Oaxaca: juicio popular comunitario contra el estado y las mineras
Francisco López Bárcenas
S
u aparición fue como la de los arroyos después de la tormenta. Primero asomaron unos cuantos y después se dejaron venir en masa. Eran casi medio millar de personas, entre ciudadanos y autoridades de 52 comunidades de los pueblos cuicateco, chatino, chontal, ikoots ayuuk, ñuú savi, binizaá y mestizo; algunos llegaron de muy lejos, como la región de la Sierra Sur, el Istmo, la Cuicateca y la Mixteca, aunque la mayoría eran de los Valles Centrales. Venían a cumplir un acuerdo tomado el pasado mes de febrero en la comunidad de Magdalena Teitipac: enjuiciar a las empresas mineras del estado por los daños que han causado a los pueblos y a la madre tierra. Se tardaron bastante tiempo porque en el ínterin realizaron asambleas para armar sus denuncias, mismas que presentaron a los miembros del tribunal, acompañadas de las firmas y pruebas que las repaldaban.
El acto se desarrolló los días 11 y 12 de octubre y resultó importante porque, que se sepa, era la primera vez que en la República Mexicana las comunidades indígenas decidían enjuiciar al Estado mexicano por su permisividad con las empresas mineras y a éstas por los daños que causan para apropiarse del patrimonio nacional. Y no lo hacían apelando a la ética y la moral, como han hecho otros tribunales, sino a su derecho a la autonomía, lo que le da sentido a otro a la sentencia del jurado, integrado por personas de alta solvencia moral y preparación profesional. El primer día, por más de 10 horas, ellos escucharon 22 casos de violación de derechos humanos, acompañados de las pruebas que sustentaban la denuncia. Todos los casos se presentaron en público, la mayoría fueron comunitarios, pero también hubo colectivos, lo que muestra el grado de organización que los pueblos van tejiendo para defender su patrimonio.
Las organizaciones que coordinaron los trabajos del juicio comunitario popular contra el Estado y las mineras presentaron un contexto de la situación de esta industria en Oaxaca, donde se han entregado 322 concesiones en 90 de los 570 municipios en que se organiza el Estado, mismas que abarcan 462 mil 974 hectáreas, que representan 5 por ciento del total del territorio nacional. Dichos proyectos se concretan en 41 planes mineros, de los cuales dos se encuentran en su etapa de explotación comercial. Dentro de estos programas destaca la violencia alrededor del de San José, operado por la minera Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, donde se han documentado cuatro asesinatos de opositores a la mina, ocho personas heridas por armas de fuego y cuatro personas con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Eso fue durante el primer día de trabajo. En el segundo, los miembros del jurado, después de analizar las demandas presentadas por las autoridades y las pruebas donde las sustentaban, emitieron un predictamen donde señalaban que los proyectos mineros han violado derechos fundamentales de los pueblos como el de seguir siendo pueblos, los territoriales, el acceso preferente a los recursos naturales, el desarrollo propio y diferenciado, a la identidad cultural y derecho a la información técnica y culturalmente adecuada. Congruente con ello, recomendaron exigir al gobierno que tome medidas para que los pueblos puedan ejercer su derecho a la autornomía y asegurar su relación con el territorio y los reursos naturales que en ellos se encuentran, cancelar las concesiones mineras sobre territorios indígenas por haberse otorgado violando sus derechos y suspensión de la entrega de nuevas concesiones, derogar la actual legislación minera y aprobar otra con sentido social.
Una recomendación importante fue la relacionada con la seguridad de los defensores del territorio. El jurado consideró que se debe detener de inmediato la política de criminalización de la protesta social por la defensa del territorio y contra la minería nociva, castigar a los responsables de asesinatos de opositores a estos proyectos, presentar con vida y de manera inmediata a las personas desaparecidas, suspender las órdenes de aprehensión y las amenazas individuales y colectivas por las mismas razones. El documento se hizo público en el zócalo de la capital, para satisfacción de los demandantes, que lo aplusieron con mucha fuerza. Hubo varias interpretaciones de él. Para algunos era como el arcoíris que aparece en los llanos anunciando que la tormenta comienza a amainar, mientras a otros les pareció que dibujaba un programa de lucha por el que habrá que batallar en los próximos años.
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