El asesinato de Berta Caceres, crimen de Estado

El asesinato de Berta Cáceres, crimen de Estado Marcos Roitman Rosenmann

C omprendo perfectamente el motivo por el cual el poder político mediante sus organizaciones paramilitares, dependientes del gobierno hondureño, ha decidido acabar con la vida de Berta Cáceres. Igualmente no me llama la atención el silencio cómplice de quienes piden respeto por los derechos humanos en América Latina, se declaman demócratas y no levantan su voz cuando se trata de una dirigente de organizaciones populares, cuya labor era reconocida internacionalmente. En Honduras, desde 2002 a 2014 han sido asesinados 111 activistas, pero nada de ello es relevante para personajes que sólo tienen ojos para las trasnacionales, los centros de poder, la banca y los poderes facticos. Me refiero a quienes desde el púlpito lanzan soflamas incendiarias contra los gobiernos populares y solicitan la puesta en libertad de condenados por sedición como el caso del venezolano Leopoldo Lopez, corresponsable de la muerte de 43 personas en la asonada conocida por la salida, diseñada para derrocar al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Ex presidentes como Álvaro Uribe, José María Sanguinetti, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, Jose María Aznar y Felipe González, comprometidos con asesinatos, actos de corrupción, tráfico de influencias, venta de armas y persecución política, han enmudecido ante este acto de violencia de Estado. Ellos no se pronuncian, aunque se intercambien condecoraciones, conferencias, dinero, mucho dinero, y viajen por el mundo sin temer por sus vidas. Están blindados, gozan de impunidad. Son responsables de la matanza de Acteal en México, los GAL en España, leyes de amnistía para tapar las vergüenzas de crímenes de lesa humanidad en Brasil, Uruguay o Chile, la persecución a los pueblos originarios, movimientos campesinos, pro derechos humanos, ambientales o estudiantiles. En esta ocasión, miran hacia otro lado. No hay condena al gobierno de Honduras, no piden responsabilidades, no se rasgan las vestiduras. Igualmente, medios de comunicación, periodistas, partidos políticos socialdemócratas, liberales, conservadores, ni de izquierdas ni derechas, tan beligerantes y custodios de la paz y la democracia, unidos cuando se trata de juzgar a gobiernos populares, siguen sin articular palabra. Será que Berta Cáceres no merece su atención. Era una campesina, dirigente popular, persona incómoda, una luchadora social que había logrado junto a sus correligionarios paralizar los megaproyectos como la Represa de agua Zarca, financiada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresarios chinos. Todo un éxito para quien era sometida a presiones y amenazas. Nunca se amilanó, respondió con dignidad, sin miedo, consciente del peligro puso nombre y apellido a los oligarcas, golpistas y terratenientes que patrocinaban los megaproyectos. Berta Cáceres no era desconocida; sus acciones en la defensa del entorno y los derechos humanos le supusieron en 2015 la obtención del premio Goldman de medio ambiente, conocido como el Nobel verde. Su voz era respetada. Había sufrido múltiples detenciones arbitrarias desde el golpe cívico-militar que destituyó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Integró el Frente Nacional contra el Golpe Militar y puso al descubierto la trama sobre la cual se levantó el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti. Señaló a los militares como los responsables de matar a dirigentes sindicales, campesinos y trabajadores contrarios al golpe. En entrevista concedida al periodista mexicano Mario Casasús, para la página web Desinformémonos, declaraba en 2010: “Hemos denunciado que hay una militarización en todo el país, no sólo por parte del ejército hondureño y la policía local, sino por las tropas estadunidenses que realizan sus maniobras conjuntas con el ejército de Colombia en Islas de la Bahía (norte de Honduras); quieren imponer una lógica de aceptación del militarismo parecida a Colombia, nosotros hemos sido víctimas del hostigamiento –en las comunidades indígenas– de las tropas estadunidenses de Palmerola; esto no lo habíamos visto, llegan tropas del ejército estadunidense a fiscalizar nuestras oficinas. Vivimos un terrorismo de Estado; han asesinado a compañeros del COPINH, tenemos compañeros presos, nos han decomisado documentos, nos han golpeado, desalojado y reprimido. Ante todo esto, la respuesta digna de los pueblos indígenas es: más resistencia, más organización, más organización y más propuestas”. Y cerraba con estas palabras: Estamos en plena lucha en el río Gualcarque en la sierra de Puca Opalaca, donde los magnates golpistas Fredy Nazar y Miguel Facussé quieren adueñarse de esos ríos que son de las comunidades lencas, los pueblos indígenas tienen títulos comunitarios y los oligarcas quieren privatizar las tierras y aguas. Nosotros no hemos dejado la lucha; es difícil porque enfrentamos a los madereros que viven en la impunidad; hemos expulsado a 30 industrias explotadoras de madera, hemos detenido proyectos hidroeléctricos trasnacionales, además hemos aumentado la participación del pueblo en las radios comunitarias. Comprendo los motivos del silencio del poder tras su asesinato, la complicidad de personajes abyectos que lo patrocinaron, reciben migajas, viven en la mentira y se regocijan con su muerte. Es su odio, su indignidad y, sobre todo, su pertenencia a una clase social capaz de dar golpes de Estado, torturar y ejercer terrorismo de Estado. Traidores a su pueblo, viven en el estiércol. Berta Cáceres los retrató y no lo soportaban. El pueblo hondureño y los pueblos de nuestra América la recordarán siempre, pero no dejaremos de pedir justicia para que sus ejecutores materiales e intelectuales sean apresados y condenados. La voz del pueblo no se enmudece. Subir al inicio del texto - See more at: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/opinion/020a2pol#sthash.gm5Uydl8.dpuf