Fiscal. ¿como salvar a los multimillonarios?

Política fiscal

Cómo salvar a los multimilionarios

27/11/2019 | Francisco Louçã

La mera hipótesis de la inclusión de los rendimientos inmobiliarios [en la reforma fiscal] viene provocando sobresaltos y voces de alarma entre algunos propietarios, agencias financieras y abogados dedicados a la magia fiscal; y esta turba ya es una coalición peligrosa. Probablemente es un rumor y el gobierno puede retroceder un poco, pero los situacionistas tienen razón: hay que defender un privilegio y para eso lo mejor es exasperarse. Además, su fuerza se mide fácilmente, es la regla del 28%, es decir, un propietario afortunado paga menos IRS (Renta de las personas físicas. NdT) sobre sus rendimientos que un trabajador con un salario razonable, cuya tasa de IRS será superior. Si se considera la ventaja de quien vive de rendimientos inmobiliarios elevados, esto significa una distorsión y desigualdad fiscal que favorece la propiedad frente al trabajo. Pésima opción para una economía en la que es necesario invertir, trabajar e innovar.
Un poco más de justicia
La aplicación del mandato constitucional de inclusión sería doblemente ventajosa. En primer lugar, se trata de la Constitución, que de entrada no es lo de menos (algún día se discutirá esa ligereza que permite que algunas normas constitucionales sean interpretadas como imperativas y otras, como música celestial, como esta de la inclusión o la de tender a una enseñanza gratuita). En segundo lugar, introduce una corrección de justicia fiscal que se llama progresividad y es el principio constitutivo del IRS en Portugal. Es decir, habrá quien pague menos, si tiene rendimientos inmobiliarios bajos, y quien pague más si tiene rendimientos elevados.
Incluso si un día se acepta esta vieja reivindicación de la izquierda de inclusión de los rendimientos inmobiliarios elevados (que me temo que sea difícil que ocurra con este gobierno), la resistencia será mayor aún a ampliar este principio donde sería más relevante: los rendimientos de capital. Eso, un impuesto sobre la riqueza, el mayor delito de lesa majestad, ni lo piensa el gobierno. Pero es eso lo que se discute en todas partes.
Quedarse contando la calderilla
La investigación más reciente para relanzar la propuestas de un impuesto a la riqueza fue de Thomas Piketty, en su estudio de “el capital del siglo XX”. Su teoría es sencilla: a lo largo de los siglos XX y XXI, lo que más acentuó la desigualdad fue que los rendimientos del capital crecieron en un porcentaje superior a las economías desarrolladas en su conjunto. De esta forma, el capital acumuló una ventaja que se reproduce socialmente y es improductiva, por lo que la respuesta debe ser un impuesto sobre la riqueza para volver a equilibrar la sociedad.
El tema adquirió importancia en las elecciones estadounidenses desde la anterior campaña de Bernie Sanders. Dos de los coautores de Piketty elaboraron la propuesta de Sanders que defiende la aplicación de un impuesto del 5% para las fortunas de más de mil millones de dólares y del 8% para las que están por encima de los diez mil millones. Elizabeth Warren, otra candidata a las primarias demócratas, presentó un paquete de medidas fiscales que incluye un 3% para las fortunas por encima de mil millones, además de una contribución del 15% para la Seguridad Social para rendimientos superiores a 250 millones de dólares. Varios multimillonarios protestaron vehementemente; Bill Gates, el segundo hombre más rico del planeta, que tiene 106,8 mil millones de dólares, vino a decir que tendría que empezar a contar la calderilla que le sobraría (el 92% en la peor de las hipótesis). Jamie Dimon, jefe de la Morgan Chase, uno de los mayores bancos del mundo, que ganó 31 millones de dólares en bonus el año pasado, asegura que esta medida “insulta a las personas con éxito” que deberían ser “aplaudidas” (fiscalmente).
Si eso bastara
Un reciente estudio publicado en septiembre por una institución de referencia en USA, el NBER, calcula “las ganancias de eficiencia en la tributación de la riqueza”. Fatih Guvenen y sus coautores comparan el impuesto sobre las ganancias del capital con un impuesto sobre la riqueza y concluyen que el segundo es más eficiente, reduciendo las desigualdades y favoreciendo la inversión. El argumento, ciertamente polémico, es que el montante del impuesto sobre rendimientos del capital crece con el valor del éxito, al mismo tiempo que el impuesto sobre las grandes fortunas desvía el peso de la tributación para quienes no realizan inversiones. Esto podría no ser así si los rendimientos de capital estuvieran protegidos por normas fiscales favorables o por un poder que blinde sus obligaciones, lo que ocurre con frecuencia. En cualquier caso, es evidente que el impuesto sobre las grandes fortunas afecta, sobre todo, a quien vive de la propiedad y de las aplicaciones y no de rendimientos generados por la actividad económica.
En la campaña electoral estadounidense, la percepción de la desigualdad y del foso fiscal creado por los privilegios, llevó a los candidatos a presentar programas más ambiciosos. Sanders y Warren retomaron la idea de la separación entre los bancos comerciales y los de inversión, y la segunda pretende aplicar un aumento del 7% sobre los beneficios de las empresas por encima de 100 millones de dólares, o determinar la responsabilidad íntegra de las agencias financieras en relación a las inversiones de fondos de pensiones (y no solo hasta el valor de su responsabilidad limitada) además de substituir el sistema privado de seguros de salud, que generan un mercado de 530.000 millones de dólares, por un servicio público universal. El efecto conjugado de todas estas medidas sería que las ganancias del capital, que pagan una media del 23,8% pasarían a pagar 37% y los 0,01 más ricos, que pagan un 33% en IRS, subirían hasta el 61% (en tiempos de Roosevelt pagaban el 80%). Hay que añadir que estos dos candidatos pretenden imponer una separación legal de los imperios digitales y de los gigantes industriales. Facebook tendría que vender WhatsApp e Instagram, Bayer tendría que desprenderse de Monsanto. ¿Cómo se pueden salvar los multimillonarios? Defendiendo cada uno sus privilegios fiscales y votando a Trump.
19/11/2019
https://www.esquerda.net/opiniao/como-salvar-os-multimilionarios/64460?idU=1
Traducción: viento sur

España: Cumbre por el Clima-Cop 25-

Cumbre por el Clima en Madrid (COP25)

La gran encrucijada. Elementos de una estrategia climática ecosocialista

28/11/2019 | Manuel Garí

De entre todas las cuestiones ecológicas a resolver, la emergencia climática provocada por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), particularmente de CO₂ procedente de la quema de combustibles fósiles en la industria, el transporte y la generación eléctrica, es la prioritaria para evitar la tragedia. La agresión que suponen las emisiones contra el equilibrio de la biosfera permite afirmar rotundamente que la vida y nuestras vidas peligran. Y ante ese riesgo, como plantea Manuel Baquedano (2019, p. 15), la sociedad está presa del síndrome de Casandra, a quien Apolo condenó a que nadie le creyera, incluso cuando advirtió del peligro del caballo de Troya.
Los incrédulos Trump y Bolsonaro -en su interesada ignorancia- niegan los datos que les ofrecen organismos como la propia Agencia aeroespacial de los EE UU, la NASA, y, por supuesto, las alarmantes conclusiones de los informes del panel de expertos internacionales (GIEC, en sus siglas en castellano) que trabajan para la ONU. La propia Casa Blanca solicitó un informe a 300 científicos y 13 agencias estatales en el que en sus 1.656 páginas se concluye que “el calentamiento global está transformando dónde y cómo vivimos y presenta un desafío creciente para la salud pública u la calidad de vida, la economía y los sistemas naturales que nos ayudan a vivir” y estima en 400.000 millones de dólares los costes del calentamiento en el periodo 2015-2018 1/>. La respuesta de Donald Trump, propia de Abascal, fue “No me lo creo”.
Pero la mayoría de los gobernantes y amplios sectores del puente de mando del capitalismo globalizado no son negacionistas, aceptan la evidencia científica y probablemente estén preocupados por los efectos del calentamiento. Máxime, cuando años después del Informe Stern realizado por un alto cargo del Banco Mundial para evaluar los costes en relación con los de las medidas para evitar el calentamiento, nuevos cálculos estiman los mismos en 240.000 millones de euros anuales, derivados del aumento de la temperatura en 3ºC por incumplimiento de los objetivos -manifiestamente insuficientes- del Acuerdo de Paris de 2015.
Pero no saben cómo salir del maldito embrollo que el propio modelo de producción capitalista ha creado sin poner en riesgo sus intereses, en síntesis, sin atentar contra la tasa de ganancia 2/, su brújula.
¿Y los pueblos? Pues los pueblos empiezan a reaccionar, pero desgraciadamente su conciencia de las dimensiones del abismo climático y su reacción política todavía son limitadas. No en vano la ideología dominante, en ausencia de acción política y cultural alternativas, es la de la clase dominante. Y siempre conviene recordar que, sin esa acción política de masas independiente, los pueblos ven subordinados sus intereses y sus mentes a los dictados de los de arriba.
Los GEI y el capitalismo van de la mano
El nacimiento y expansión planetaria del capitalismo industrial durante los siglos XIX, XX y XXI fue el resultado de diversos factores (sociales, ideológicos, geográficos y tecnológicos), no siendo el menor de ellos la revolución que supuso el control de la fuerza del vapor, la explotación del carbón y los descubrimientos de yacimientos y uso del petróleo y gas. Tanto la industria y la agricultura como el transporte o la vida cotidiana experimentaron una revolución. ¿Podría concebirse la producción generalizada de mercancías y su comercialización globalizada sin combustibles? ¿Podría concebirse el mundo actual sin electricidad?
El desarrollo del capitalismo ha estado asociado a emisiones crecientes de CO₂ y de otros compuestos. Entre 1850 y 2007, la productividad –medida mediante el PIB mundial por habitante- se multiplicó por 9,5, mientras que las emisiones globales de CO₂ se multiplicaron por 155 al pasar de 54 millones de Tm a 8.365 millones de Tm. También en este caso se da una correlación positiva entre el aumento de las emisiones de CO₂ y el PIB, indicador económico muy discutido y discutible, pero que en este caso es de suma utilidad para entender la economía carbonizada. De esta realidad da buena cuenta Michel Husson (2013, p. 168) basándose en las investigaciones de Angus Maddison en Historical Statics of the World Economy. Resulta impresionante comprobar con datos del periodo 1850-2007 tanto la aceleración del porcentaje de crecimiento del PIB mundial por habitante como la evolución acelerada del multiplicador de aumento de CO_2. Y ello a pesar del rápido crecimiento de la población mundial en esos años, lo que indica un altísimo aumento de la productividad global. Ver Gráfico 1
Gráfico 1. Productividad mundial y emisiones de CO₂

