Crimen y castigo en el país de AMLO
El pueblo se cansa de tanta pinche transa.
Grito en las manifestaciones populares
En medio de la pandemia del Covid-19 que no ha podido dominarse (con más de 60 mil muertos México se coloca en un triste tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil), de una devastadora crisis económica con por lo menos un millón de desempleados y de la imparable tendencia de violencia delincuencial que sigue desenfrenada, ahora en estos días el país está experimentado un terremoto político que sacude de arriba abajo su estructura política dominante.
Descomposición política
Los barruntos de esta tormenta política estaban ya presentes desde hace dos años. La victoria electoral aplastante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en gran medida forjada por él mismo con su feroz campaña de agitación durante varios años contra la “mafia del poder” del PRI y el PAN (el PRIAN), condujo a la pulverización política y organizativa de ambos partidos, los pilares del tradicional régimen mexicano durante la mayor parte del siglo XX y de lo que iba del siglo XXI. Así surgió el partido de AMLO, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) como la aplanadora de las cámaras legislativas. De hecho en la etapa final anterior a las elecciones presidenciales de 2018 que lo llevaron a su triunfo, AMLO comenzó palpablemente a echar agua a su vino “anti mafia del poder”. AMLO ha mostrado bien la razón de este giro de su discurso político mucho más moderado a partir de su llegada al Palacio Nacional. Aunque de forma caótica su curso de política económica centrado en una lucha contra la corrupción no difiere sustancialmente de las normativas macroeconómicas neoliberales prevalecientes en los últimos treinta años: total apoyo a los negocios capitalistas en especial a los mayores, énfasis en las privatizaciones, austeridad extrema en el presupuesto público, fortalecimiento del aparato represivo y completa subordinación a la economía del poderoso vecino del norte. Incluso en los objetivos favoritos de su gobierno AMLO no se distingue de sus antecesores al subordinar enormes recursos económicos a proyectos particulares faraónicos que no se acomodan con las necesidades urgentes del momento como son el aeropuerto de Santa Lucía, el tren maya y la refinería de Tres Bocas de Tabasco. Su objetivo de “primero los pobres” ha quedado como un lema sin verdadero sustento como la situación de abandono en que se encuentra la abrumadora mayoría popular en la pandemia lo demuestra.
Obviamente que las circunstancias de la agudísima crisis capitalista global ya anunciada desde 2019 y desatada de modo feroz con la aparición de la pandemia ha tensado los conflictos agudizando fuertemente todas las contradicciones, dejando muy poco o nulo margen para los compromisos. Está sucediendo en todo el mundo no podía sino expresarse también en México, más aún cuando desde 2018 era evidente que las grandes masas populares expresaron fehacientemente con 32 millones de votos, la votación más grande en la historia del país, su repudio al sistema del PRIAN falsamente presentado como “democrático”, en realidad un régimen de decadencia, de violencia y de corrupción generalizadas. El terremoto político actual que sacude a México ha puesto de relieve esta situación sin duda alguna posible.
Emilio Lozoya Austin es el personaje que se ha convertido en la fuente del escándalo del poder más importante de lo que va del gobierno de AMLO. Es el imputado principal por la justicia de delitos mayores pero también, debido a esos vericuetos del sistema jurídico imperante, actúa como testigo, colaborador y denunciante. Director de Pemex durante la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, huido con motivo de la llegada a la presidencia de AMLO, detenido en España y extraditado a México en julio pasado, Lozoya es (fue) el clásico miembro de los niveles superiores de los gobiernos del PRIAN como heredero de una dinastía familiar de la élite del poder, destinado y educado para ser un alto funcionario del régimen.
Como representante internacional de Peña Nieto, Lozoya fue directamente el encargado de tratar con la compañía brasileña transnacional Odebrecht que aportó en 2012 importantes cantidades de recursos financieros a la campaña presidencial del primero a cambio de disfrutar posteriormente de jugosos contratos. El vínculo gubernamental con dicha compañía proveedora también de los recursos utilizados en los sobornos necesarios para aprobar la “reforma energética” que se daría en 2013-14 ya estaba presente desde el gobierno de Calderón y representó una muestra viva de la complicidad entre éste y Peña, entre el PAN y el PRI. La denuncia de estos hechos interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR) por Lozoya el 11 de agosto y difundida en forma jurídicamente irregular una semana después, un documento de más de 60 fojas, es la narración de reuniones, acuerdos, cantidades de dinero entregadas como sobornos, relaciones entre personajes del mundo de la política de los grupos dominantes con el entonces presidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. Junto a la filtración de la denuncia mencionada, también se filtró un video en donde personeros panistas en la Cámara de Diputados repartían en maletas los montones de billetes que se encontraban en grandes bolsas sobre una mesa.
