Argentina: donde la justicia mata a una madre dos veces

Argentina: donde la justicia mata a una madre dos veces José Steinsleger

E l anhelado día amaneció primaveral y, tempranito, salí a votar. En el ascensor del edificio, un cincuentón con su esposa, vestidos de punta en blanco, saludaron con rara euforia: ¡A no desperdiciar el voto! El calendario marcaba 30 de octubre de 1983, fecha histórica en que Argentina recuperó la democracia, tras una dictadura cívico-militar que en siete años y medio desapareció 30 mil ciudadanos, a más de librar una guerra absurda contra Gran Bretaña y la OTAN, en las islas Malvinas. Había regresado al país con el fin de poner el hombro a la democracia. Pero con un mercado inmobiliario que siempre estuvo en manos de especuladores, sólo conseguí instalarme con mi familia en Belgrano (barrio tradicional de la clase porteña media-media), frente a un parque donde se levanta La Redonda (parroquia de la Inmaculada Concepción). Para los iniciados, el lugar remite al Informe para ciegos, tercer capítulo de Sobre héroes y tumbas (1961), novelón en el que Ernesto Sábato retoma su obsesión por los ciegos, tratada en El túnel (1948). Algunos críticos vislumbraron a Jorge Luis Borges como destinatario del Informe, y otros lo vieron como metáfora brutal de la sociedad argentina. Sin embargo, en 1983 los tormentos dostoievskianos de Sábato pasaban por otro lado: los desaparecidos. Mientras que Borges, quien había tratado de caballero al general genocida Jorge Rafael Videla (y luego fue condecorado por Pinochet), consintió en redactar, en el cénit del terrorismo de Estado, una Solicitada por los desaparecidos a pedido de las madres y abuelas de Plaza de Mayo (1980). Por su lado, el angustiado Sábato empezaba a vulgarizar la teoría de los dos demonios, concebida, acaso sin él desearlo, para lavar la complicidad de la sociedad civil con el terror. Es decir que el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 habría sido a consecuencia del accionar de la guerrilla, que para entonces ya estaba diezmada. Vale detenerse, entonces, en un par de párrafos de lo escrito por Borges, gloria de la literatura que los cínicos califican de apolítica. Dicen así: Una tarde vinieron a casa las madres y abuelas de Plaza de Mayo a contarme lo que pasaba. Algunas serían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían llorando sinceramente, porque uno siente la veracidad. ¡Pobres mujeres tan desdichadas! Eso no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes, pero no importa. Todo acusado tiene derecho al menos a un fiscal, para no hablar de un defensor. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado. Sigue: Cuando me enteré de todo este asunto de los desaparecidos me sentí terriblemente mal. Me dijeron que un general había comentado que si entre cien personas secuestradas, cinco eran culpables, estaba justificada la matanza de los 95 restantes. ¡Debió ofrecerse él para ser secuestrado, torturado y muerto para probar esa teoría, para dar validez a su argumento!... En los comicios presidenciales de 1983, con Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical (partido tradicional de las clases medias), ganó con 51.5 por ciento de los votos. Y el peronismo, desangrado por la dictadura, cosechó 40.1 por ciento. Pocas semanas después, Alfonsín constituyó la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep, presidida por Sábato), dando paso a nuevos actores políticos y sociales, vinculados con agrupaciones que habían librado una lucha heroica y tenaz por los derechos humanos. Los juicios a las juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-83) empezaron en abril de 1985. Y, a pesar de muchos aspectos políticos y jurídicos cuestionables, Argentina sentó el precedente de condenar legalmente a los genocidas (como sugería Borges), que fueron condenados a penas de varios años, o reclusión perpetua. Pero Alfonsín tenía varios enemigos: en primer lugar, las fuerzas armadas y los grupos económicos concentrados. Y luego, las mafias sindicales y los izquierdistas que nada quieren por debajo de la revolución, pues todo sería pequeño burgués. En 1986, luego de una sublevación militar, los radicales decretaron la ley de Punto Final. Y al año siguiente, otra más llevó a la de Obediencia Debida. Finalmente, en medio de la hiperinflación inducida, Alfonsín fue echado a patadas por los grupos financieros (1989). Y así llegó Carlos Menem, quien, asimismo, enfrentó la tercera sublevación militar (1990), que obligó a que indultara a los genocidas (Ley de Impunidad). En 2003, a inicios del gobierno de Néstor Kirchner, todas las leyes referidas fueron anuladas por el Congreso, permitiendo que el movimiento por los derechos humanos recuperara las esperanzas de verdad, justicia, memoria. No obstante, en días pasados, en complicidad con la Iglesia católica y los medios hegemónicos de comunicación, violando todos los tratados internacionales, una Corte Suprema totalmente corrompida por Mauricio Macri, aplicó el cómputo del dos años por uno (2x1), a los condenados por delitos de lesa humanidad. En la noche de aquel 30 de octubre de 1983, cuando se conocieron los resultados, caminé hasta el cruce de las avenidas Cabildo y Juramento, a una cuadra de casa. Fuera de sí, la gente festejaba: ¡Paredón, paredón / a todos los negritos que votaron a Perón! Allí estaba mi vecino y, claro, no hubo necesidad de preguntar si había desperdiciado el voto. Subir al inicio del texto