Periodo a partir del año base 1850	Porcentaje crecimiento medio de PIB per cápita	Multiplicador aumento emisiones de CO2
1850-1950 (100 años)	1,0	3,5
1950-1973 (23 años)	2,9	4,6
1973-1999 (26 años)	1,4	1,4
1999-2007 (8 años)	3,0	2,9

Elaboración propia. Basado en Michel Husson (2013)
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Acercando el microscopio sobre las emisiones en el tiempo y en el espacio, podemos establecer la correlación entre actividad económica y emisiones de CO₂ en el caso español. En la coyuntura temporal que abarca los años anteriores y posteriores a la crisis económica que comenzó en 2008, cabe constatar que la evolución de las emisiones de CO₂ sigue las alzas y bajas de la actividad productiva, tal como se muestra en el Gráfico 2. El año que batió todas las marcas españolas de emisión de GEI fue el anterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el año 2007, que llegó a los 456 millones de Toneladas Equivalentes de CO₂. En 2016 tras remontar la actividad productiva, la cifra fue de 341 millones de Tm Eq. CO₂, o sea, 115 millones por debajo del año loco del ladrillo.
Gráfico 2. Evolución de la emisión de GEI en España. Medias por periodo

Periodo	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015
Millones de Tm Eq. CO2	313	359	422	415	351

Elaboración propia. Fuente Eurostat (2018ª y otros años)
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Por ello si hablamos de la emergencia climática hay que relacionarla con su causante. El capitalismo -y no una genérica, mistificadora y abstracta actividad humana que culpabiliza a las víctimas sin señalar a los culpables- es el enemigo número 1 de la biosfera pues su necesidad permanente de crecimiento choca de lleno con los límites biofísicos.
Las emisiones de CO₂ con ser muy importantes por el volumen que han alcanzado, no son las únicas emisiones de GEI asociados al modelo productivo capitalista. El siguiente cuadro resume la preocupante complejidad del problema ya que, como se puede comprobar en el Grafico 3, importantes procesos productivos están asociados a diferentes GEI, algunos de ellos con una nocividad aún superior de la emisión de dióxido de carbono, si bien su impacto todavía es menor porque el volumen de la emisión es de momento menor. A estos gases, excepto en el caso de los HCF que presentaban soluciones alternativas sencillas y rentables, los gobiernos han prestado escasa atención.
Gráfico 3. GEI y actividades productivas

GEI	Actividades asociadas
CO2 Dióxido de Carbono	-Quema de combustibles fósiles industria, energía y transporte -Quema de biomasa -Deforestación -Producción de cemento
CH4 Metano	-Arrozales -Ganadería rumiantes -Quema de biomasa -Quema de combustibles fósiles -Vertederos
N2O Óxido nitroso	-Fertilización -Quema de biomasa -Fuentes industriales
HCF Hidrofluorocarbonados	-Equipos de refrigeración -Aire acondicionado -Extintores y aerosoles
PFC Perfluorocarbonados	-Producción de aluminio
SF6 Hexafluoruro de azufre	-Equipos eléctricos

Elaboración propia
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Este embrollo creado por el modelo productivo de las potencias industriales capitalistas que configuraron la élite del imperialismo del siglo XX (Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón e Italia) ha sido el que se ha impuesto como hegemónico y paradigmático en el resto de los países, tanto en los empobrecidos, como en los llamados emergentes, o en los viejos países mal llamados socialistas y, por supuesto, en la vía dictatorial China hacia el capitalismo. Y dado el desigual grado de desarrollo de la industria y el transporte, analizando el histórico de emisiones de GEI acumuladas hasta el año 2016 desde el comienzo de la revolución industrial, cabe señalar que la responsabilidad también ha sido desigual. Por ejemplo, EE UU y Reino Unido han emitido el equivalente a 300 Tm por persona en el intervalo comprendido entre los años 1850-2016 y China, en ese mismo periodo, solo ha alcanzado 50 Tm per cápita, pese al aumento espectacular que han experimentado sus emisiones que desde hace una década le llevan a encabezar el ranking mundial en términos absolutos..
También en las emisiones funciona la regla que impera bajo el capitalismo: la desigualdad. Y, por tanto, las responsabilidades internacionales. Ya desde 2013 y con escasas variaciones, podemos comprobar que el porcentaje sobre el volumen total de emisiones se mueve en los siguientes rangos: China (27,6%), Estados Unidos (14,5%), India (6,6%), Rusia (5%), Japón (3,4%), Alemania (2,1%), Corea del Sur (1,7%), Irán (1,7%), Arabia Saudí (1,44%) y Canadá (1,39%). La distribución geográfica de las emisiones a nivel mundial es muy desigual, los 10 mayores emisores contribuyen con el 72% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, mientras que los 100 menores emisores no alcanzan conjuntamente ni el 3% de las emisiones mundiales. Atendiendo a las emisiones per cápita, la distribución es todavía muy desigual entre los 10 principales emisores. Las emisiones por habitante de Estados Unidos son 8 veces superiores a las de la India, las de Canadá o Rusia; son el doble que las de China, y las de Alemania o Japón la mitad que las de Arabia Saudí.
El capitalismo no sabe ni puede resolver los problemas que origina
Los dirigentes políticos y económicos capitalistas hablan en sus reuniones internacionales informales (la anual de Davos, las del G7, G20 y demás eventos diplomático-económicos) y en las formales del FMI y del Banco Mundial, del riesgo climático. Es tal la envergadura del calentamiento, que desde hace años la ONU ha impulsado la celebración de las COP (Conferencia de las Partes) que teóricamente es el órgano y autoridad con capacidad de decisión de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Pero, mientras tanto, en la realidad, posponen decisiones eficaces que vayan a la raíz de las emisiones de los GEI (que no paran de aumentar al ritmo del crecimiento económico); siguen apostando por nuevas prospecciones petroleras o el desarrollo de peligrosas técnicas como el fracking; diseñan mercados ficticios, irracionales y fracasados como el comercio de los derechos de emisión (verdaderas licencias de los países industrializados, las potencias emergentes y las grandes compañías transnacionales para seguir contaminando); y buscan desesperadamente paliativos suicidas. Tal es el caso de una gama de tecnologías basadas en la geoingeniería como es el caso de la captura y secuestro del anhídrido carbónico, la bioenergía (con efectos sociales y ambientales devastadores) o incluso la energía nuclear.
En definitiva, gobiernos y empresas siguen aceptando que la temperatura llegue al peligroso aumento del 1,5ºC de media mundial sobre los niveles preindustriales (en los Acuerdos de Paris de 2015 de la COP21, se estableció como incremento tope 2ºC) que podría suponer un hito sin retorno, en la falsa creencia de que más tarde, con la aplicación de esas peligrosas e irresponsables tecnologías arriba enunciadas, se pueda dar marcha atrás en la dinámica de calentamiento. Ello aparte de suponer una muestra más del oscurantista optimismo tecnológico, olvida que los procesos bioclimáticos generan inercias muy poderosas una vez eliminado el factor causante, por lo que, una vez disparado no es posible detener a voluntad y de forma instantánea el calentamiento.
En el caso de superar el umbral crítico del aumento de 1,5ºC o 2ºC pueden darse importantes efectos negativos que vendrían a sumarse a la desaparición de los hielos permanentes de glaciares, de Groenlandia y del Ártico, con riesgo de descomposición de los hidratos de metano; por ejemplo, esa temperatura puede contribuir a la descongelación del permafrost siberiano, el incremento de la respiración bacteriana marítima, cambios en las corrientes termohalinas oceánicas que regulan las temperaturas hemisféricas terrestres o el colapso de las selvas tropicales y particularmente de la amazónica.
Según el Organización Meteorológica Mundial la concentración de partículas de CO₂ acaba de superar en 2019 sus récords, rebasando las 415 partes por millón (ppm). Pero, además, el GIEC advierte que una vez minimizadas las emisiones, las partículas emitidas permanecen años después en la atmósfera, lo que supone que la estabilización del anhídrido carbónico puede durar entre 100 y 300 años, la estabilización de las temperaturas siglos y la elevación del nivel del mar por la acción combinada de la expansión térmica y la fusión de los hielos puede perdurar milenios. El daño causado es duradero; muy duradero: excede a las dimensiones humanas.
Además, la postura de los dirigentes mundiales no tiene en cuenta que los cambios en la composición de la atmósfera y el aumento de la temperatura media terrestre y oceánica genera interacciones con el resto de los problemas críticos de la biosfera, tales como la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de las aguas marítimas, el ciclo del nitrógeno o el del fósforo, entre otros muchos. El aumento de la temperatura tiene en común con todos los problemas ambientales críticos que su evolución adopta funciones matemáticas exponenciales crecientes f(x)=a^x; las curvas que las representan presentan un panorama inequívocamente preocupante.
Las ganancias de unos pocos las paga la mayoría social
No podemos obviar que existe una interacción permanente entre los sistemas terrestres y los sistemas humanos pues estos viven y forman parte de la biosfera. Es evidente la influencia humana en el estado de la biosfera, pero no lo es menos que la pérdida de tierras fértiles, la desertificación, el cambio del régimen de lluvias, etc., tienen un efecto directo en la pérdida de riqueza, puestos de trabajo, proliferación de los disturbios climáticos y también en las masivas migraciones actuales. Se ha creado una nueva figura, la del refugio por razones climáticas.
El Gráfico 4 resume los efectos más importantes del calentamiento sobre el medio natural en el que se desarrolla la vida, también la vida humana, y es el suministrador de recursos esenciales para la economía.
Gráfico 4 Efectos del calentamiento en los ecosistemas y en la biodiversidad