En el amplio relato de su denuncia Lozoya nombra como autores y ejecutores de numerosos negocios de miles de millones de dólares que reportaban superganancias a la compañía brasileña a través de contratos leoninos, subsidios innumerables, créditos de la banca estatal (Nafinsa y Bancomext) a tres ex presidentes de la República (Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa), dos ex candidatos presidenciales (el panista Ricardo Anaya y el externo postulado por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña quien también fungió dos veces como secretario de estado del gabinete de Peña Nieto), una suerte de vicepresidente ejecutivo durante el peñismo (Luis Videgaray Caso el cerebro del gobierno en el sexenio 2012-2018)), el fallido delfín de Calderón a la candidatura presidencial panista de 2012 (Ernesto Cordero hoy senador de la República), dos panistas que ahora son gobernadores (Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro), varios políticos ligados específicamente al calderonismo (Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury), el concuño de Carlos Salinas de Gortari (José Antonio González Anaya, quien fue secretario de Hacienda y director de Pemex durante el peñismo) y a 70 personajes más relacionados con estas operaciones en las cámaras legislativas, en Pemex entre otros lugares.
El papel de AMLO
En sus diarias mañaneras de agosto, refiriéndose al escandalazo de Lozoya, más de una vez AMLO se ha hecho eco del grito tantas veces oído en las manifestaciones populares: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa”. No ha dejado de hablar, comentar, señalar y recomendar que todos lean el testimonio de Lozoya considerado por él, no sin razón, como una prueba contundente de la bancarrota de los gobiernos “neoliberales”, es decir, de sus opositores políticos burgueses. Este combate contra la corrupción centrado en los altos niveles lo ha llevado a decir que la denuncia de Lozoya plantea la necesidad de llamar a declarar a los ex presidentes de la República mencionados en ella. Algo inaudito en los anales políticos del país que por primera vez acerca a los presidentes omnipotentes e intocables mexicanos al destino más terrenal de los representantes del poder ejecutivo de América Latina. Tarde pero esa ronda de saqueo de las finanzas públicas, de sobornos y corrupción de Odebrecht por el subcontinente que ha afectado a 21 presidentes: 3 en Guatemala, 1 en El Salvador, 4 en Perú (uno suicidado el aprista Alan García), 2 en Colombia, 2 en Ecuador, 5 en Brasil finalmente ha tocado a 3 de México. Una lección que postula de modo inequívoco cómo la corrupción es inherente al sistema, como se deriva lógica y necesariamente de la explotación capitalista. Una verdad que el obradorismo evade y niega con vehemencia considerando que dentro de las fronteras nacionales “no existe la lucha de clases”. Una concepción ideológica subyacente en el origen del obradorismo en la pequeña burguesía cuya constitución como la fuerza política hegemónica del estado burgués en México lo ha transformado por completo en dependiente del capital.
La feroz pugna entre estos grupos del poder, a su vez representantes burgueses de intereses muy poderosos, elevó su virulencia en esa tercera semana de agosto a niveles muy altos. El 17 de agosto fue presentado el video arriba mencionado produciendo una auténtica conmoción nacional, pero tres días después le siguieron otros videos en los cuales también había bolsas y sobres llenos de billetes que eran entregados a Pío, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Éste respondió de inmediato el 22 de agosto mostrando el atraco del contrato del gobierno peñista con Odebrecht referente a la compañía Etileno XXI cuantificado en 15 000 millones de pesos (aproximadamente 750 millones de dólares). Y no evadió la comparación con las otras bolsas de billetes a su hermano Pío: “mis adversarios sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para colaborar con Morena en 2005. De todas maneras es dinero que le entregaron”. Para él es un dinero muy diferente al de la corrupción de Odebrecht. “Lo de Odebrecht es corrupción, lo otro es cooperación”. (La Jornada, 23.08.2020). Reconoció que hay que investigar a su hermano, al personaje que le entregó el dinero y él mismo se dijo dispuesto a declarar. Y su vena frecuente de expresarse con dichos populares remató diciendo que “el buen juez por su casa empieza y quien nada debe nada teme”.
