De acuerdo con el registro del Consejo Nacional Electoral (abril 2020), en Ecuador hay 8 partidos políticos, 16 movimientos nacionales, 72 provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales. En total 283 agrupaciones, algo que contradice las bases de la primera Ley de Partidos expedida en 1978/1979, con la que se quería superar los caudillismos nacionales, los caciquismos locales y los simples personalismos, evitar empresas electorales de ocasión, favorecer grandes partidos y privilegiar las tendencias políticas sobre los intereses coyunturales. Viejos principios que retrocedieron en 41 años de gobiernos constitucionales.
Partidos y movimientos políticos deben ser distinguidos de la pluralidad de movimientos sociales que también tiene el país. Su estudio o referencia merecería un texto más amplio. Destaco, como ejemplo, a dos movimientos de singular interés e importancia. Uno es el de los ecologistas o ambientalistas, que empezó a constituirse a fines de la década de 1970, vinculando sus actividades a fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales (ONG). El “Movimiento Ecologista Ecuatoriano” se constituyó en 1986 e incluso hubo un efímero “Partido Verde” (1987). El despegue de sus organizaciones ocurre en la década de 1990. También cabe resaltar al movimiento de mujeres (feminista, de género), que reconoce como raíces la presencia de las mujeres en la historia nacional; aunque empieza a organizarse en la década de 1980, ligado a las demandas por el reconocimiento de derechos frente al Estado. Se crearon instituciones de atención y servicio para las mujeres y la Constitución de 1998 incorporó los principales derechos. El desarrollo de numerosas organizaciones y su incidencia política marcó la evolución posterior y la Constitución de 2008 amplió el reconocimiento de derechos. Su dinámica actual es muy importante. En todo caso, vale señalar que, si bien hay algunas investigaciones y obras sobre los dos movimientos señalados, su historia todavía merece un trabajo a fondo.
Sin duda, el movimiento de los trabajadores y el indígena son los que mayores estudios presentan y, además, los que han tenido mayor visibilidad histórica e indudable presencia social y política.
La historia del movimiento obrero ha contado con numerosas investigaciones, como las de Oswaldo Albornoz o Elías Muñoz Vicuña; y son referentes obligados los estudios sobre el tema, que dejó Patricio Ycaza (1952-1997), con quien escribimos la historia del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), todavía inédita. Rápidamente cabe recordar que las tres centrales nacionales, CEDOC (1938), CTE (1944) y CEOSL (1962) constituyeron el FUT (1971 y 1975), que desarrolló importantes huelgas nacionales en la década de 1980, que decayeron en la de 1990. Para inicios del siglo XXI la “época heroica” del movimiento obrero había pasado, a tal punto que antes del ascenso del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el FUT era una organización poco conocida y limitada en su accionar sindical, tanto como en el político. El movimiento obrero había sido afectado por el derrumbe del socialismo en el mundo, la pérdida de significación del marxismo y de la “revolución proletaria”, el tradicionalismo de sus luchas, así como de sus dirigencias; pero, sobre todo, porque en Ecuador se consolidó el modelo empresarial-oligárquico, que afectó severamente a los trabajadores. Paradójicamente, su presencia se recuperó durante el gobierno de Correa, bien sea porque se abrió un espacio político tendiente a favorecer a los trabajadores y no al capital, o bien porque las cúpulas de las centrales sindicales rompieron con el gobierno (lo acusaron de “criminalizar la protesta social”) y pasaron a desarrollar un activismo opositor que les atrajo notoriedad y el respaldo de distintos sectores igualmente opuestos al “correísmo”.
El movimiento indígena también ha merecido numerosas investigaciones, que bien pueden remitirse a los indigenistas, como Víctor Gabriel Garcés; otros se han concentrado en sus luchas, como Oswaldo Albornoz o Segundo Moreno Yánez; hay innovadores enfoques como los de Floresmilo Simbaña; algunos trabajos de reflexión teórica como la que hizo el peruano José Carlos Mariátegui. Sin duda, hay quienes han seguido con seriedad la cosmovisión indígena, las diversas nacionalidades y pueblos, el comunitarismo, la cultura andina, sus prácticas y conocimientos ancestrales; pero también existen ciertas interpretaciones curiosas sobre “episteme indígena”, “sistema heliocéntrico”, “filosofía cuántica”, “trans-civilización”, que se lanzan, en forma sui géneris, contra los “paradigmas” y “ontologías” del “racionalismo occidental” y de la “ciencia de occidente”. De modo que, cuando se habla de lo indígena, pueden despertarse sensibilidades que no admiten análisis objetivos y peor críticas. Sin embargo, ese movimiento requiere ser estudiado como cualquier otro, a fin de enriquecer la comprensión de su historia y de su presente.