· Acidificación de los océanos a partir de + 3º con pérdida de corales y plancton y especies. · Olas de calor y sequía y riesgos para suministro mundial de agua y de alimentos: lo que conlleva migraciones y riesgos de conflictos bélicos. · Aparición de eventos climáticos extremos causando pérdidas de vida y graves daños en las infraestructuras y la actividad económica, lo que conlleva pobreza y migraciones. · Extinción de algunas especies y pérdida de biodiversidad: patrimonio natural y posibilidades. · Cambios en la fenología y las interacciones entre especies. · Aumento de la expansión de especies invasoras y plagas. · Migraciones altitudinales / latitudinales de las formaciones vegetales. · Ecosistemas acuáticos continentales pasarán de permanentes a estacionales, y algunos desaparecerán. · Las más afectadas serán zonas costeras, humedales, cursos de aguas permanentes, las zonas de alta montaña y los pastizales húmedos.

Elaboración propia
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Los primeros síntomas del calentamiento ya están creando estragos: 60.000 muertes al año originadas por disturbios climáticos; desertificación (consecuencia: 3,5 millones de muertes anuales por malnutrición); y aumento de fallecimientos por no tener acceso al agua potable (1,8 millones de muertes anuales). Estamos ante un fenómeno de pérdida de calidad y cantidad de agua, aire y alimentos. El calentamiento está contribuyendo también a alterar la distribución geográfica de la encefalitis por garrapatas, el dengue y la malaria.
Las externalidades o costes de los daños ambientales y para la salud no contabilizados derivados del uso de la energía ha alcanzado enormes dimensiones y se están incrementando considerablemente debido al cambio climático. Se estima que en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), los costes externos originados por las emisiones de la producción de electricidad oscilan entre el 0,7% y el 2% del PIB, y representan entre 1,8-5,9 céntimos de euro por kilovatio hora de media en 2005. Para un mejor conocimiento de los costes externos (euro cent/kWh) de las diferentes tecnologías de generación eléctrica puede consultarse la documentación de la UE[3].
Las externalidades por costes sociales del transporte alcanzarían el 7,3% del PIB europeo y el 9,6% del español, siendo las derivadas del transporte por carretera más de tres cuartas partes del total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 800.000 personas mueren anualmente a causa de la contaminación atmosférica provocada por la quema de combustibles fósiles. En la UE, según la AEMA, pese a la reducción de los niveles de dióxido de azufre, el resto de las emisiones continuaron aumentando en partículas, NO_X (NO y NO₂), CO y HC, y atribuye 300.000 muertes anuales prematuras a la contaminación urbana y metropolitana (16.000 en España).
El impacto es desigual. Más negativo en los países empobrecidos. Con mayor incidencia en los colectivos sociales más vulnerables: ancianidad e infancia de las clases populares, pero también para las poblaciones costeras, las personas que trabajan al aire libre (construcción, puertos, aeropuertos, obras de infraestructuras, agricultura, pesca, etc.) o con animales (ganaderos, centros de investigación, veterinarios, etc.) por riesgos asociados con la zoonosis. También aquí podemos detectar el sesgo de clase en los efectos nocivos. Un estudio riguroso de la relación calentamiento/salud pública/salud laboral se encuentra en Martí Boscá (2012).
Todos los indicadores de problemas ambientales, tal como se ha señalado arriba, experimentan un crecimiento exponencial desbocado. Ello convierte al capital en el verdugo de la vida, de nuestras vidas, al realizar “un golpe de estado biológico” contra los ecosistemas, en palabras de Ramón Fernández-Durán y Luis González Reyes (2014, vol. 1, p.510).
Rotundo fracaso de la arquitectura COP
En 1990 la concentración de CO₂ en la atmósfera alcanzaba ya las 350 ppm., lo que escandalizó en la COP1 celebrada en Berlín en 1995: la COP25 vamos a encararla, tal como se ha señalado arriba, con una concentración de 415 ppm. El pasado año las emisiones de CO₂ alcanzaron la cifra de 33,1 millones de toneladas. Las emisiones han aumentado en un 60% entre 1990 y 2018 y lo que es sumamente preocupante han crecido un 32% respecto a 2005. Tanto desde el Carbon Budget Project como desde la Agencia Internacional de la Energía se señala que en 2018 los GEI han aumentado un 2% a nivel mundial, si bien cabe recalcar que contabilizando sólo las emisiones de CO₂ han crecido en mayor proporción en China, EE UU y la India. Esta es la demostración más palpable del fracaso de la estrategia diseñada por el establishment contra (sic) el calentamiento al crear la Convención Marco sobre el Cambio Climático tras la celebración de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992.
Desde hace 25 años, la idea de fondo de las COP es que los gobiernos lleguen a acuerdos simultáneos sobre la reducción de emisiones a partir de los informes de un amplio grupo de expertos. Con el tiempo se sumaron a las cumbres, con un peso muy relevante, las corporaciones multinacionales que han determinado los límites de los acuerdos. Y también fueron invitadas a acudir con un peso real insignificante las organizaciones ambientalistas y sindicales con el mero objetivo de legitimar socialmente el evento. Tras el acuerdo de Kioto (1997), el objetivo de la diplomacia de Naciones Unidas fue el de incorporar a las grandes potencias que no lo habían suscrito. La razón no era otra que dado que los problemas eran globales las soluciones debían afectar a todas las economías y así evitar que la competitividad de las economías de los países firmantes no decayera. Pura racionalidad de la ganancia capitalista, nula conciencia de la gravedad de la situación. O dicho de otro modo las Cumbres han supeditado los intereses de las personas y la vida a las del capital.
Tras la Cumbre de La Haya y a pesar de la ausencia de avances efectivos, los sectores más ilusos del movimiento ambientalista y sindical creyeron que la anunciada incorporación de EE UU y China iba a suponer un paso de gigante. Hace 4 años la Cumbre de Paris pareció que reunía (¡por fin!) a todos. En 2016 entraron en vigor sus acuerdos al suscribirlos 96 países además de los componentes de la UE, porque con ello ya estaban representados los estados responsables de más del 55% de las emisiones mundiales, cifra que se superó con creces pues allí estaban todos los grandes. Más allá de las críticas que merecen los acuerdos adoptados sobre la reducción de emisiones de cumplimiento voluntario no obligado y sin financiación suficiente (que además pueden suponer un golpe mortal a la soberanía alimentaria), lo más importante es que nada avanzó, ni siquiera lo que allí se aprobó. Y lo que se aprobó sigue vigente y, en teoría, deberá ser abordado de nuevo en la COP25. Conviene hacer un somero repaso al gran paso parisino de la COP21, tan celebrado urbi et orbe, para volver a situarnos:
1. Los objetivos cuantificables y cuantificados de reducción de emisiones de GEI posteriores a 2020 no fueron parte de la negociación de la COP21. Estos objetivos voluntarios y no vinculantes y, en gran medida, inadecuados no se revisarán. Lo que estuvo en el orden del día de París fue discutir sobre si los objetivos de reducción debían denominarse contribuciones o compromisos.
2. La suma de los compromisos voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adquiridos por los países nos condena realmente a un calentamiento superior a 2,7ºC en breve, a pesar de no incluir la contabilidad de las emisiones del transporte aéreo y marítimo que, por otro lado, se reconoce que sería necesario.
3. No incluye objetivos vinculantes para el desarrollo de las energías renovables o la agroecología de proximidad.
4. Apuesta por las propuestas que realizaron las industrias más contaminantes en su objetivo de seguir siéndolo: los mercados de carbono, la agricultura inteligente (léase transgénica), considerar a las tierras agrícolas como sumideros de emisiones y la fantasiosa, insegura, cara e ineficiente tecnología de la captura y almacenamiento de carbono que en vez de disminuir las emisiones aboga por su continuidad escondiendo la suciedad bajo la alfombra.
Siguen sin solventarse cuestiones tan importantes del plan climático del establishment como los mercados de carbono, las aportaciones al Fondo Verde del Clima, el mecanismo de daños y compensaciones por fenómenos climáticos extremos, el apoyo de los países ricos a los países en vías de desarrollo en su transición a un nuevo modelo; y lo que es más grave, e importa realmente, las emisiones mundiales no han dejado de aumentar.
Pero el golpe de gracia a la virtualidad del acuerdo es la moratoria en la asunción de medidas prácticas de reducción por parte de China y, sobre todo, el portazo de Trump en 2017 a la propia Cumbre, al desvincular a EE UU que se hará efectivo en 2020. Entre 2015 y 2019 las reglas del comercio mundial se han resquebrajado por las decisiones adoptadas por Trump y hemos conocido un recrudecimiento de la competencia internacional capitalista junto al anuncio del presidente norteamericano del abandono de los compromisos de las COP21 suscritos por su país, que es el segundo contaminador mundial en términos absolutos con el 15% del total del volumen de emisiones de GEI. El portazo de Trump tiene dos efectos inmediatos: la principal economía del mundo seguirá contaminando y, además, es una señal política para que otros países dirigidos por populistas negacionistas sigan su ejemplo.
Por su parte, según el PNUMA, China (la fábrica del mundo y el parque de coches en expansión) emitió en 2018 14 Gigatoneladas (Gt) de CO₂. Lo que supone superar la suma de EE UU (6 Gt) y la UE (4,5 Gt) y le sitúa como primer contaminador mundial en términos absolutos con una contribución entorno al 27% al total de emisiones. El gobierno chino aceptó el acuerdo de Paris, pero lo supeditó a su agenda nacional de crecimiento, lo que en la práctica es un aceptación formal y un desacato real.
Tras lo descrito poco se puede esperar lograr en la reunión trasladada de Chile a España por un Piñeira temeroso del estado de revuelta del pueblo chileno. La combinación de un incremento de la competencia mundial, la desregulación de las emisiones y los mercados y la pertinaz falta de acuerdos internacionales obligatorios en ausencia de un poder coercitivo que imponga su cumplimiento, no augura un escenario favorable para la humanidad y la biosfera.
Una alianza arco iris internacionalista para que la Tierra no sea una sartén humeante