El panorama de la política burguesa en México es desolador. Un ex consejero electoral Alfredo Figueroa crudamente señala las consecuencias de estos hechos en el tinglado de los partidos en México. Los partidos desviaron millones del erario para comprar votos y publicidad, los diputados y senadores fueron sobornados para votar a favor de las reformas que privatizaron la energía y la educación, el Instituto y la Fiscalía Electoral nunca notaron que se rebasaban los topes de campaña, la Auditoría Superior jamás conectó la entrega de contratos públicos con los sobornos privados. Los gobernaba festivamente una élite que no discutía por ideas sino por sobornos (los famosos “moches”). Así, la expresión política de la transición hacia una democracia no fue, como nos decían sus biógrafos, ni democrática ni liberal. Fue hacia una democracia de los “moches” que produjo una presidencia fraudulenta, la de Peña Nieto cuya ilegalidad es una de las posibles consecuencia del presente escándalo”.(“Efecto Odebrecht. PRI y Verde en riesgo de desaparecer”, Proceso, 23.08.2020).
El callejón sin salida oficial
El escándalo de Lozoya, Odebrecht y anexas que abarca y salpica a toda la jerarquía de la casta oficial del PRIAN pero también del PRD y si rascamos a grupos que se han colado a Morena, es la evidencia palpable de la descomposición de la política burguesa en México. Las evidencias de los crímenes y delitos de todo tipo cometidos por sus representantes desde sus más altas figuras, como los tres ex presidentes mencionados, hasta sus agentes menores no dejan lugar a dudas que merecen castigo. La cárcel debería ser su destino para pagar culpas de crímenes monstruosos cometidos por sus personeros bajo la autoría intelectual de los funcionarios del más alto nivel civil y, por supuesto, militar. El contubernio de los altos niveles del poder con el hampa es otra evidencia que ha sido más que probada durante el gobierno de Calderón con el encarcelamiento del súper-policía de su gobierno Genaro García Luna en Estados Unidos acusado de complicidad con la delincuencia del narco. Es por supuesto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso sobre el cual priva la más completa discreción oficial después de que se había avanzado ya un buen tramo hace unas semanas cuando las investigaciones apuntaban a la necesidad ineludible de indagar en los expedientes y en los recursos de todos tipo de los militares del cuartel de Iguala y de otras fuentes sobre su involucramiento en la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
Abrumado por la triple crisis de la pandemia sanitaria, la caída catastrófica de la economía y la violencia criminal que no cede, AMLO se ha metido en una bronca con sus predecesores en el poder del Zócalo de pronósticos reservados. Aunque realizadas en el ambiente tan resbaladizo como el que priva los días actuales, las encuestas le son favorables ante su posición en la situación criminal que ha sido develada por Lozoya. ¿Cuánto tiempo durará?
Se trata de una prueba decisiva de la que dependerá en gran medida lo que resta de su gobierno, o sea el trecho más largo. La pugna interburguesa que protagonizan AMLO y sus opositores no será la fuente de la justicia que amerita a gritos la situación de criminalidad y delito que asuelan a México. La cita de las elecciones intermedias de 2021 ya está en el horizonte y en ellas se ajustarán muchas cuentas. El destino de Morena le importa, aunque no sea del todo dependiente de su partido. Las semanas, los meses próximos serán cruciales. Ante la debacle de las formaciones burguesas tradicionales el escenario se abre para las nuevas alternativas reformistas o de un gobierno fuerte. En el panorama burgués no se percibe en su horizonte reformismo alguno, más bien son crecientes los signos de las soluciones militares, como se ha visto con creces durante lo que va del gobierno obradorista. AMLO, por tanto, aspira a seguir fortaleciéndose como el hombre fuerte del sistema..
Mientras tanto, aunque grandes sectores populares quieren y esperan el castigo de los criminales balconeados durante los escándalos actuales, otros sectores de esas mismas masas no van a esperar los tortuosos vericuetos de la justicia burguesa. La lucha de clases, en cierta medida frenada por la pandemia, surgirá impetuosa al menor atisbo de fisuras y oportunidades.
Labores de esclarecimiento político, de organización independiente, de delineamiento de perspectivas libertarias y emancipatorias y una vocación de lucha por el socialismo como alternativa a tanta decadencia y descomposición capitalistas son las que aguardan a todos los sectores democráticos, revolucionarios y socialistas que están surgiendo y multiplicándose por todo México. La gran tarea a corto plazo es la organización de esas fuerzas hoy todavía modestas pero que la profunda crisis que atravesamos transformará, con la voluntad e inteligencia de sus integrantes, en una fuerza poderosa.
Manuel Aguilar Mora. Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS). Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de numerosos libros sobre la historia política y social de México.
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