En todo caso, la presencia contemporánea del movimiento indígena arranca con el levantamiento de 1990 y entre las diversas organizaciones destaca la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE, 1986) y también Pachakutik (1995) como su brazo político. Además, el movimiento indígena creció en su protagonismo histórico mientras decaía el movimiento obrero, y ha tenido indudable fuerza política en momentos cruciales de la trayectoria del país desde el retorno a la democracia en 1979, como la movilización que derrocó a Jamil Mahuad (2000) o la resistencia para impedir la suscripción de un tratado de libre comercio (TLC) con los EEUU, entre tantos hechos de acción contra las políticas neoliberales de los distintos gobiernos.
El FUT nunca presentó candidaturas presidenciales, aunque algunos dirigentes apoyaron al FADI (Frente Amplio de Izquierda, de corta existencia a inicios de la década de 1980), pero no en forma “oficial”. Sin embargo, sus “plataformas de lucha”, en cada huelga nacional (varias paralizaron al país), tuvieron un amplio apoyo de las izquierdas sociales y de las partidistas. Conozco bien que al interior del FUT existieron desacuerdos cuando alguno de los reconocidos dirigentes hizo acercamientos con distintos gobiernos, a fin de obtener prebendas clasistas.
En cambio, el movimiento indígena sí ha presentado candidaturas. presidenciales o ha apoyado directamente a otras. Además, desde la década de 1990 ha logrado escaños en los congresos/asambleas nacionales y también en gobiernos seccionales. Como lo destaqué en un artículo anterior (https://bit.ly/319nsQZ), en 1996 el “Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PCHK-NP)” logró el 20.61% de la votación apoyando a Freddy Ehlers/Rosana Vinueza; en 1998, el “Movimiento Ciudadano Nuevo País” alcanzó 14.55% de votos, con Freddy Ehlers/Jorge Gallardo; en 2002, el “Movimiento Indígena Amauta Jatari logró 0.86% de la votación con Antonio Vargas/Modesto Vela, mientras Lucio Gutiérrez/Alfredo Palacio, en alianza con PCHK-NP, obtuvo el triunfo en segunda vuelta, con 54.79% de los votos. En 2006, PCHK-NP presentó al binomio Luis Macas/César Sacoto, que alcanzó el 2.19% de la votación; pero las izquierdas y los movimientos sociales se unieron, en segunda vuelta, al binomio Rafael Correa/Lenín Moreno, que obtuvo el triunfo con el 56.67% de la votación nacional.
De otra parte, también del apoyo inicial a Rafael Correa, las cúpulas dirigentes del movimiento indígena y una serie de bases, pasaron a la ruptura y a la oposición activa, porque acusaron al gobierno de autoritarismo, represión, criminalización, judicialización y extractivismo. Pero nunca hubo unidad total, ya que otros líderes y sectores indígenas continuaron apoyando al “correísmo”. Eso explica que, en 2013, queriendo enfrentar al gobierno y ofrecer una alternativa “verdadera”, la “Unidad Plurinacional de las Izquierdas”, que incluyó al movimiento indígena anticorreísta, y que apoyó al binomio Alberto Acosta/Marcia Caicedo, apenas haya logrado el 3.26% de los votos; mientras el binomio Rafael Correa/Jorge Glas, obtuvo, en primera vuelta, el 57.17% de la votación en todo el país, y 100 de los 137 escaños a la Asamblea Nacional. Pero algo parecido volvió a ocurrir en 2017, cuando la candidatura del “Acuerdo Nacional por el Cambio” (Paco Moncayo/Monserrat Bustamante) apenas obtuvo el 6.71%; si bien Lenín Moreno tuvo que pasar a segunda vuelta, para lograr un apretado 51.1% de votos frente al banquero Guillermo Lasso (48.84%), quien, paradójicamente, fue respaldado por prestantes figuras indígenas, por la izquierdosidad y por los “marxistas pro-bancarios”, que proclamaban como mejor el voto por un banquero, antes que entregarlo a los “correístas”.