Sería conveniente que, en el seno del diverso y plural movimiento por el clima, en cada una de las organizaciones ambientalistas y sindicales que participan en las Cumbres, se plantearan algunas preguntas: ¿Tienen algún futuro positivo las COP tal como están diseñadas? ¿Hasta qué punto es útil la presencia de las organizaciones no gubernamentales en la denominada Zona Azul del espacio de negociaciones dónde su capacidad de decisión es cero? ¿Qué pinta la sociedad civil en espacios como la Zona Verde de la Cumbre? En mi opinión la respuesta en cada caso es negativa. Bien al contrario, estos mecanismos han servido exclusivamente para legitimar el evento, distraer fuerzas y cooptar a buena parte de activistas. Lo importante es levantar, por modesta que inicialmente sea, una alianza arco iris, a la vez arraigada en cada país y con una fuerte coordinación internacionalista, con el objetivo de movilizar a la mayoría social. Con un enfoque independiente y alternativo que permita que la Cumbre Social por el Clima se vaya convirtiendo en referencia para el conjunto de la sociedad, acicate de la movilización ciudadana y embrión de nuevos contrapesos y contrapoderes fácticos en las sociedades de todo el mundo.
No hay excusa para retrasar el impulso de la alianza arco iris internacionalista, para movilizar a la mayoría social y empoderar a los pueblos. Como la emergencia afecta a todo el mundo, en todo el mundo deben avanzar las ideas y políticas de justicia climática, y todo el mundo puede contribuir a ello. Efectivamente, la necesaria alianza arcoíris contará de forma imprescindible con las organizaciones ecologistas, los feminismos, la juventud estudiantil y las y los científicos y los y las profesionales de todo tipo de conocimientos y dedicaciones, pero es imprescindible también que cuente con los pueblos originarios desposeídos que se han puesto en pie en defensa de su tierra (ejemplar y estimulante la Marcha Das Margaritas en Brasilia), el campesinado que está viendo arruinar sus cosechas, y, por supuesto, la clase trabajadora asalariada del campo y la ciudad, de la industria, la construcción, del transporte, el turismo y los servicios. Su futuro en términos de empleo, salud pública y salud laboral dependerá del grado de calentamiento atmosférico.
El nuevo movimiento climático deberá combinar protesta y propuesta, con proyecto y agenda propios. Deberá situarse fuera de la órbita de influencia del sistema en el que han caído buena parte de las ONG ambientalistas. Estas ciñen su papel, en el mejor de los casos, al de denuncia de la realidad, consejeros sobre alguna reforma a emprender y acompañantes de la institucionalidad sin arraigo social. Acaban practicando una suerte de sindicalismo ambiental de élite confundiendo propuesta con el mero juego de proposición experta de porcentajes de reducción, plazos y tecnologías, asuntos todos ellos que, siendo importantes, pierden su virtualidad si no están insertos en una estrategia autónoma del movimiento.
Dos de los riesgos que deberá sortear este movimiento son el de su cooptación por el poder y el de su instrumentalización por partidismos electoralistas. A la vez que se relaciona con los gobiernos e instituciones nacionales o internacionales a la hora de plantear sus exigencias, deberá basar su fuerza en la calle y no dejarse seducir por los cantos de sirena de los despachos enmoquetados. Respecto a lo segundo, el antídoto es que el movimiento preserve su autonomía y exija a los partidos que la respeten y que apoyen sus demandas.
El nuevo movimiento por el clima deberá tener un ojo puesto en la dinámica de los poderes globales y otro en los poderosos del propio país. Si bien los cambios en las emisiones deben ser globales, la lucha por conseguirlos no puede quedar a la espera de lo que hagan gobiernos y empresas en sus cumbres; al contrario, la lucha y la presión debe comenzar en el ámbito de cada país, exigiendo a sus gobernantes decisiones unilaterales que permitirán, a su vez, abrir dinámicas de contagio y realimentación internacionales. Iniciar la transición en un país es el primer paso para su globalización, conscientes, a su vez, de que para que el cambio de rumbo sea efectivo, deberá extenderse a todo el planeta.
Ello implica un trabajo político e ideológico, organizativo y comunicacional para acabar con la escoria mental productivista de la que impregna la clase dominante al conjunto de la sociedad. Y realizar un trabajo paciente que no admite espera en dos sentidos: impulsar el cambio de conciencia de las clases trabajadoras en tanto que explotadas por el capital y víctimas del calentamiento -lo que nos obliga a unir la lucha por los salarios, la jornada y condiciones de trabajo con los objetivos ecológicos-; y, a la vez, potenciar la alianza del movimiento obrero y sindical con el ecofeminismo y con el despertar de la juventud a una conciencia planetaria. Volver, por tanto, a la lucha colectiva e internacionalista de las y los de abajo.
Existen alternativas al modelo capitalista
La necesaria transición ecológica global no es posible sin la transición energética. El cambio de modelo energético es el primer paso del cambio ambiental del modelo productivo, lo que implica -y no hay forma de sortearlo- un cambio radical en el modo de producción. Eso supone combatir los discursos culpabilizadores de los hábitos de la mayoría social convertida en consumidora y amputada de su condición de explotada. El tipo de oferta es lo que determina el modelo y las opciones del demandante.
Debe haber cambios culturales, rutinas y opciones materiales de toda la sociedad, comenzando por la clave: el ahorro energético en los países industrializados (que atenta contra la lógica de la ganancia privada). Acompañado del incremento de la eficiencia (que socava la obsolescencia programada) y el impulso de las renovables de generación distribuida (que democratiza la producción frente a las grandes compañías). Se trata de impulsar un sistema social y público de generación eléctrica muy descentralizado pero muy coordinado y de una profunda reorganización del sistema de transportes. Y, por supuesto, dejar enterrados de por vida el carbón, el gas y el petróleo en sus yacimientos.
Es necesario levantar un horizonte ecosocialista que diga abiertamente la verdad: acabar con la crisis climática y ecológica supone dejar de producir mercancías inútiles, innecesarias, tóxicas o peligrosas, pacificar los desplazamientos acabando con los irracionales e inútiles, disponer de recursos financieros mediante la socialización de toda la banca, tener capacidad operativa en la economía mediante la socialización de toda la cadena de valor de la energía y otros sectores estratégicos. Desde el punto de vista de la justicia social, fabricar únicamente lo necesario para cubrir las necesidades humanas debe estar aparejado a la ocupación de las y los trabajadores de las viejas actividades cesantes, por contaminantes o innecesarias, en nuevos empleos sin merma salarial, asegurándoles la adecuada formación profesional. Pero también al desarrollo de los servicios públicos -esencialmente enseñanza y sanidad- y las actividades asociadas al cuidado de las personas, la reducción drástica del tiempo de trabajo sin pérdida de ingresos y el reparto del trabajo productivo, reproductivo y de los cuidados existente.
Hoja de ruta que es totalmente improbable que lo haga el capital. No caben engaños. La estrategia de transición implica un decrecimiento en la cantidad de energía y de materiales utilizados en el mundo industrializado y el desarrollo de un modelo eco-sostenible para las gentes de los países empobrecidos. Y ello no es posible bajo las leyes que rigen el modo de producción capitalista.
Ello nos remite a unas preguntas: ¿Es posible un New Green Deal obviando que las exigencias ecológicas no son compatibles con la ley central del capital, la ley del valor-trabajo? ¿Es posible como propone Alexandra Ocasio-Cortez pactar con la oligarquía el fin de su preciado negocio? ¿Tienen razón los verdes europeos que actualmente se dan el papel de meros gestores del capitalismo en sustitución de la decrépita socialdemocracia europea? ¿Es posible quedarse en la crítica al capitalismo y la mera regulación de la política energética del capital para acabar con el problema como proponen Héctor Tejero y Emilio Santiago (2019)? Estas propuestas tienen un denominador común: son bienintencionadas y técnicamente solventes, pero intentan cambiar la forma mediante el discurso sin atentar contra la naturaleza de lo que constituye la economía política del capital y sin tocar la propiedad. No es posible realizar transiciones ecológicas de forma pactada y gradual, sin conflicto, y sin hacer una profunda incursión en la propiedad de los medios de producción. En palabras de Daniel Tanuro (2011, p. 154) sobre la ley del valor vigente en el capitalismo: “Imaginar que un modo de producción basado en esta ley pueda dejar de saquear los recursos naturales es tan absurdo como imaginar que pueda dejar de explotar la fuerza de trabajo”. De nuevo surge el viejo dilema socialismo o barbarie, que en palabras de Jorge Riechmann (2018) se materializa hoy en revolución o colapso, porque lo que se necesita es una contracción económica selectiva de emergencia -que no es lo mismo que recesión- en la que hay sectores que desaparecerán drásticamente -como la extracción de petróleo, por ejemplo- y otros -como la medicina, por ejemplo- deberán tener un desarrollo exponencial.
Actualizando las herramientas
El marxismo abierto crítico y revolucionario puede ofrecer un horizonte ecosocialista que dote de sentido a la lucha por todas y cada una de las medidas que mitiguen hoy el problema para seguir avanzando en una transición ecológica y social. Ello implica ser sinceramente críticos con las deficiencias fundacionales. Por ejemplo, reconocer que dadas sus circunstancias y limitaciones, Karl Marx acertó en su concepción del metabolismo sociedad-naturaleza, pero no supo identificar las diferencias entre energías de flujo (solar, etc.) y energías de stock (fósiles) haciendo una amalgama de ambas. Y, por otro lado, la economía marxista, debe de aprender, ante la determinación que imponen los límites físicos de la biosfera, a contar en términos de unidades físicas y ponerlo en relación con la gran aportación de Karl Marx, “el detective que quería descifrar un supremo enigma, el del trabajo y de su valor, el del capital y de su poder, y que imaginó que un día podíamos producir y vivir con seres humanos no alienados”. (Louça, 2018).
Tal como están las cosas, nadie dijo que fuera fácil, pero es nuestra única esperanza. Lenin definió el socialismo como el poder de los soviets más la electrificación. Hoy, con los datos que disponemos, añadiríamos dos sumandos más (al menos): la descarbonización de la economía y un giro de 180 grados en el tipo y dimensión de las fuerzas productivas necesarias y deseables.
27/11/2019

