Choreachi: el Estado mexicano

Choréachi: el Estado mexicano emplazado Magdalena Gómez

L a última década los rarámuris han exigido al Estado mexicano por la vía judicial la recuperación de sus territorios, con el respaldo valiente de varias organizaciones, entre ellas Alianza Sierra Madre, para el caso de Choréachi. Para la mirada prevaleciente centro y surocéntrica le puede parecer inexplicable que se destaque la ­inédita marcha a la capital del estado de Chihuahua de rarámuris con la que se hicieron presentes apenas hace 10 años, o sus caravanas para hablarle al poder en la capital del país; lo es si nos acercamos a la realidad que han vivido los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, lo es si damos cuenta de los días de camino que les implica el traslado, lo es más si observamos la reciente agudización de la violencia ancestral contra ellos y sus territorios. En días pasados, el sacerdote jesuita Javier Ávila, tras 40 años de vivir en la Sierra Tarahumara, explicaba que históricamente, cuando al rarámuri le ponía el pie encima el chabochi (mestizo), procuraba retirarlo poco a poco y en silencio continuaba su camino. Hoy esa reacción pasiva es insoportable, hoy se está viviendo el ¡ya basta! rarámuri. En esa resistencia, en el aislamiento en que la ha vivido, resulta inapropiado hablar de que parezca tenerles sin cuidado lo que pasa en la sociedad mayoritaria. Un ejemplo: en 2001, en el cierre en el Zócalo de la marcha El Color de la Tierra, el EZLN nombró a todos los pueblos indígenas y la pequeña representación rarámuri, a su regreso, informó con emoción que acá se vinieron a enterar que somos muchos y además que ellos, los rarámuris fueron nombrados. Cierto que no están enterados como otros pueblos de la situación nacional o del crimen contra Miroslava Breach, pero es un hecho que están resintiendo sus efectos y nada de esta descomposición criminal y grave riesgo les es ajeno. Justamente es el contexto para leer el profundo significado que tiene el que ahora sean nombrados en el sistema interamericano y el Estado mexicano esté emplazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) , para proteger a la comunidad de Choréachi ya no sólo a alguno de sus integrantes amenazados. La resolución fue aprobada el 25 de marzo pasado, un día antes el gobierno respondió de manera insatisfactoria a su solicitud de información precisa sobre Choréachi, así como las medidas adoptadas sobre el proceso que ha sido denunciado primero ante la Comisión Interamericana (CIDH) hace tres años por la representación jurídica de la comunidad y reiterado el primero de febrero de 2017: una extrema situación de riesgo de las personas beneficiarias y la continuidad en los hechos de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia ocurridos en la región por la presencia de actores del crimen organizado, los conflictos del territorio y otros factores generadores de la situación de violencia denunciada. Adicionalmente, destacaron la falta de medidas de protección adecuadas por parte del Estado pese al tiempo de vigencia de las medidas cautelares y expresaron a la comisión la necesidad de que se solicitaran medidas provisionales a la Corte Interamericana. La CIDH señaló al remitir el caso a la Corte el pasado 20 de marzo: Si bien el Estado mexicano ha respondido formalmente a las medidas cautelares y reiterado su disposición de dar cumplimiento a las mismas, la información aportada en el marco de dicho trámite refleja que, pese al tiempo transcurrido, no se han adoptado medidas adecuadas y efectivas para atender la situación de seguridad de la comunidad, las cuales deben ser adoptadas de manera urgente y con un enfoque diferenciado que atienda las necesidades particulares de las personas beneficiarias. Es clave la expresión de que las respuestas oficiales son formales, es la línea que mantuvo para responder a la Corte; señaló que sus medidas han sido eficaces: diversas reuniones sobre el asunto agrario-ambiental, la presencia policiaca, por ejemplo, la alerta decretada en Chihuahua por el Mecanismo de Defensores y Periodistas (pese a los crímenes que cumplieron con amenazas denunciadas previamente: Juan Ontiveros, entre otros) y cuestionó a la CIDH al solicitar medidas provisionales; es contraria a la naturaleza complementaria del sistema interamericano; señaló que su carácter coadyuvante: obliga a los órganos interamericanos [a] abstenerse de intervenir en dichos asuntos cuando los estados actúen de conformidad con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. ¿Qué tal su autoexculpación? Pese a ello, la CoIDH reiteró “la extrema gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a personas por lo que decidió ordenar al Estado que presente, a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas. No se nos está descomponiendo Chihuahua (según el secretario Osorio Chong) forma parte de un patrón de impunidad. Subir al inicio del texto