército invadiendo una comunidad. Y mientras el Ministro tuiteaba nosotros tuvimos que realizar un operativo de rescate para buscar a niños y niñas perdidos en la montaña. ¿Quién hubiese respondido si uno de los niños de 8 años perdido se hubiera lastimado?”, denuncia Millán.
La Gremial de Abogados solicitó la intervención de la Defensora Nacional de la Niñez y Adolescencia a cargo de Marisa Graham. El martes a la noche, María Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, denunció la presencia de niños y adolescentes en la montaña. «Yo soy la abuela de uno de ellos», reclamaba. Recién pudieron reencontrarse con sus familias en la mañana del miércoles, según informó el periodista Santiago Rey.
Poder Judicial, partidos políticos y medios de comunicación
Hasta el momento no se conoce información oficial del Poder Judicial sobre posibles imputaciones por la quema de la casilla de Gendarmería (hecho que fue argumento central para la creación del comando de fuerzas federales y la orden de desalojo). La jueza Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare investigan por “incendio, atentado y resistencia a la autoridad”.
“En los medios de comunicación habla como ‘vecino’ Diego Frutos, que es un puntero del PRO, que no vive en Villa Mascardi sino en Buenos Aires. Nadie cuestiona cómo empresarios se quedan con tierras de Parques Nacionales, pero sí critican la presencia del Pueblo Mapuche. Naturalizan la represión, el canal TN transmitió en vivo la represión a familias como si fuera un partido de fútbol”, denunció el lonko del Lof Pillan Mahuiza sobre el acompañamiento mediático a la estrategia represiva.
Por lo pronto, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, continúo con su campaña antimapuche, la que inició en 2017 con las represiones en Cushamen y Villa Mascardi, que terminaron con los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (sin ningún efectivo detenido). “Presidente Fernández: ¿Hay algún arreglo oculto? No detuvo a ninguno de los líderes. Solo mujeres y niños. ¿Ahora retira las fuerzas de seguridad y vuelve a dejar a los vecinos indefensos? ¡Usted es directamente responsable de lo que pueda suceder!”, tuiteó Bullrich para mantener el fuego encendido.
“Vemos que intentan crear la figura del Pueblo Mapuche como terrorista, pero ayer arremetieron contra una comunidad mapuche de niños, niñas, que son el 50 por ciento de la matrícula de la escuela de Villa Mascardi. Esa es la vida de la comunidad, que no tiene nada que ver con los discursos racistas y supremacistas de Patricia Bullrich”, advierte Millán y lamenta el horizonte que se abre frente al legítimo reclamo territorial mapuche: “El Estado se está transformando en Estado fallido porque no respeta ninguna ley y reprimen a los pueblos originarios que demandamos derechos. En este momento están reprimiendo a la comunidad Nahuelpan porque cortaron el acceso al trencito en Esquel para pedir la liberación de las hermanas reprimidas. Cómo no vamos a pensar que se está configurando un estado del terror”.
«Un gobierno ‘nacional y popular’ que se une a reprimir junto a la derecha»
La Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado de «condena y repudio» a la represión en la comunidad Lafken Winkul Mapu. «La remanida estrategia del garrote ha causado dolor y muerte, pero jamás trajo solución ni aporto salida a nada. Solo aportó muerte por represión, como las vidas que se perdieron recientemente de Santiago Maldonado, Rafael Nawel y Elías Garay. Son muertes que esperan sean condenados sus responsables políticos y materiales», inicia el documento firmado por las seis zonales del Pueblo Mapuche de Neuquén.
Remarcan que los conflictos territoriales «que el Estado ha causado a lo largo y ancho del territorio no se solucionan con represión y violencia sino con la aplicación de derechos. Recuerda que el gobierno de Río Negro no aplica la Ley Nacional 26.160 (de relevamiento territorial indígena) y «tampoco cumple lo que indica la mismísima Constitución Nacional».
Denuncian el accionar de la gobernadora Arabela Carreras, de Patricia Bullrich y Miguel Pichetto por «fomentar el odio racial». Y apuntan al gobierno nacional: «Esta represión, con un descomunal aparato represivo, solo dejará satisfecha a una derecha cargada de odio, y agrandará la herida que sigue abierta en el Pueblo Mapuche, herida que hoy sangra aún más ante un gobierno “nacional y popular” que se une en el objetivo de reprimir junto a esta derecha, la más cargada de violencia racial que ha surgido en el país».
Y remarcan que en la Patagonia no existe el “conflicto mapuche”. Afirman: «Existe el conflicto generado por un Estado dispuesto a perpetuar la deuda con el Pueblo Mapuche. No se cumple ninguna de las obligaciones que exige la ley a los gobernantes provinciales y federales. Unas de las principales, es la de generar políticas de restitución territorial a las miles de familias desterradas desde sus lugares de origen».
Repudios de organismos de Derechos Humanos
Tras conocerse el operativo del Comando Unificado sobre el Lafken Winkul Mapu, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó “su enorme preocupación” y advirtió que el operativo ocurrió “a pedido de la gobernadora de Río Negro, instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar ‘Consenso Bariloche’”, donde operan tanto Bullrich como el ex senador peronista Miguel Ángel Pichetto, actual aliado de Juntos por el Cambio y reiteradas veces fallido candidato a gobernador de Río Negro.
“La vía de solución de este conflicto y de tantos otros existentes en nuestro país con los pueblos originarios es el diálogo, como indica el Convenio 169 de la OIT y no la criminalización de los mismos. Hacer valer los derechos garantizados en la Constitución Nacional, legislar la propiedad comunitaria, relevar seriamente las tierras (Ley 26.160) y entregar las necesarias para una vida digna es una deuda del Gobierno Nacional y Provincial”, sentenció la APDH y alertó que la creación del Comando Unificado puede “derivar en un procedimiento represivo, de impredecibles consecuencias, como ocurriera tiempo atrás, y que terminara el 25 de noviembre de 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel, crimen aún impune”.
Además, la APDH advirtió sobre una avanzada judicial paralela efectuada por Patricia Bullrich y el diputado Ricardo López Murphy para unificar causas, bajo el paraguas de la Ley Antiterrorista, contra de miembros del INAI, de la comunidad Buenuleo, de los integrantes de la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH, Felisa Curamil, Nahuel Loncoman y al werken (vocero) Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro. Los acusan, sin pruebas, como supuestos miembros del organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el Gobierno “utilizó un hecho puntual para generar el desalojo de toda una comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes de la que generó el allanamiento y en espacios de diálogo que se interrumpieron hace meses”. En el primer año de gobierno, el Frente de Todos con la cartera de Seguridad al mando de Sabina Frederic había presentado una política de diálogo con las comunidades mapuches.
“El conflicto por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral. No se resuelve con desalojos violentos, sino que esto pospone y agrava el conflicto”, lamentó el CELS en su comunicado.
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