Manuel Garí, forma parte del Consejo Asesor de viento sur
Notas:
1/ https://elpais.com/internacional/2018/11/27/estados_unidos/1543283242_634443.html
2/ Utilizo el término de tasa de ganancia (o cuota de ganancia) entendido como la relación numérica entre la plusvalía (forma monetaria del plus producto social en la producción de mercancías que se obtiene por la diferencia entre el nuevo valor producido en el proceso productivo y el valor de la fuerza de trabajo) y la suma total del capital constante y variable requerido para la obtención de esa plusvalía. Por lo tanto, numéricamente se expresa como ratio cuya evolución podemos comprobar tanto en tablas históricas como en la comparación que involucre a dos decisiones excluyentes entre sí.
3/ http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/estimated-average-eu-external-costs
Referencias
Baquedano, M. (2019). Colapso. Cuando el clima lo cambia todo. Cuarto Propio, Santiago de Chile
Fernández Durán, R y González Reyes, L. (2014). En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo). Libros en Acción. Baladre, Madrid
Husson, M. (2013). El capitalismo en 10 lecciones. Breve curso ilustrado de economía heterodoxa. Viento Sur-La Oveja Roja, Madrid.
Louça, F. (2018). “O detetive que quería decifrar a suprema intriga”, Expresso, 10-3-2018.
Martí Bosca, J.V., director y coordinador (2012). Cambio global España 2020/50. Cambio climático y salud. ISTAS, SESA i CCEIM
Riechmann, J. (2018) Ecosocialismo descalzo. Tentativas. Icaria, Barcelona
Tanuro, D. (2011). El imposible capitalismo verde. Del vuelco climático capitalista a la alternativa ecosocialista. viento sur-La oveja roja, Madrid
Tejero, H., Santiago, E. (2019). ¿Qué hacer en caso de incendio? Capitán Swing. Madrid
Yergyn, D. (19912). La historia del petróleo. Plaza & Janés/Cambio 16. Barcelona

