Ayotzinapa, ejemplo de la aparente colusión Estado-crimen, dice CIDH Persiste una ‘‘impunidad estructural y casi absoluta’’, indica el organismo en su informe anual Familiares de los normalistas frente a la PGRFoto Francisco Olvera /Archivo David Brooks Corresponsal

Periódico La Jornada Jueves 3 de marzo de 2016, p. 4 Nueva York, 2 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en un informe anual sobre México que las desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’, y subraya que es muestra de las ‘‘graves deficiencias’’ de las investigaciones en este tipo de casos, como la ‘‘impunidad estructural y casi absoluta’’ en los graves crímenes que ocurren en el país. ‘‘México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años’’, en gran medida por la ‘‘guerra contra el narcotráfico’’ impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, y al aumentar el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se ha ‘‘desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales’’, señala el extenso informe anual titulado Situación de los derechos humanos en México, emitido hoy por la CIDH. Sin ‘‘cambios sustanciales’’ En un resumen de las violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el régimen actual no se ofrecieron ‘‘cambios sustanciales’’ en políticas de seguridad, mientras continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Aunque reconoce las medidas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas algunas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones de ciertos abusos de derechos humanos, indica que ‘‘la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación’’. De hecho, subraya que a pesar del cambio de gobierno a fines de 2012, ‘‘no habría cambios sustanciales en relación con las políticas de seguridad y los niveles de violencia’’, y resalta sobre todo las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura e inseguridad de ciudadanos, pero en especial de mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Afirma que ‘‘México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra’’. Cita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006 hasta agosto de 2015. Además, señala que al 30 de septiembre de 2015 el Estado mexicano reportaba 26 mil 798 personas ‘‘no localizadas’’ o desaparecidas a escala nacional. En torno a las desapariciones, ‘‘fenómeno no nuevo’’, la CIDH considera ‘‘grave’’ la información sobre ‘‘la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado’’, o con su participación y una impunidad casi total. Criticó las fallas en las investigaciones sobre desapariciones y subrayó que ‘‘la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la guerra sucia y que ha propiciado su repetición hasta hoy’’. Más aún, afirma que familiares de víctimas tienen renuencia de acudir a las autoridades, tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención. ‘‘Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia, como corresponde’’. En este contexto, el informe aborda la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, lo cual ‘‘constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en ese país’’. El caso, agrega, ‘‘es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’. Al mismo tiempo, la CIDH manifiesta su ‘‘agrado’’ por la ‘‘apertura’’ del Estado mexicano al escrutinio internacional y la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno a los hechos de Iguala. El informe también se enfoca sobre el uso de violencia por agentes del Estado, incluyendo los casos de Tlatlaya, estado de México, en 2014; el de Apatzingán, y el enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, en 2015, resaltando la necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades. ‘‘La práctica de la tortura es alarmante en México’’, y también es ‘‘generalizada’’, declara el informe. Según cifras oficiales, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero existen sólo 15 sentencias condenatorias por ese delito a escala federal. Agrega que en la investigación de los hechos en Iguala –aún con su alto perfil– 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales. En su diagnóstico, la Comisión Interamericana señala que ‘‘la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana’’. Por tanto, concluye: ‘‘En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. El gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos’’. El informe, el cual incluye un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México, se puede ver. Siguiente Subir al inicio del texto