Mexico SA

México SA ¿Apocalipsis pensionario? ¿Catástrofe y condena? Jauja arriba; miseria abajo Carlos Fernández-Vega

A pocalípticas condenas y catástrofes penden sobre los mexicanos pensionados, en edad de hacerlo y los que aún lejanamente lo harán, como resultado de la gran solución social al México moderno (Zedillo dixit) que dos décadas atrás les clavó la tecnocracia en el poder. Entonces, ésta prometió un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo (léase las Afore), y a la vuelta de los años el permanentemente achicado régimen pensionario es un verdadero asalto a los trabajadores, mientras el gobierno se lava las manos. El pasado jueves el presidente de la Consar, Carlos Ramírez, abrió su Nuevo Testamento y en él encontró la fecha de muerte por hambre de los mexicanos de a pie: a partir del año 2021 millones de mayores de 60 años estarán condenados a una vejez de pobreza, con ingresos insuficientes de apenas una tercera parte de su último salario, todo ello por el prometido sistema justo y los miserables salarios que se pagan en el México moderno. Ello, como si ahora los pensionados vivieran en jauja. Inmediatamente después la agencia calificadora Moody’s hizo segunda y advirtió que “la insuficiencia de recursos para el pago de pensiones es un problema general de estados, municipios y universidades públicas de todo el país, que se convierte en una catástrofe. Tan es así que al menos siete entidades tienen que recurrir a dinero de su presupuesto para pagar a los jubilados… Es el riesgo que se corre cuando no se tiene un sistema de pensiones fondeado o no se tenga dinero para el pago de éstas” (La Jornada, Víctor Cardoso). Ninguno de los apocalípticos menciona la razón de la supuesta inexistencia de recursos para cubrir las pensiones, es decir, la corrupción gubernamental, el desvío de recursos, la connivencia con el sector privado y, sobre todo, el fallido modelo económico de la tecnocracia instalada en el poder tres décadas atrás, que sólo ha generado riqueza y concentración –y a qué grado– para unos cuantos y pobreza para la mayoría. Tampoco hacen el mínimo esfuerzo para determinar en qué se han gastado los fondos que debieron destinarse a dar soporte financiero a las pensiones, y mucho menos investigar quiénes se los han embolsado (los gobernadores, por ejemplo), ni por aproximación hacen referencia a los miserables salarios que reciben los trabajadores y mucho menos al galopante crecimiento de la informalidad (promovida por el sector privado y el propio gobierno) que ha provocado que a estas alturas, y sólo en el mejor de los casos, apenas cuatro de cada 10 mexicanos tengan acceso a una pensión, por pinchurrienta que ésta resulte. Nada. Sólo apocalípticos anuncios sobre condenas y catástrofes, con el fin de convencer a propios y extraños de que no hay más remedio ni más camino que darle la puntilla privatizadora al de por sí endeble sistema pensionario del país y, tras 20 años de la gran solución social al México moderno, dejar que los mexicanos mueran por hambre. Lo anterior, desde luego, no incluye las jugosas pensiones de la burocracia dorada. Ejemplos, documentados por la Auditoría Superior de la Federación, son los siguientes: en el Banco de México, 232 mil pesos mensuales; Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 225 mil; Comisión Federal de Electricidad, 254 mil; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), 200 mil; Universidad de Nayarit y Universidad de Nuevo León (ambas entidades públicas), 209 mil; Consejo de la Judicatura Federal, 109 mil; Suprema Corte de Justicia de la Nación, 260 mil; Petróleos Mexicanos y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 250 mil; Issste, 188 mil; Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y Nacional Financiera, de 150 a 180 mil. Además, ex inquilinos de Los Pinos, ex gobernadores, el aparato de seguridad nacional, liquidaciones en el Legislativo, más bonos y compensaciones a discreción. Pero aseguran que no hay dinero para las pensiones de los mexicanos de a pie obligados a subsistir entre condenas y catástrofes. Sólo para dar una idea de qué se trata, la pensión para los altos directivos de, por ejemplo, el Banco de México resulta 109 veces superior a la pensión mínima garantizada en el IMSS (2 mil 300 pesos mensuales). La calificadora Moody’s mantiene intocado al gobierno federal y enfoca sus baterías hacia las 32 entidades de la República, y en ella es donde alcanza a ver una catástrofe pensionaria, porque en algunos casos el déficit de fondeo equivale a 330 por ciento de sus ingresos anuales, por lo que, dice, se corre el riesgo de suspender el pago de la prestación, porque el sistema no tiene con qué. Pero más allá de la advertencia sobre la falta de recursos, el señalamiento de la calificadora es un galimatías, porque el grueso presupuestal de los estados de la República proviene del gobierno federal. Es el control económico y, por ende, político de los gobernadores. Un ejemplo de ello es el estado de México. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (de la Cámara de Diputados, en la cuna del actual inquilino de Los Pinos el gasto federalizado representa aproximadamente 84 por ciento de sus ingresos brutos totales y alrededor de 71 por ciento del correspondiente a sus municipios. Y parte de esos dineros son para el saneamiento del sistema de pensiones. Así, el gobierno federal compra lealtades y a cambio permite a los gobernadores todo tipo de tropelías, desvíos y saqueos… comenzando con los fondos destinados al sustento financiero de las pensiones. Todas las entidades de la República dependen en grado sumo de la generosidad del centro. El 53 por ciento de los ingresos de la Ciudad de México depende del centro, mientras que en los casos de Nuevo León y Jalisco las proporciones son de 69 y 85 por ciento, respectivamente. Los estados con mayor dependencia financiera del gobierno federal son San Luis Potosí y Durango, donde 93 por ciento, en cada caso, de sus ingresos brutos totales provienen del presupuesto nacional (93 centavos de cada peso). Le siguen Guerrero (92), Puebla y Michoacán (91), y Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Baja California Sur (90). Otros 16 oscilan entre 80 y 89 por ciento, y otros van de 69 a 79 por ciento. Entonces, jauja para los de arriba, miseria para los de abajo. Las rebanadas del pastel Mientras el tipo de cambio toma vuelo (ayer el billete verde se vendió hasta en 18.19 bilimbiques), va un enorme abrazo a mi Chícharo amado por una vela adicional en su pastel. Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com Subir al inicio del texto