Estas experiencias históricas dan cuenta de un fenómeno que merece ser evaluado por el mismo movimiento indígena: la ciudadanía, en general y la izquierda social, en particular, han apoyado a los indígenas en sus luchas y están dispuestas a acoger diversos planteamientos de su proyecto político de largo plazo, así como sus postulados sobre el Estado plurinacional o sus reivindicaciones culturales y clasistas, pero no necesariamente todo lo que provenga de su visión del mundo, como es aquel tipo de “justicia indígena” que, por sus métodos de castigo, afecta los principios que fundamentan los derechos humanos. Y, desde luego, el apoyo al movimiento indígena no implica, forzosamente, que también se deba apoyar a sus candidatos, a sus dirigentes ni a líderes individuales sobre los cuales el país ha observado sus personales comportamientos políticos, encontrando incluso que una serie de personalidades indígenas, por sobre sus discursos, se han identificado con las estrategias de las derechas.
Precisamente durante el gobierno de Lenín Moreno, varios dirigentes y líderes, tanto del movimiento obrero como del movimiento indígena, han sido portavoces de la “descorreización” de la sociedad, respaldaron el referéndum y consulta de febrero de 2018 y al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana que resultó de él y que fue un instrumento para captar las instituciones y funciones del Estado a favor del gobierno; pero, además, se acercaron, de uno u otro modo, al “morenismo”. El levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 obligó a las definiciones y los movimientos sociales aludidos rompieron con el gobierno. Hubo una represión inédita y una posterior “cacería de brujas” selectiva contra los “correístas”, acusados de pretender un golpe de Estado (https://bit.ly/3hEkB9E).
Las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán en febrero de 2021 han creado una nueva coyuntura. Apenas unas semanas atrás, con el propósito de ofrecer candidatos propios para las elecciones presidenciales, la cúpula de Pachakutik acordó el binomio Yaku Pérez/Larissa Marangoni, que terminó a las pocas horas por renuncia de Marangoni, candidata a la vicepresidencia, pero que fue denunciada en las redes sociales por su defensa de las privatizaciones y las referencias en contra del levantamiento de octubre 2019, lo que resultó inconcebible. Sobrevino una cadena de reacciones: la propia CONAIE retiró sus precandidaturas y resolvió sancionar al consejo político de Pachakutik, por “legitimar” a Yaku Pérez (https://bit.ly/34CnKmQ); el Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi, igualmente cuestionó a Pachakutik, acusando a los coordinadores de “una jugada con la derecha”, e incluso amenazando con aplicar la justicia indígena a 26 dirigentes por no haber consultado con las bases (https://bit.ly/3gwV7Kd // https://bit.ly/3b4wEL5); además, Pachakutik del Azuay retiró el apoyo a Pérez (https://bit.ly/32wYWKd); en entrevista con “Coyuntura Ecuador”, José Ángel Tipantuña afirmó que 6 de cada 10 indígenas están de acuerdo con la Revolución Ciudadana y apoyan a Rafael Correa (https://bit.ly/31x5pFI); en tanto Cecilia Velasque, subcoordinadora de Pachakutik, entrevistada en radio Pichincha Universal, trató de minimizar lo ocurrido y afirmó que la CONAIE es parte del consejo político de Pachakutik y que, por tanto, el candidato definitivamente es Yaku Pérez Guartambel; y finalmente, el 26 de agosto, el mismo Pérez aseguró que no hay posibilidad para que decline su candidatura (https://bit.ly/32FmZ9M), aunque todavía no ha encontrado la persona que le acompañará para la vicepresidencia. Si se aprecia lo sucedido, cabe afirmar que nunca antes se ha vivido una crisis de tal magnitud política en el movimiento indígena.
Estas contradicciones parecen no haber tomado en cuenta las experiencias históricas, con la oportunidad que debieran; y los candidatos de los movimientos sociales (como ha ocurrido con Yaku Pérez en la coyuntura electoral inmediata) corren el riesgo de perder apoyos y no pasar de las votaciones ínfimas a su favor, lo cual solo frena las posibilidades de avance de los mismos movimientos, que se ven relegados por el triunfo de otros sectores políticos.
Igualmente, de acuerdo con las mismas experiencias históricas, se ha comprobado que hay amplios sectores sociales dispuestos a apoyar las reivindicaciones clasistas, los programas de acción, las demandas de los movimientos obreros, indígenas, ecologistas, de mujeres, etc., en función de sus intereses y sus proyectos de sociedad (https://bit.ly/3jkHLlW); pero, de otro lado, las candidaturas levantadas por estas fuerzas generan análisis, observaciones y críticas distintas, pues cuentan las trayectorias y coherencias individuales, a tal punto que la misma sociedad se muestra sensible y ubica, con suficiente claridad, a quienes han hecho su propio juego político. Es evidente que la confianza ciudadana se pierde ante candidatos que, pese a provenir de cualquier movimiento social, no ofrecen garantías para el ejercicio de un gobierno que realmente encauce las bases de construcción de una nueva sociedad.
31 de agosto de 2020
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