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México SA Aerolíneas al abordaje Clientela desamparada Profeco: triste historia Carlos Fernández-Vega

¿D ónde quedó la máxima neoliberal sobre la necesidad de privatizar los bienes del Estado obeso (Miguel de la Madrid dixit), porque los empresarios son mucho mejores administradores que el gobierno, amén de que destacan por la excelencia en el servicio que ofrecen? Ello, porque, por ejemplo, no pasa día sin que se registren denuncias, quejas, mentadas y conexos de los usuarios de las aerolíneas que operan en el país, las cuales sin pudor alguno hacen lo que les viene en gana sin consecuencia alguna. Un día sí y el siguiente también, dichos usuarios denuncian no sólo el pésimo servicio ofrecido por las líneas aéreas, sino por el lamentable estado que en no pocas ocasiones guardan las aeronaves que abordan, los abusos y el pésimo trato a la clientela. Reservaciones no respetadas, viajes cancelados o demorados sin mayor explicación, negativa a devolver el costo del pasaje y muchas más. Desde los tiempos foxistas el gobierno autorizó la creación de líneas aéreas de bajo costo que a la larga le cuestan más al consumidor por la cancelación de vuelos, los constantes retrasos, sobreventa de boletos, pérdidas de maletas, amén de pésimo servicio al cliente y personal energúmeno sin capacitación para tratar con los usuarios, entre tantas otras gracias. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tan sólo en el primer bimestre de 2017 en esa instancia se presentaron alrededor de 265 quejas contra las líneas aéreas, a razón de casi cinco por día en promedio. Las quejas (que sólo son las presentadas ante la Profeco, lo que no quiere decir que sean las únicas; de hecho, las redes sociales cotidianamente están repletas de denuncias de los usuarios) correspondió a Aeroméxico (106, o si se prefiere 40 por ciento del total), Interjet (74), Viva Aerobús (49), Volaris (30) y TAR (6). Ante esa catarata de denuncias, la Profeco, siempre en defensa del consumidor, tuvo a bien multar a las citadas aerolíneas por un total de 725 mil pesos, es decir, a razón promedio de 2 mil 735.85 pesos cada una de ellas, con el consecuente malestar de los usuarios, pero la satisfacción de las empresas con alas. En tiempos de Peña Nieto la Profeco ha sido un caos en lo que a titulares se refiere, pues cada uno de ellos (incluyendo al dos veces encargado del despacho) en promedio duró poco más de ocho meses en el cargo y ha sido la beca más jugosa y recurrente en el gobierno de EPN para los políticos tricolores en espera de huesos mayores. El primero en ocupar esa posición fue Humberto Benítez, quien, apenas cinco meses y pico después de su nombramiento, tuvo que salir por piernas ante el escándalo provocado por su hija (Andrea, mejor conocida como Lady Profeco) y alimentado por él, ante el descarado uso de personal de la dependencia a su cargo para darle gusto al capricho de la nena. Lo suplió el inenarrable Alfredo Castillo, quien ocho meses después fue designado comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, estado en el que dejó un tiradero verdaderamente desastroso. Y todavía de premio Peña Nieto lo nombró titular de la Conade. El relevo fue Lorena Martínez (10 meses en el cargo), ex presidente municipal de la ciudad capital de Aguascalientes, quien en la Profeco pacientemente esperó turno para intentar convertirse en gobernadora de ese estado, aunque si bien fue candidata tricolor para tal fin, falló en el intento. De hecho, el PAN recuperó la gubernatura. Mientras EPN designaba nuevo titular, Rafael Ochoa Moralesse se encargó del despacho, sólo en espera de la llegada de otro amigo de los amigos: Ernesto Nemer, quien días atrás dejó el puesto para convertirse en el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo Maza al gobierno del estado de México. De nueva cuenta, Ochoa Morales quedó como encargado del despacho. Entonces, con ese ritmo se explica el por qué del descuadrado funcionamiento de la institución encargada de cuidar los intereses de los consumidores, caso concreto de los clientes de las citadas aerolíneas, cuyo pésimo servicio comenzó siendo excepción para convertirse en norma. Ahora los lerdos cuan somnolientos diputados (fanáticos usuarios de los aviones, sean propios, rentados o de línea comercial) amenazan con tomar cartas en el asunto para imponer sanciones a las empresas con alas que sin más, y en demérito de sus usuarios, retrasen los vuelos, es decir, el proceder cotidiano, desde hace mucho tiempo, de las susodichas. Para ello, se supone que hoy pondrían a votación una iniciativa que modifica las leyes de Aviación Civil, de Transporte y de la propia Profeco, de acuerdo con la declaración del priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. Habrá que ver si es cierto y en qué condiciones, pero lo real es que las aerolíneas hacen lo que se les pega la gana con su clientela, sin consecuencia alguna. Y ello no es novedad, porque sus propietarios, los barones del sistema, lo han hecho desde siempre. Cómo olvidar el sempiterno circuito de privatización-estatización-privatización de Mexicana de Aviación y Aeroméxico, cuya propiedad pasaba de un lado a otro dependiendo de la situación económica de las empresas: si el reporte era de pérdidas cuantiosas, el gobierno las rescataba; si era al revés, las privatizaba, y así eternamente. Por ejemplo, el más reciente rescate de Mexicana de Aviación se registró en 1994 y no sólo fue multimillonario, sino desastroso, porque se volvió a privatizar en 2005 (cortesía de Fox) en favor de los mismos propietarios (con Gastón Azcárraga Andrade a la cabeza) que la quebraron y cómodamente echaron sus voluminosas deudas a la panza del Fobaproa, para, una vez recuperada, volverla a quebrar y saquearla en 2010, dejando un cochinero y en la calle a 8 mil 500 trabajadores. Casi siete años después, y activa una orden de aprehensión de la PGR –emitida en 2014, pero nunca ejecutada–, Gastón Azcárraga vive en Nueva York, Estados Unidos, cómodamente y sin apuros, porque la justicia mexicana no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Las rebanadas del pastel En todos los países (Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, hasta ahora) en los que el consorcio Odebrecht ha sido acusado por corrupción los gobiernos abrieron los respectivos expedientes para facilitar las investigaciones. Todos, menos México, cuya autoridad se niega a hacerlo. De hecho, los ha reservadoy blindado por cinco años, con todo y que 10 ex altos mandos de la ex paraestatal aparecen involucrados hasta el cuello. ¿Qué esconde? ¿Adivinen? Twitter: @cafevega D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com Subir al inicio del texto