Uruguay: la derrota

Uruguay

La derrota, sin atenuantes, del partido de gobierno

30/11/2019 | Ernesto Herrera

Confirmado. Desde el 1° de marzo de 2020, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ejercerá como presidente de la República liderando un gobierno de coalición integrado por cinco partidos de derecha 1/.
Entonces, la llamada era progresista, abierta el 1° de marzo de 2005, con la primera presidencia de Tabaré Vázquez, quedará oficialmente cerrada. El Frente Amplio colgará su ropa de partido de gobierno para vestirse de oposición responsable.
En efecto, habrá sucesión en el poder. Bajo el formato de una alternancia de partidos en la gerencia del Estado capitalista. Legitimada por el inapelable veredicto de las urnas. Aún si la mínima diferencia entre las dos opciones en el balotaje del 24 de noviembre, señale un empate técnico entre dos mitades de país.
La transición comienza el próximo lunes 2 de diciembre, con la reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y Lacalle Pou. Prolija información, relación amistosa. Sin traumas ni crispaciones. Honrando la reconocida tradición cívica del país. Todo controlado.
Lejos del turbulento vecindario regional. Pertrechados contra el acecho insurreccional. No hay peligro de contagio, por ahora. La contrarrevolución ideológica operada durante los 15 años de progresismo gubernamental, desinfló la radicalidad de las demandas sociales y la intensidad de la beligerancia entre las clases antagónicas. Enchalecando la idea de desobediencia civil.
La paz social, efectivamente, aparece como una adquisición ciudadana. Solo desafiada por los marginados, drogadictos, sicarios, delincuentes y lumpenes-consumistas que maltratan la seguridad pública. Por eso, la mayoría de población requiere protección y autoridad del Estado. Con el nuevo gobierno, la represión aumentará todavía más. Las cárceles seguirán llenándose, principalmente de jóvenes. Cualquier insubordinación social estará penada con mano dura.
Sin fuga de capitales o sabotaje de los mercados. Las calificadoras de riesgo, aunque vigilantes sobre el déficit fiscal, ya dieron su aprobación. Las instituciones financieras internacionales, apenas observan. Saben que el programa macroeconómico tendrá escasos cambios. Aunque la pugna retórica sobre los dos modelos de país, haya imperado en la campaña electoral.
Pero los pilares son los mismos, fueron colocados en los años de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, en la llamada década perdida de 1990. Ley Forestal; Ley de Inversiones; Ley de Puertos, Ley de Zonas Francas; Sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap); Ley de Puertos.
Ninguna fue derogada en estos 15 años de hegemonía progresista. Por el contrario, el Frente Amplio basó su programa económico en esa matriz heredada. Desregulación financiera; concentración-extranjerización de la tierra; exoneraciones tributarias a las multinacionales de celulosa y mineras; privatizaciones y subcontrataciones. Y las leyes de Participación Público-Privada (PPP) y de Inclusión Financiera, bajo el mandato de Mujica (2010-2015) como presidente.
Un plus para la coalición neoliberal. No tendrá que hacer el ajuste echando mano a una nueva batería de contrarreformas. A no ser la de la seguridad social, empezando por el aumento de la edad jubilatoria. Pero en esto, ya es sabido, cuenta con el inexorable acuerdo del Frente Amplio.
En el paréntesis o interregno progresista, convivieron neoliberalismo y pos-neoliberalismo, sin salirse de la misma lógica de acumulación de capital. Ahora, el núcleo duro, genuino, asume el mando directo. Con la intención de acelerar los mecanismos de apropiación privada de la riqueza. Sin llegar a fisurar las piezas del contrato básico: la democracia de mercado. En esto, también, la clase política, de todos los lados del tablero ideológico, concuerdan.
El blindaje funciona. Es la ventaja comparativa de una democracia liberal, muy arraigada en la sociedad. Organizada por los de arriba, consentida por los de abajo. A esto se remite el infranqueable pacto republicano que, tanto las elites progresistas como las derechistas, han venido y seguirán certificando. Dicho con lenguaje más añejo: el carácter del régimen político de dominación tiene consenso. Robusta musculación. Atornillando la estabilidad institucional. Dando las condiciones necesarias de gobernabilidad, independientemente de mayorías o minorías parlamentarias. Así viene ocurriendo desde la restauración democrática en 1985, luego de 12 años de dictadura militar.
Amargura, claro. Si ante todo, se piensa en los 400 mil trabajadores que no alcanzan dos salarios mínimos al mes 2/; en los 120 mil jubilados con prestaciones sumergidas, esto es, miserables 3/; en los 54 mil asalariados que perdieron su empleo en los últimos cinco años en la industria, la construcción, el comercio minorista, el agro. En ese 30% de jóvenes desempleados, menores de 25 años, empujados a sobrevivir en la desesperanza del no-futuro. En las más de 193 mil personas que habitan los 600 asentamientos precarios, donde se reproduce la pobreza estructural, afectando sobre todo a mujeres jefas de hogar, niños y adolescentes. O en las 20 mil personas que, en algún momento, durmieron en situación de calle durante los últimos tres años.
Son datos inocultables. Una fotografía nítida de la fractura socio-económica que el progresismo y sus planes asistenciales focalizados nunca saturaron. Suman centenares de miles. Componen ese segmento de la población clasificado en condición de pobreza (menos de 4 dólares diarios) y de clase media vulnerable (entre 10 y 15 dólares diarios), según el estudio más riguroso elaborado sobre ingreso, empleo, vivienda, salud, educación, núcleo familiar, y franjas etarias, de las llamadas clases subalternas en el país 4/.
No obstante, muchísimos de ellos y muchísimas de ellas repitieron el voto por el Frente Amplio. Volvieron a sostener un hilo de confianza. Sobre todo la franja más joven, entre 18 y 34 años, que masivamente (55%) le dio apoyo a la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar.
Sabiendo, por un intuitivo olfato de clase, que sus condiciones de vida, ya de por sí frustrantes, no mejorarían con un gobierno de la coalición multicolor. Entendiendo, sin demasiada sofisticación analítica, el peligro de una avance de la ultraderecha. Aún descontentos, se atrincheraron en el sufragio para evitar lo peor y cortarle el paso al fascismo.
Esta corajuda decisión, no asegura luchas inmediatas, ni masivas futuras resistencias. Tampoco presagia una ola de grandes huelgas o estallidos sociales invadiendo las calles. Solamente indica que hay una base social con capacidad de reacción, y una acumulación democrática que, incluso en medio del enojo, la confusión, el hastío, distingue las fronteras ideológicas que no pueden sortearse. Es una de las innumerables razones de porque tantos miles de votantes de Cabido Abierto y del Partido Colorado, el 27 de octubre, hayan optado, a último momento, por el Frente Amplio en el balotaje 5/.
No obstante, existen poderosas máquinas de amortiguar las expresiones de protesta y rebeldía popular. Los aparatos sindicales burocráticos y la mayoría del Secretariado del PIT-CNT que, seguramente, regularán el aumento de la conflictividad que anunciaron se venía si ganaba el neoliberal de Lacalle Pou. Aunque luego del 24 de noviembre, se hayan puesto más cautos. Y, por supuesto, los principales dirigentes del Frente Amplio. Que ya proponen una orientación componedora con el nuevo gobierno, especialmente con su ala de centro-derecha.
Al ensayar una especie de perspectiva, el expresidente y senador electo, José Mujica, adelantó la posible estrategia: “no se debe bombardear inútilmente al nuevo gobierno, debe sí batirse por aquellas cosas que considere importantes para la gente" 6/. Argumento razonable, según dirigentes cercanos a Lacalle Pou, como el senador Álvaro Delgado, futuro secretario de la presidencia: Mujica es “un interlocutor fundamental” y “un actor clave en este proceso” 7/.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, fue más explícito. Lo importante es “mantener un diálogo” con el futuro gobierno y “no empujar a Lacalle Pou a los brazos de sus socios de ultraderecha”, es decir, Cabildo Abierto liderado por el general (r) Guido Manini Ríos, aunque no lo considere un fascista como Bolsonaro. Si no más bien buscar entendimientos con las fuerzas democráticas de la coalición, donde están incluidos el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y de ninguna manera, enfatizó, el Frente Amplio “incendiará la pradera” 8/. Hay un sólido y no tan lejano antecedente que da crédito a esa afirmación. Cuando la peor crisis económico-financiera en la historia del país (2001-2002), en medio de una espantosa crisis social, el Frente Amplio desalentó cualquier proceso insurreccional similar al argentinazo (2000-2001) y declaró su lealtad institucional.
No son pura anécdota. Sino razones decisivas. Más todavía, si consideramos que la cúpula dirigente del Frente Amplio y su tropa de funcionarios y parlamentarios, luego del resultado del 27 de octubre, había tirado la toalla, dando por perdida la pelea. Por eso, fue tanto más indecoroso su festejo la noche del 24 de noviembre. No hubo una casi victoria, sino al revés: una derrota política, sin atenuantes, del Frente Amplio como partido de gobierno; administrador de los asuntos de Estado, de sus instituciones representativas y de sus aparatos coercitivos, en el cuadro infranqueable del orden del capital. Durante 15 años, esa cúpula dirigente funcionó como trituradora de las ideas revolucionarias, anticapitalistas. Como cerrojo de las luchas sociales radicales y de cualquier horizonte emancipatorio.
Es verdad. Continúa siendo la principal fuerza política del país, gobierna Montevideo, la capital, desde hace 29 años, y volvió a ganar en el departamento de Canelones, es decir, gerencia todavía la región donde se concentra más de la mitad de la población de Uruguay. Sin embargo, estos dos contrapoderes fácticos, no desequilibran la nueva correlación de fuerzas creada con la victoria de la derecha.
En octubre, el Frente Amplio ganó en 9 departamentos; en noviembre, solamente en dos, la coalición encabezada por Lacalle Pou, en 17. Un dato estratégico que la militancia frenteamplista debería registrar. Sus jefes fueron desplazados. El poder, real, cambió de manos.
También aquellos y aquellas que, poco antes del balotaje, firmaron una “Carta abierta a las izquierdas”, convocando, con tono resignado, a votar por el Frente Amplio. Aún si durante los últimos tiempos, venían manifestando posiciones muy críticas, linderas con la ruptura, al evaluar la derechización política y económica del gobierno del Frente Amplio.
En la Carta, decían: “Luego de tres gobiernos, quienes militamos a nivel social o político fuera del Frente Amplio no hemos logrado construir una herramienta política que nos permita organizar los anhelos de cambio en una perspectiva socialista. Por el contrario, la primera vuelta de las elecciones nacionales nos mostró que el Frente Amplio sigue siendo, guste o no, el principal instrumento político-electoral de los sectores subalternos. Por eso sus límites y deficiencias nos duelen como si fueran nuestras, porque somos parte activa del proceso político popular uruguayo” 9/.
Luego de la derrota, y de la responsabilidad que le cabe a la dirección del Frente Amplio, y a sus aparatos mayoritarios, el dilema de ayer se convierte en un cruce de caminos. Porque la estrategia continúa siendo la de un partido del orden burgués. La metamorfosis no tiene vuelta atrás. Como herramienta de transformación social, el Frente Amplio dejó de existir hace mucho tiempo. Su pase a la oposición no lo convierte, nuevamente, en una opción de izquierda. Su actual naturaleza no cambia.
Por su parte, la derecha triunfadora, sabe que no tiene un cheque en blanco. Sobre todo en cuestiones democráticas, derechos laborales, conquistas de nuevos derechos, seguridad pública. Menos que recibirá una tregua de los familiares de detenidos-desaparecidos en su incansable búsqueda de la verdad.
Pero está decidida a inclinar, decisivamente, la balanza en favor del gran capital. Y no dudará en usar, de ser necesario, a las corporaciones armadas del Estado. Por lo pronto, ya dio la primera señal: el nuevo Ministro del Interior será el senador Jorge Larrañaga, impulsor de la reaccionaria reforma constitucional "Vivir sin Miedo”, derrotada el 27 de octubre 10/. Una provocación, si se quiere. Al tiempo que un ruidoso cachetazo para Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, quien una semana antes del balotaje, consideraba a Larrañaga dentro del brazo izquierdo de la coalición derechista, y posible socio en algunas temas 11/. Este solo ejemplo, bien podría simbolizar la debacle política de los dirigentes del Frente Amplio y de su colateral sindical. Y una advertencia. La nula confianza que los trabajadores y los militantes de las izquierdas, pueden depositar en ellos.
29/11/2019
https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/30/uruguay-la-derrota-sin-atenuantes-del-partido-de-gobierno-ernesto-herrera/
Notas
1/ La alianza que acordó “un documento programático” titulado “Compromiso por el país”, está conformada por el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, todos con representación parlamentaria.
2/ La fuerza laboral empleada es 1 millón 500 mil personas. El salario mínimo nacional es de $14.000, equivalente a 400 dólares.
3/ Esta franja de jubilados, tiene una prestación de $12.400, unos 360 dólares Durante la campaña hacia el balotaje, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, se comprometió, si resultaba electo, a darles un aguinaldo, sin anunciar el monto.
4/ Progreso Multidimensional en Uruguay: Dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años. Autores: Marco Colafranchesqui, Martín Leites y Gonzalo Salas. PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Montevideo, julio de 2018
5/ La coalición no pudo retener sus votos de la primera vuelta, que le daban una suma del 54%. Mientras que el Frente Amplio captó por la derecha. Ganó cerca de 200 mil votos. De ellos, 71 mil provenientes de Cabildo Abierto y 43 mil del Partido Colorado, y una gran cantidad de indecisos fueron al casillero progresista. Fuente: “Daniel Martínez recogió más adhesiones entre los votantes de Cabildo Abierto que del Partido Colorado”, La Diaria, 26-11-2019.
6/ Declaraciones al informativo de Telenoche, canal 4, recogidas por el diario El País, 28-11-2019.
7/ Declaraciones al semanario Búsqueda, 21-11-2019.
8/ Entrevista al semanario Búsqueda, 28-11-2019.
9/ Carta abierta a las izquierdas: https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/08/uruguay-carta-abierta-a-las-izquierdas/
10/ Victoria sin miedo. Victoria tensa, derrota a medias: https://correspondenciadeprensa.com/2019/11/01/uruguay-vivir-sin-miedo-victoria-tensa-derrota-a-medias-venancio-acosta/
11/ Entrevista en el programa 7° día, Teledoce, 17-11-2019.

