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México SA República succionada Huachicoleras unidas Gasolineras y políticos Carlos Fernández-Vega

D e tiempo atrás se conoce la magnitud del problema, pero a raíz de los sucesos en Palmarito, Puebla (en donde murieron civiles y militares), el escandaloso, creciente y jugoso negocio del robo de combustibles ha destapado una gigantesca telaraña de intereses en la que cohabitan, plácidamente, los tres niveles de gobierno y el otro crimen organizado (sistema judicial, empresarios y operadores). Cada parte aporta y cobra lo suyo: ineficiencia, desinterés, olvido, complicidad, tráfico de información confidencial, corrupción, daño a la nación, ilícitos e impunidad, por decir lo menos, en un macro operativo ilegal que tiene presencia en cuando menos dos de cada tres estados de esta República succionada. A lo largo y ancho del país, Petróleos Mexicanos cuenta con miles y miles de ductos que transportan todo tipo de combustibles (además de crudo y otras gracias) y, de acuerdo con un reporte de la Cámara de Diputados, en 21 de los 32 estados de la República –más en unos que en otros– se han registrado tomas clandestinas. La información de Pemex explica (diciembre de 2016) que “aproximadamente 5 mil 259 kilómetros de ductos actualmente en operación transportan petróleo crudo; 8 mil 582 kilómetros transportan productos petrolíferos y petroquímicos; mil 583 kilómetros gas licuado de petróleo; mil 982 kilómetros productos petroquímicos básicos y secundarios y 290 kilómetros otros productos (combustoleoductos, turbosinoductos y acueductos). Y la ahora denominada empresa productiva del Estado detalla que la red de ductos para petróleo crudo y gas natural del segmento de exploración y producción conecta centros de producción de petróleo crudo y gas natural con refinerías y plantas petroquímicas. A finales de 2016 esta red de ductos consistía aproximadamente en 42 mil 260 kilómetros de ductos, de los cuales mil 200 se localizaban en las región marina noreste; mil 61 en la región marina sureste; 9 mil 193 en la región sur; 26 mil 244 kilómetros en la región norte y 4 mil 562 kilómetros de ductos de distribución y comerciales. Se trata, pues, de una monumental telaraña de transporte y distribución en la que se montó la otra telaraña, la del crimen organizado en sus dos versiones (el institucional y el otro) con el objetivo de succionar –aún más– la riqueza nacional. Ese ha sido el pan de todos los días a lo largo de cuando menos 15 años (léase tres gobiernos al hilo: Fox, Calderón y Peña Nieto), con el agravante de que el negocio crece a paso agigantado. La versión oficial asegura que se trata de un problema focalizado, en el que participan unos cuantos delincuentes que se dedican al robo de combustibles y a las tomas clandestinas, y su visión siempre apunta a que los responsables de este jugosísimo filón (en realidad un súper fraude a la nación) son los famélicos campiranos que se juegan el pellejo en cada perforación y aparecen en la fotografía y/o el video de ocasión. Y hasta allí, sin más, dan por terminada la escalera delictiva. Ello, sin dejar a un lado que –de acuerdo con el reporte del Congreso– por cada cien huachicoleros que la supuesta autoridad atrapa in fraganti y presenta ante el Ministerio Público, 83 quedan en libertad en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de millones y millones de litros de combustible y de miles de millones de pesos que, a lo largo de tres lustros, nadie vio, nadie succionó, nadie distribuyó, nadie compró y, desde luego, nadie lavó, con delincuentes de cuello blanco que nadie conoce, pero toda autoridad protege. Pero todo indica que ya no pudieron ocultar el estallido en Palmarito, y entonces el gobierno quiere hacer como que hace, cuando en realidad no ha hecho mayor cosa. Y los resultados hablan por sí solos. Sirva lo anterior para dar contexto a la nota publicada ayer por La Jornada (Israel Rodríguez) que da cuenta de la magnitud del problema: “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada, por lo que la autoridad empezó a cancelar sellos fiscales. El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, informó que muchas empresas fantasmas se constituyen por medio del robo de identidad, y reveló que las citadas compañías han facturado operaciones superiores a 900 mil millones de pesos”. Las investigaciones se realizan también en las 12 mil gasolineras diseminadas en todo el territorio nacional, pero se han centrado en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. Se coteja información con Petróleos Mexicanos para que las compras coincidan con el nivel de ventas. Desde el punto de vista de Pemex estamos identificando quiénes tienen o pueden justificar su nivel de consumo de combustible dada la naturaleza de su negocio. Lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas. Pues bien en 2015, de acuerdo con la estadística del Inegi, regadas a lo largo y ancho de esta República succionada existían legalmente registradas poco más de 4 millones de empresas, de las que casi 98 por ciento eran micro; es decir, de sobrevivencia. El 2 por ciento restante (alrededor de 96 mil) se reconocía pequeña y/o mediana. No aparece el dato sobre la gran empresa, que obviamente es la de menor peso numérico en el volumen, pero arrasadoramente la de mayor poder financiero. ¿Qué tipo de empresa puede participar en los tejes y manejes huachicoleros, expedir facturas falsas, robar la identidad legal de otras empresas, etcétera, etcétera? Al mismo tiempo, la mayoría de las gasolineras diseminadas en la República pertenecen a grandes grupos político-empresariales (es cuestión de revisar el padrón e irremediablemente aparecerán ex gobernadores –algunos activos–, senadores, diputados, presidentes municipales ex inquilinos de Los Pinos, secretarios de Estado o compadres/prestanombres de éstos, todos ellos asociados con sus empresarios lavadores; recuérdese el corporativo de la familia Mouriño, que con Calderón en la residencia oficial creció como la espuma). Las rebanadas del pastel Entonces, ¿se entiende por qué este jugoso negocio crece como la espuma, mientras la lerda autoridad afirma que se trata de un problema focalizado en un pequeño triángulo rojo?... ¿Y después del huevo qué viene? ¿Plomo? Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com Subir al inicio del texto