Ley para la seguridad del grupo gobernante

Ley para la seguridad del grupo gobernante Gilberto López y Rivas

R esulta innegable que el objetivo de la iniciativa de ley de seguridad interior es legalizar las tareas represivas de las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Área) que requiere el grupo gobernante para garantizar la continuidad del sistema de explotación y dominación capitalista, en el contexto de la más grave crisis de legitimidad de las instituciones públicas de que se tenga memoria desde los cruentos años del movimiento armado de 1910 a 1917, y en el marco del creciente descontento e indignación de amplios sectores de la sociedad mexicana que han llegado al límite de lo soportable, ante tanto agravio y agresión en todos los espacios de la existencia económica, política, social y cotidiana. Para ello, sus amanuenses legislativos en el Congreso se apresuran para otorgar a los militares los poderes que han venido ejerciendo de facto desde hace ya más de una década, con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado, que, lejos de disminuir, se ha intensificado en extensas regiones del país, hasta conformar una compleja red de economía criminal, con ramificaciones evidentes incluso en las propias filas castrenses y en ámbitos gubernamentales, como quedó manifiesto en Iguala. Un hecho comprobado es que la militarización de la seguridad pública y la presencia de las fuerzas armadas en calles, carreteras, ciudades y poblados no ha afectado en lo más mínimo a la delincuencia organizada. Por el contrario, tal como concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos en su sentencia final: “uno de los rasgos peculiares y devastadores del caso México está representado por la existencia de esta ‘dimensión criminal’ de la economía, que ha alcanzado ya niveles tales que llegan a condicionar y trastornar cada ámbito de la vida económica, social y política del país. En México, en los hechos, coexisten entrecruzadas una ‘economía criminal’ de proporciones gigantescas y una ‘criminalidad económica’ difusa y profunda, que, en conjunto, contribuyen a hacer más graves e incontrolables todos los efectos negativos de las políticas neoliberales adoptadas en el país. La ‘economía criminal’ posee una incidencia extraordinaria. El sector amplio y ramificado de la economía criminal mexicana obtiene sus ganancias de un largo espectro de actividades ilícitas: el lucrativo tráfico de drogas realizado por los distintos cárteles del narcotráfico que operan en el país y generan enormes beneficios ilegales; el contrabando de armas de fuego; la explotación de personas (…).” (enelvolcan.com/). Ante esta realidad ineludible, caen por tierra las afirmaciones de los legisladores de todos los partidos en las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas, en el sentido de que ley de seguridad interior pretende combatir a la delincuencia organizada, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, todo lo cual, en realidad, se ha incrementado exponencialmente durante esta trágica década signada por la supuesta "guerra contra el narcotráfico". El proyecto de ley busca dar "un marco jurídico" a las así consideradas acciones de seguridad interior, entre las que destacan primordialmente las operaciones de restauración del orden, claramente dirigidas contra la movilización ciudadana y la resistencia de los pueblos, y las llamadas acciones de orden interno, como: destacamento y escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y, por si fueran pocas, "las demás que se consideren necesarias". Este proyecto y su amplitud y discrecionalidad inherentes –¿qué otras acciones de seguridad y orden permitirá y quién y sobre qué base las considerará "necesarias"?– equivalen a una puerta al abismo, construida y abierta por el miedo creciente que proviene de un gobierno cada vez más ilegítimo y lejano del pueblo. Se pretende legalizar, por ejemplo, en el rubro de inteligencia para la seguridad interior: "el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior." Sin embargo, Zósimo Camacho, periodista de investigación de la revista Contralínea, quien obtuvo el texto del proyecto de ley actualmente a debate en la Cámara de Diputados, señala que su artículo 28 especifica: "Las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de seguridad interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información". Así, ¿qué métodos incluye un catálogo de recolección de información tan amplio y permisivo? ¿Comprendemos el alcance que puede llegar a tener dicha medida en términos de vulneración de la justicia? La discrecionalidad en la atribución de competencias de todo tipo y, específicamente, en las tareas de inteligencia de los militares constituye una amenaza directa contra los movimientos y organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de por sí ya sometidos a permanente monitoreo cibernético y de teléfonos fijos y móviles, así como a vigilancias, infiltraciones y provocaciones de agentes encubiertos de la sección segunda del Ejército y del Cisen. Es posible que en este contexto Donald Trump, en la próxima audiencia que conceda a Enrique Peña Nieto para instruirlo, no sólo trate la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino que imponga otros temas como el Aspan y la Iniciativa Mérida –paradójicamente nunca mencionados durante la campaña electoral–, y demande, sin duda, que el aparato jurídico mexicano acate las disposiciones imperiales sobre terrorismo, seguridad y vigilancia de fronteras, en beneficio de los intereses de Estados Unidos. También es posible que Peña Nieto y los sumisos legisladores mexicanos admitan, como ya lo hicieron en la tipificación del delito de "terrorismo", la extraterritorialidad de las leyes estadunidenses en la ley de seguridad interior. No se puede esperar otra cosa de reconocidos traidores a la Patria.