Los de abajo

Los de abajo

La resistencia en los barrios de Chile

Gloria Muñoz Ramírez

L

a dinámica de las movilizaciones en Chile continúa en el centro de Santiago y en las poblaciones o asentamientos populares de la periferia, donde los obreros y comerciantes se movilizan en sus territorios con un ritmo propio. En La Legua, Villa Francia o La Victoria, barrios emblemáticos de la resistencia contra la dictadura pinochetista, se vive la organización todos los días con ollas populares, actividades culturales, asambleas, marchas y bloqueos en su zona o en contingentes que se unen a las movilizaciones del centro.

En Villa Francia se organizaron desde los primeros momentos de la revuelta, pues trabajan en comunidad desde siempre y la revuelta no los tomó por sorpresa. Al igual que en La Legua, barrio del sur de Santiago, aquí se vive el abuso policial todos los días, los allanamientos, las balaceras entre grupos de narcotraficantes, el gatillo fácil de los carabineros, la violencia institucional generalizada. Pero los pobladores no son delincuentes, sino gente trabajadora que se trasladó a esta zona desde la década de los sesentas.

En la escuela comunitaria Camilo Cienfuegos los jóvenes preparan actividades culturales para restablecer el tejido comunitario y construir una opción frente a las drogas. Los niños y niñas toman clases de danza y participan con sus números musicales en las marchas. Son pequeños de entre cinco y 12 años que conocen la historia de Gustavo Gatica, el joven universitario que perdió la vista de los dos ojos por disparos de goma de los carabineros. Nada les es ajeno y, sin dejar de ser niños, juegan durante las concentraciones. Saben por qué están ahí.

El Centro Cultural de La Legua, foro autogestionado por una población perseguida, suspendió actividades teatrales los primeros días de la revuelta, porque, anunciaron, desconfiamos de las fuerzas represivas del Estado abusador, que no duda en atacar y reprimir a su pueblo. Suspendemos no porque queramos escondernos, sino porque queremos estar en las calles haciendo presencia, organizando rebeldemente nuestra indignación.

En la Legua y en Villa Francia se respiran organización y futuro. Nada volverá al antes del 18 de octubre, dicen los jóvenes de aquí, muchos de los que conforman la emblemática primera línea de las movilizaciones.

www.desinformemonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Carta abierta a I.Duque-Colombia-

Carta abierta a Iván Duque

Boaventura De Sousa Santos

▲ Un grupo de músicos participa en Bogotá en el noveno día de protestas contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque.Foto Afp

E

stimado presidente Iván Duque Márquez, reciba mis saludos cordiales.

Soy un científico social portugués, fundador del Foro Social Mundial, profesor jubilado de la Facultad de Economía y director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, académico distingido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde hace muchísimos años he realizado diversas investigaciones sociológicas en Colombia y la región.

En este momento, además, soy miembro del comité asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero no es en esta calidad en la que le escribo. Lo hago en mi calidad de demócrata comprometido con las luchas por la paz y por la democracia en el continente, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones he manifestado mi solidaridad con todas aquellas personas que luchan en Colombia por la paz y por la democracia, tomo la libertad de escribir esta carta abierta debido a los graves acontecimientos en su país.

Presidente, ¿Cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Han sido asesinados 198 indígenas desde 2016. De esos, 135 han sido en su gobierno. Pero no quiero reducir a estas personas a simples números, ellas y ellos han sido líderes en sus comunidades, autoridades tradicionales y espirituales de una importancia tal que no sólo es el asesinato de una persona, es la afectación a toda una comunidad.

Debo recordarle que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción tanto física como cultural. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es aterrador.

Luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico y minería ilegal), sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando el tejido social.

Fruto de esta disputa hemos visto en el último mes noticias sobre masacres en el Cauca, pero que no se limitan a esa zona, pues es sólo la punta del iceberg de este nuevo panorama de violencias: desconocemos aún cuántas poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran recluidas y aisladas en sus territorios ancestrales gracias a esta nueva arremetida del conflicto armado.

Múltiples alertas tempranas han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, llamando la atención sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes sociales del país. Estos líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, han sufrido la violencia sistemática de grupos al margen de la ley, especialmente se ha visto un incremento en los homicidios contra personas indígenas y afrodescendientes.

No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra la parte específica de la población que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural.

Estas noticias recientes sobre el Cauca, las cuales nos han sacudido a todos e incluso lo han llevado a usted a dirigirse personalmente a la región, no pueden resolverse proponiendo más guerra y más terror. La militarización del Cauca solo dejará más y más víctimas, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por fuego cruzado. Someter a la población al miedo y la zozobra es funcional para estos grupos armados ilegales, pues es esa su principal estrategia para obtener el tan anhelado control territorial.

Frente a esta ola de violencia, debido a estos viejos y nuevos actores armados, la mejor opción en pro de las comunidades que allí habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha hecho a usted de iniciar un Plan piloto de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito de manera inmediata.

La situación es tan dramática, que, tan solo en el municipio de Suárez (Cauca), se encuentran en situación de riesgo 11 mil 229 habitantes, equivalente a 65.9 por ciento de la población total de dicho municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural, organizada mediante resguardos indígenas, consejos comunitarios, asociaciones campesinas y juntas de acción comunal.

Mientras esto pasa en el Cauca, en el área rural de Buenaventura, 12 mil 289 habitantes de distintos territorios colectivos se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el incremento en las intimidaciones y amenazas contra la vida, libertad e integridad de las personas, generando restricciones en la movilidad. El conflicto armado en esta parte del país genera grandes afectaciones territoriales de diversa índole. De igual manera, el casco urbano se encuentra en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos armados: Banda Local y La Empresa, además de grupos autodenominados como disidentes de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Recuerde presidente, que, según la cosmovisión de estas comunidades, sus resguardos y consejos comunitarios deben estar libres de grupos armados legales e ilegales, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio tanto en el territorio como en la comunidad.

Con el regreso de los asesinatos selectivos, del etnocidio y de la violencia en los territorios, también ha resurgido una práctica que en la década pasada aterró al país: las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Me quiero referir a los casos del ex combatiente Dimar Torres y del joven Flower Trompeta. No se puede permitir que estos macabros acontecimientos vuelvan a ocurrir en un país que se juega el todo por la paz, la reconciliación y la no repetición.

Le pido a usted, como jefe de Estado y jefe de gobierno, condenar todas las violaciones a las garantías democráticas del Paro Nacional del 21 de noviembre llevadas a cabo por el siniestro Escuadrón Móvil Antidisturbios. El malestar ciudadano no puede ser objeto de estigmatización y represión. Debe rechazarse tajantemente la actitud que asumió la fuerza pública al atacar las manifestaciones pacíficas de una ciudadanía que desea un verdadero cambio.

Finalmente, presidente, Colombia hoy se encuentra en un momento histórico. Tal vez desde 1977 el país no presenciaba una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre, la cual no solo logró parar el país, sino que también nos demostró el clamor popular de estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas, mujeres y demás participantes del paro. La gente, tanto en los territorios periféricos como en las grandes ciudades, protestan contra su gobierno, profundamente impopular, y a raíz de esto algo debe cambiar. Deben ser escuchados sus justos reclamos y buscar una salida por el bien del país, para así poder construir una Colombia en paz.

mEXICO: SOBRE EL SISTEMA PENAL

Sobre el sistema penal

Ilán Semo

E

n un tuit reciente Edgardo Buscaglia definió las cinco dimensiones que constituyen a ese universo que llamamos, casi de manera metafórica, el crimen organizado de la siguiente manera: la política, la empresarial, la protección judicial, el sicariato y lo social. Es un mapa, sin duda, acertado. Sin la colusión entre la sociedad política –desde el Poder Ejecutivo, hasta los gobernadores, presidentes municipales, fiscales y franjas del Congreso– y el sicariato, la delincuencia organizada jamás habría alcanzado su extensión actual. Las industrias del crimen han devenido cuantiosas empresas con utilidades desorbitadas en una veintena de ramas de la economía; incluyendo, por supuesto, el sistema financiero, encargado de transformar el dinero sucio en dinero legítimo.

La parte social representa, en gran medida, su fuente principal de poder. Poblaciones y poblados sobre los que ejercen derechos de piso, donde reclutan en su mayoría a jóvenes y que, a cambio de los ingresos que proveen, obtienen un apoyo sustancial. Por último, la protección judicial, que les permite evadir la formalización de las persecuciones y las detenciones y contiene una gigantesca puerta giratoria donde los criminales entran y salen de las cárceles a cambio de ingresar a judicaturas y policías a sus nóminas.

Esta última dimensión, la penal, ha sido poco estudiada. La historia del sistema judicial mexicano es compleja y remite a una doble función: la primera ha sido la de servir como un sistema de recaudamiento de riquezas, favores e influencias. La segunda, no menos importante, ha fungido como un dique, un laberinto para disuadir, dividir e intimidar a las poblaciones más pobres para inhibir e intimidar sus movimientos de protesta, reclamos y luchas por demandas sociales y civiles. En el siglo XX, el sistema penal fungió como uno de los grandes encargados de lograr que los sectores, digamos, más proletarizados de la población aceptaran, de una u otra manera, su status como inamovible.

En la actualidad esta doble función del sistema penal se ha potenciado hasta límites inconcebibles. Por un lado, devino uno de las grandes fàbricas de enriquecimiento de los negocios de la criminalidad organizada; por el otro, ha transformado a esa delincuencia en parte de los cuerpos encargados de la vigilancia, el amedrentamiento y la intimadación de la población.

En todo poblado del país, hoy incluso en las grandes ciudades, se sabe que los sicarios entran a las cárceles para ser liberados en cuestión de días o semanas. La población sabe perfectamente que no los van a retener. Ello inhibe toda forma de justicia popular hasta que la situación deviene crítica y aparecen los linchamientos. En otras palabras: la conjunción entre entre el orden policiaco y las industrias del crimen ha convertido a éstas últimas en una extensión de los propios cuerpos policiacos.

Una de sus funciones básicas consiste en mantener en marcha las fábricas del miedo social. A cada quien su miedo. Las clases medias temen que sus hijos no encuentren los caminos de la movilidad social. Las clases subalternas, temen, por su parte, que sus familiares no caigan en el laberinto de la delincuencia. El estatuto de vigilantes informales que ejercen las organizaciones criminales mantiene esta zozobra en una estado permanente de extrema alarma. Y ésa es, más que la propia corrupción, su finalidad central: la despolitización de todos los intentos de politizar las respuestas sociales y políticas desde abajo contra un sistema alarmantemente desigual.

Desde 2007, durante el sexenio de Calderón Hinojosa, la clase polí-tica descubrió que era el sistema ideal de control político sobre la población. Los políticos nunca pa-gan los platos rotos de la represión,porque la dislocan a la esfera cri-minal. El país vive de facto bajo unestado informal de sitio permanen-te. No se puede salir en las noches.Se va al trabajo y se regresa de inmediato a casa. Pocos encuentros con los amigos. Un sistema ideal de disciplinamiento de la ecomomía de mercado.

El gobierno de Morena no parece, hasta ahora, interesado en intervenir en este círculo infernal. Si en cambio, ha decidido debilitar una dimensión que se le escapa a Buscaglia: el mercado estadoundiense y las agencias de Washington que gobiernan al crimen en México. Tan sencillo como esto: el que paga, manda. Y los grandes recursos ilícitos en México provienen de su realización en Estados Unidos.

La contienda por definir o no a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el Congreso de EU parece el intento de la administración mexicana por debilitar la influencia de Washington en este escabroso rubro, tal y como se ha mantenido desde 2007. Una condición sin la cual es imposible encontrar el menor indicio de una posible salida al problema de la seguridad nacional.

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